LA PAZ NO TIENE REVERSA

El Presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC Rodrigo Londoño, 
"Timochenko", en la firma del Acuerdo Final para la Paz, en el Teatro  
Colón de Bogotá. (Foto SIG)

Mientras el Congreso adopta mecanismos para acelerar la implementación de los acuerdos, los uribistas arrecian sus críticas y abren su campaña electoral para el 2018.

  

Con la firma del nuevo acuerdo entre el Gobierno y las FARC y la entrega del documento final para la refrendación por parte del Congreso, Colombia comenzó a allanar el camino para la terminación de 52 años de guerra y la construcción de una paz firme y duradera.

El documento de 310 páginas fue entregado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo a los presidentes del Senado, Mauricio Lizcano y de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, para que a partir del martes y de la manera más expedita, sea refrendado y de esa manera pueda iniciarse su implementación. El Congreso tendrá un año de plazo para convertir en leyes y normas constitucionales cada uno de los puntos convenidos entre las partes en La Habana, Cuba.

El Presidente Juan Manuel Santos, quien el jueves firmó el acuerdo final con Rodrigo Londoño, "Timochenko", líder de las FARC, en una sobria ceremonia en el Teatro Colón de Bogotá, optó por este mecanismo, tomando en cuenta que la legítima representación del pueblo de acuerdo con la Constitución, reside en el Congreso de la República, cuyos miembros fueron elegidos en 2014 por más de 14 millones de ciudadanos y además, porque allí están representados todos los grupos políticos y las minorías étnicas y políticas colombianas.

La labor del Congreso, podría ser más expedita, en caso de que la Corte Constitucional de vía libre al llamado “Fast Track”, que consiste en reducir los tiempos para el trámite de los Actos Legislativos, pasando de ocho a sólo cuatro instancias en ambas cámaras legislativas. En cuanto a las leyes, estas podrían discutirse en sesiones conjuntas, aplicando los mensajes de urgencia del Gobierno Nacional.

La Corte Constitucional tiene actualmente para su estudio una demanda en contra del Acto Legislativo para la Paz, interpuesta por el sector uribista desde antes del plebiscito del pasado dos de octubre. Si esta norma es considerada inexequible, pues se podría avanzar mucho en la presente legislatura y garantizar la aprobación de las normas constitucionales mucho antes del 20 de diciembre de 2017. No obstante la labor del Congreso podría acelerarse citando a sesiones extras para después de las festividades decembrinas.

La primera ley que se gestionará es una amnistía para los miembros de las FARC que abandonen sus armas; luego vendrán la Jurisdicción Especial para la Paz; Comisión de la Verdad y los temas encaminados a mejorar la infraestructura en los territorios que han sido ocupados por el grupo armado ilegal, etc.

El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano anunció que convocará inicialmente a audiencias públicas para escuchar no solo a los congresistas sino además, a la sociedad civil, antes de dar paso a la votación que permita refrendar los Acuerdos de Paz, todo lo cual se cumplirá la semana entrante.

Mientras tanto, los miembros del Centro Democrático, con el senador Álvaro Uribe a la cabeza, afilan su estrategia, para utilizar el proceso de paz para obtener réditos políticos adelantándose a la campaña presidencial de 2018.

UNA “VACA” PARA SALVAR A ANDRÉS FELIPE ARIAS

Andrés Felipe Arias y su consejero, 

el expresidente Álvaro Uribe Vélez

De cómo una joven promesa del uribismo deslumbrada 

por la fama, cae en el infierno de su propia egolatría.

El senador Álvaro Uribe hizo una “vaca” entre sus correligionarios del Centro Democrático a través de Twitter, para pagar en Estados Unidos la fianza de US$100 mil por la libertad condicional de su ex ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, mientras se define en ese país –a finales de noviembre-, una solicitud de extradición de las autoridades colombianas.

La colecta pública que alcanzó en tiempo récord de 72 horas a recaudar más de US$132 mil al interior del país, no deja de ser exótica y quizás linda con la ilegalidad, si se tiene en cuenta que se trata de pagar a través de ellas las cauciones de un delincuente que prefiere el exilio antes que someterse al veredicto de las autoridades nacionales.

Arias se encuentra en los Estados Unidos desde 2014, a donde viajó huyendo para eludir una condena de 17 años impuesta por la Corte Suprema de Justicia, que lo halló culpable de varios delitos, en desarrollo de la ejecución del programa Agro Ingreso Seguro que administraba a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).

El propio Uribe Vélez, viajó a ese país, para atestiguar en favor de su pupilo y contribuir a fortalecer el argumento según  el cual Arias sería el “chivo expiatorio” de una persecución política del Gobierno de Juan Manuel Santos en su contra.

Si eso fuera cierto, quizás no habría alcanzado a llegar al Congreso con una fuerza de 32 senadores y representantes, ni mucho menos haber participado en el Plebiscito por la Paz, que ganaron por un escaso margen, aunque con argumentos falaces para oponerse al proceso de reconciliación nacional.

Pero esa es la divisa que está vendiendo en el exterior y que tantos réditos le ha dado, aunque 18 de sus más allegados funcionarios han sido procesados y condenados por diversos delitos; 82 congresistas que le apoyaron en el pasado fueron vinculados con parapolítica y también procesados y condenados y  algunos otros de sus exfuncionarios se encuentran igualmente huyendo de la justicia colombiana.

Uribe está preparando el camino para buscar en 2018 la presidencia para el Centro Democrático, utilizando para ello sus ortodoxos métodos populistas, figurando en todo cuanto le dé réditos políticos así tenga que venderle el alma al diablo, pues para él, como lo ha demostrado, el fin sí justifica los medios.

Por eso, abrió la ventana mediática que le brindó Andrés Felipe, vendiéndolo como una víctima del sistema, aprovechando el amarillismo con que algunos reporteros manejados a su antojo, tratan con superficialidad los temas que debieran merecer seriedad y profundidad en la prensa colombiana.

Vale la pena recordar que este episodio lo inició el ex procurador Alejandro Ordóñez –hoy amigo íntimo de Uribe-, cuando en mayo de 2011 en un fallo de más de mil folios, destituyó e inhabilitó a Andrés Felipe Arias Leiva para ejercer cargos públicos por 16 años, al encontrarlo culpable de las faltas disciplinarias probadas y compulsó copias a la Fiscalía para que se iniciaran las investigaciones penales correspondientes.

En 2014, con base en las indagaciones de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia lo halló penalmente responsable como autor de las conductas punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

En  el fallo de más de 300 folios condenó a Arias Leiva a las penas principales de 209 meses y 8 días de prisión y al pago de una multa equivalente a 50.000 s.m.l.m.v., e interdicción de derechos públicos por el mismo lapso de la pena principal y, además, a la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas.

Además, en dos ocasiones distintas, la Corte Constitucional negó tutelas que pretendían echar abajo los fallos condenatorios de Arias. Luego, entonces, si ha tenido el exministro las garantías necesarias en sus juicios y se le ha respetado el debido proceso, todo lo cual deja sin piso las afirmaciones de sus oficiosos defensores.

Claro que es penoso para alguien que, como él, se encuentre en semejante situación y que haga pasar por tantos sufrimientos a su familia. Quizás, pudo más su ambición y como a muchos les pasa, se deslumbró con la fama que no supo administrar.

Sus padrinos políticos, como el propio Uribe,  contribuyeron a endiosarlo y lo abandonaron en mitad del camino, cuando ya estaba metido en líos junto a los funcionarios que lo rodeaban. Muy tarde aprendió la lección cuando lo tocó con su espada la ciega justicia.

Y sus amigos, los mismos que hicieron la “vaca” para pagar su fianza en USA, ahora tendrán que recolectar un “hato” completo (seguramente con Fedegan a la cabeza y los terratenientes subsidiados) para pagar en Colombia los $34 mil 472 millones que vale el detrimento ocasionado al  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), por sus desafueros con el programa Agro Ingreso Seguro. "Dura lex sed lex".

EL SUELDO DE LOS CONGRESISTAS

Capitolio Nacional, sede del Congreso de Colombia 

“La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas.”

ALBERT CAMUS

Fue el expresidente Carlos Lleras Restrepo quien pervirtió el sistema de dietas en el Congreso, cuando aceptó que senadores y representantes tuvieran un salario mensual por el tiempo de su período a cambio de que se le aprobara la Reforma Constitucional de 1968. Antes solo devengaban honorarios por los días de asistencia a las sesiones. Además, fueron premiados con los auxilios parlamentarios, que no eran otra cosa que cupos especiales en el presupuesto para que fungieran en las regiones como los mecenas de la política.

Y aunque con la Constituyente desaparecieron esos auxilios, estos se mantienen hoy bajo la denominación de “cupos indicativos”, unas partidas del presupuesto que se canalizan a través de entidades territoriales para atender necesidades de las comunidades.

Y de la misma manera como los auxilios parlamentarios terminaban engrosando el patrimonio de los congresistas, los “cupos indicativos” les permiten a senadores y representantes  –por debajo de la mesa- sugerir a los gobernadores y alcaldes los contratistas con los cuales deben adelantar las obras y servicios, saltándose en muchos casos, decretos, leyes y hasta la Constitución. Por eso muchos de ellos terminan destituidos o en la cárcel, mientras los congresistas abonan con sus réditos la financiación de sus campañas.

Estos “cupos indicativos” se crearon en el gobierno de Andrés Pastrana, siendo ministro de Hacienda Juan Manuel Santos. Por la época el propio expresidente Alfonso López Michelsen, manifestó su inconveniencia y dijo que se trataba de revivir con ello los “auxilios parlamentarios”. Curiosamente sus argumentos sirvieron al candidato Álvaro Uribe para demandar la norma. No obstante la Corte Constitucional de la época declaró su exequibilidad. Y desde entonces, Pastrana, Uribe y Santos, se han valido de ella para “engrasar” a los congresistas y facilitar el paso de sus actos por el legislativo.

Ser congresista en Colombia, además de ser un mérito al cual muy pocos colombianos llegan, es una aspiración por la cual se invierten capitales archimillonarios, no por lo que la dignidad en sí implica políticamente sino porque se tiene la posibilidad de inferir en todos los manejos de la economía nacional. No de otra manera se explica cómo se invierten en campañas sumas que sobrepasan los topes establecidos por los gobiernos.

A manera de ejemplo, se dice en medios políticos, que muchos de los actuales senadores, invirtieron hasta cinco mil millones de pesos en la última campaña y algunos representantes hasta tres mil millones de pesos para alcanzar una curul.

Obvio es, que en los cuatro años de su ejercicio, con solo el sueldo, no se alcanzan a recuperar semejantes fortunas. Y claro, hay muchas excepciones.

¿CUÁL EQUIDAD SOCIAL?

El preámbulo anterior nos sirve como corolario para dilucidar algunos aspectos relativos a la remuneración de los congresistas, ahora que dos proyectos que pretenden regular los ingresos de senadores y representantes, están por hundirse sin haber alcanzado siquiera a avanzar en las discusiones de la Comisión Primera de la cámara alta.

Desde 1991 se han hecho cinco intentos por reducir sus mesadas, pero todos –de todos los partidos- se hacen los locos ante estas iniciativas. Presidente de la República y magistrados de las altas cortes tienen el mismo ingreso, pues del sueldo de los congresistas depende la remuneración del presidente y de los magistrados de las altas cortes. Por eso, “todos se tapan con la misma cobija”.

  

En agosto de 2015, la senadora Paola Holguín (Centro Democrático) presentó un proyecto de Acto Legislativo para congelar el salario de los congresistas; la iniciativa se hundió unas semanas después en la Comisión Primera del Senado con base en una ponencia negativa del liberal Horacio Serpa.

En diciembre de 2015, el Gobierno estableció el Salario Mínimo Legal en $689.954, con un aumento del 7%  y fijó el reajuste para las pensiones de acuerdo con el IPC en 6.77%. Seis meses después, en junio de 2016, expidió el Decreto 1056 del 2016, fijando la remuneración de los congresistas en   

$27.929.064, retroactiva al 1 de enero, con un 7.77% de reajuste equivalente a $2’013.629 (44.64 veces más que el aumento del salario mínimo de apenas $45.104).

Frente a esta iniquidad, senadores como Juan Manuel Galán (liberal) e Iván Cepeda (Polo Democrático) instaron al Gobierno a regular el monto salarial y prestacional de los congresistas. A sus voces se unieron Angélica Lozano, Claudia López (Alianza Verde), Armando Benedetti, Maritza Martínez (Partido de La U), entre otros, quienes presentaron un nuevo proyecto de ley, el cual está adportas de hundirse en la Comisión Primera del Senado pues no existe ambiente para su evacuación. Su principal escollo, es que la iniciativa del gasto público está en manos del ejecutivo.

Vale la pena resaltar que un congresista colombiano tiene hoy un salario equivalente a 14 veces el PIB per cápita colombiano, comparado con 3,3 veces el PIB en el caso de sus similares de Estados Unidos.

EL SALARIO DE UN CONGRESISTA

SALARIO: $27.929.064 CON EL 7.77 % DE REAJUSTE PARA EL 2016

Salario básico:                                       6.702.976.

Gastos de representación:                   12.009.497

Prima Especial de Servicios:                 9.216.591

Total salario mensual:                                                                      27.929.064

DESCUENTOS:

Salud                                                      646.236.16

Pensión                                                2.513.615.76

Fondo de Solidaridad:                            558.581.00

Retención en la Fuente:                       2.792.906.40

Total descuentos:                                                                              6.511.339,32

Subtotal salario mensual:                                                                 21.417.724,68

OTROS BENEFICIOS:

Prima de navidad:                               27.929.064

Tiquetes aéreos: 4 por mes de ida y regreso a destinos nacionales.

Plan de celular: 800 minutos al mes.

Un vehículo blindado, más escoltas, de acuerdo al estudio de seguridad.

Además, los congresistas tienen derecho a conformar una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), en la que trabajan entre 5 y 10 auxiliares, asesores y asistentes. El costo de esta oficina es de hasta 50 salarios mínimos legales vigentes ($34.497.700), todo con cargo al erario público.

¡Qué linda democracia!