miércoles, 28 de diciembre de 2016

¿PAZ, EQUIDAD Y EDUCACIÓN?

Otra vez se frustraron las aspiraciones de los pensionados de mantener un equilibrio en los aportes para la salud frente a los demás trabajadores del sistema contributivo.

El último desengaño lo vivieron por cuenta de los congresistas que conciliaron la mal llamada Reforma Tributaria, que aceptaron la propuesta del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, para discutir los puntos álgidos del proyecto, en su propio despacho y sin la intervención de asesores ni mucho menos de periodistas.          

Dos días antes, el ministro había advertido que ese punto (el de la reducción del 12 al 4 por ciento del aporte para la salud de los pensionados con mesadas inferiores a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes) no iría, por considerarlo inconveniente para las finanzas del Estado. Esa iniciativa surgió de la plenaria de la Cámara de Representantes.

Otra vez el ministro Cárdenas Santamaría, se salió con la suya, como lo hizo en 2014 y en 2015.

Antes, el Senado ya había dado muestras de su desdén para con los jubilados de Colombia, al negarse a incluir una iniciativa similar, al cual sólo le faltaba su discusión en plenaria para convertirse en Ley de la República. Otro proyecto: el que ataba los reajustes anuales de los pensionados al SMLMV y no al IPC, también se hundió en las sesiones ordinarias por desidia de los congresistas.

Ambos proyectos fueron una promesa del Presidente Juan Manuel Santos en la campaña para su segundo mandato, con lo cual se hizo a los votos de dos millones de pensionados en todo el país. Gracias a lo cual pudo concretar Los acuerdos de La Habana.

Si no hubiera sido por esta fuerza de las personas de la tercera edad, que creen en la democracia colombiana y en la importancia del sufragio, hoy no tendríamos la esperanza de la paz y mucho menos el Jefe del Estado habría obtenido el Premio Nobel con el cual pasa engrosar las páginas de la Historia de Colombia.

INEQUIDAD CON LOS PENSIONADOS

Aunque la rebaja del 12 % al 4 % no beneficiaba a los dos millones de pensionados que actualmente hay en Colombia, sí se hacía justicia con la mayor parte de ellos, al menos mitigándo en parte, el rosario de descuentos a que se ven sometidos desde cuando se les notifica la resolución respectiva, como si se tratara de un premio, y no de una obligación del Estado para quienes cumplieron su ciclo laboral, cotizando mes a mes, pretendiendo alcanzar un justo retiro y terminar su vida dignamente.

Pero ni el Gobierno Nacional, ni los congresistas, ni la clase política de este país, piensa en los pensionados como un todo, sino en “buscarle la comba al palo”, planteando iniciativas demagógicas para sacar réditos personales, aunque ello lleve implícito dividir sectores importantes de la población.

Las políticas públicas benefician a toda la comunidad y no a una parte de ella, de tal manera que su aplicación no se convierta en una discriminación o en un sofisma de distracción.

En el caso del proyecto de la reducción del aporte en la salud de los pensionados, se dejaba por fuera a quienes devengan mesadas por encima de los 4 SMLMV, como si todos no tuvieran las mismas necesidades. Entonces, se pretendía castigar a los de mayores ingresos como si no hubieran pasado por el mismo rasero que disminuye sus pensiones, sometidas hoy al incremento con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y no –como es su aspiración- al reajuste del salario mínimo.

DESCUENTOS INJUSTOS

Y si hablamos de salud, los pensionados con más de un SMLMV deben pagar también mucho más por copagos, por vales de médicos y laboratorios, lectura de exámenes y medicamentos (cuando no se les diagnostican medicamentos por fuera del POS).

En los últimos diez años las pensiones de más de un SMLMV han perdido el 18 % de su poder adquisitivo, mientras los impuestos, arrendamientos, transportes, peajes crecen en la proporción del IPC y las matrículas en colegios, universidades, los medicamentos y los productos de la canasta familiar son reajustados en la misma proporción del salario mínimo o más. Y para colmo, todo con el IVA del 19 %.

Del lema del gobierno de Juan Manuel Santos, solo se salva el esfuerzo por la paz, pero se raja en equidad y educación.

El entrante es un  año eminentemente político y nuevamente los aspirantes a la Presidencia de la República y los candidatos a ocupar las curules de Senado y Cámara de Representantes, se volcarán a buscar el apoyo de los electores. ¿Será que con todo esto, seremos capaces de buscar otras alternativas castigando la demagogia y la corrupción, o por el contrario, seguiremos en las mismas y con los mismos?

A los congresistas ni les va ni les viene lo que pase con los pensionados. Ellos ni siquiera tocaron sus mesadas de más de $30 millones, para el año entrante; y si se jubilan, lo hacen con más de $15 millones y con muchas gabelas –esas sí legales-, mientras los trabajadores deben mendigar por su salario.

¡Despierte Colombia!


Para todos, un feliz Año 2017.

viernes, 23 de diciembre de 2016

¿QUIENES RECIBIERON SOBORNOS DE ODEBRECHT?

                          Andrés Uriel Gallego                Gabriel García Morales                         


Andrés Uriel Gallego, el fallecido Ministro de Transporte en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, no solo estuvo implicado en los sobornos de la transnacional Odebrecht, sino que la Contraloría General de la República, le halló fiscalmente responsable por el pago de más de $193 mil millones sin justificación por las obras de construcción del túnel de La Línea.

En el primero de los casos, Gallego aparece involucrado junto con su viceministro Gabriel García Morales por haber recibido, según información en poder de autoridades de los Estados Unidos, US$6.5 millones, para que se le adjudicara a través del antiguo INCO los contratos del segundo sector de la Ruta del Sol.

Según indagaciones preliminares, por los sobornos de Odebrecht, aparecen implicados, siete exfuncionarios del mismo ministerio.

Pero además de este contrato, adjudicado en diciembre de 2009, ambos personajes aparecen también enredados con el Grupo Nule para la entrega irregular de licitaciones, en la capital del país, de acuerdo con las declaraciones que rindió ante la Fiscalía, en ese entonces, el exsubdirector técnico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Inocencio Meléndez.

En declaraciones públicas formuladas, también por la época por el exviceministro de Transporte García Morales, implica en supuestos sobornos a Miguel Peñaloza, uno de los consejeros del Presidente Juan Manuel Santos y quien ocupó en 2012, aunque transitoriamente, el viceministerio de Transporte.

En cuanto a las irregularidades del túnel de La Línea, la Contraloría Delegada para el sector de Infraestructura Física estableció que a los contratistas, la empresa Unión Temporal Segundo Centenario, se les pagó de manera anticipada –sin respaldos legales y sin justificación- $243.682 millones de pesos, lo cual generó un detrimento patrimonial.

Esos dineros desprotegidos pasaron a manos privadas sin que se cumplieran las normas que la ley establece.

La Contraloría, vinculó al proceso de responsabilidad fiscal, además del ex ministro Andrés Uriel Gallego, a la Unión Temporal Segundo Centenario, integrada por el señor Miguel Emilio Castillo Baute y las empresas Condux S.A., Constructora Fronpeca Sucursal Colombia, Alvarez y Collins S.A., Constructora Carlos Collins, Promotora Montecarlo Vías S.A, Túneles de Colombia S.A., Construirte Ltda., Constructores Gayco S.A., Tecniciviles S.A., Arquitectura S.A y el representante legal Carlos Guillermo Collins Espeleta; Juan Gabriel Berón Zea, ex secretario técnico del INVIAS; Daniel Andrés García Arizabaleta, ex director de INVÍAS; Carlos Alberto Rosado Zúñiga, exdirector de INVÍAS; Juan Esteban Gil Chavarria, exdirector de gerencia de proyectos de INVÍAS; Héctor Nieto Céspedes, exfuncionario de INVÍAS y supervisor del contrato; Consorcio Dis S.A.-EDL LTDA y su representante legal Enrique Dávila Lozano, cuya firma era la interventora privada del contrato.

Aparentemente, con el fallecimiento de Andrés Uriel Gallego (abril de 2014), los procesos en su contra quedaron en el olvido, incluyendo los que cursaban en la Fiscalía y la Procuraduría, por irregularidades en el RUNT, que ilegalmente funcionó durante seis meses, generando un detrimento patrimonial contra el Estado por $7.820 millones.

Yo no fui

En un comunicado divulgado este viernes, el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, se declaró inocente por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht para que se le adjudicaran contratos de la denominada Ruta del Sol.

“Mostraré oportunamente ante las autoridades competentes que bajo mi encargo en 2009, siempre se procedió con rigor y transparencia” dijo, tras advertir que “el proceso de adjudicación conocido como Ruta del Sol fue estructurado por la Corporación Financiera Internacional y vigilado por organismos de control, brindando las máximas garantías para todos los proponentes”.

Los líos en Cormagdalena

Cormagdalena en Barrancabermeja

El 15 de agosto de 2014, bajo la dirección de Augusto García, la Corporación del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), adjudicó el contrato para recuperar el afluente a lo largo de 1.528 kilómetros.

La licitación se la ganó Navelena SAS, una empresa integrada por la constructora brasileña Odebrecht, con el 87 % de participación, y el grupo Valorcon de Barranquilla, de propiedad de la familia Gerlein, con el 13 %. Fueron los únicos proponentes.

De acuerdo con el contrato, se ejecutarán obras a trece años con una inversión de $2,5 billones.

Este contrato no ha estado exento de complicaciones en su ejecución por cuestionamientos en torno a la solvencia económica de la obra.

Ahora, al conocerse desde los Estados Unidos las denuncias sobre sobornos por US$5 millones, que pagó la compañía brasileña en Colombia para hacerse a ejecución de la obra, nuevamente crece la incertidumbre respecto del cumplimiento del contrato.

Las sedes en Bogotá, Barrancabermeja y Barranquilla de Cormagdalena, Navelena, Odebrecht y su filial Varlorcon fueron allanadas por el CTI de la Fiscalía, por orden del propio Presidente Juan Manuel Santos, quien pidió investigar las denuncias “caiga quien caiga”.

Desde su nacimiento con la Constitución del 91, Cormagdalena ha estado sometida a todo tipo escándalos, especialmente porque los políticos regionales se han apoderado de ella y porque maneja $100 mil millones anuales de regalías. Tiene jurisdicción en 13 departamentos y 128 municipios desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Caribe colombiano.

De su junta directiva forman parte los ministerios de Transporte, Ambiente, Minas, Comercio y Agricultura; el presidente de Ecopetrol (principal usuario del río), tres gobernadores (Cundinamarca, Santander y Bolívar), un delegado del presidente, un representante del sector privado (Puerto de Cartagena) y seis alcaldes escogidos entre los municipios ribereños.

Pero la mayor influencia sobre Cormagdalena la tienen hoy seis familias políticas de la costa Caribe: García Zucardi, Char, Name, Cotes, Gerlein  y Araújo, quienes imponen a sus directores y obviamente buena parte de sus funcionarios.


Todo esto ha sido cuestionado, pero en buena parte es el reflejo de la manera como se maneja el país.

martes, 13 de diciembre de 2016

LA PAZ, AHORA DEPENDE DEL CONGRESO

Salón Elíptico del Capitolio Nacional de Colombia
(Foto Cámara de Representantes)

Aprobado el denominado “fast track” por parte de la Corte Constitucional, ahora el turno será para el Congreso, que ya dispone de los mecanismos esenciales para evacuar de manera rápida, leyes y reformas constitucionales, que le darán vigencia plena a los Acuerdos suscritos entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

La Corte por ocho votos de los nueve posibles,  determinó que el mecanismo no viola la Carta Política porque fue el mismo Congreso el que aprobó estas reglas en un debate abierto y democrático y, además, que en todo caso las normas que se aprueben tendrán control de la Corte Constitucional, que podrá tumbarlas si considera que están en contra del espíritu de la Carta del 91. Y, lo fundamental, pretende coadyuvar a un fin fundamental para la Nación, como es el logro de la paz”.

Dice el fallo que la refrendación "puede concluir en virtud de una expresión libre y deliberativa de una autoridad revestida de legitimidad democrática (Congreso), sin perjuicio de eventuales espacios posibles de participación ciudadana para la revisión específica de aspectos concretos ulteriores (mecanismos de participación ciudadana en la implementación del Acuerdo Final)".

Advierten sí, los magistrados, que la refrendación en el Congreso, cuya legitimidad fue avalada por la Corte, no impide que en el futuro aspectos puntuales del acuerdo sean sometidos a alguno de los mecanismos de participación popular.

El Gobierno Nacional  se aprestaba esta noche a presentar ante el Congreso las primeras iniciativas –entre ellas- la de amnistía para la mayoría de los exguerrilleros de las FARC en tránsito de abandonar las armas, y la liberación de muchos de ellos, presos hoy en numerosas cárceles del país.

En el Centro Democrático, partido que acaudilla el senador Álvaro Uribe Vélez, cayó como un baldado de agua fría el anuncio del alto tribunal, pues estaban casi seguros, de que la decisión sería adversa al Gobierno del Presidente Santos.

Paloma Valencia, quien asumió la vocería de la colectividad dijo que “la Corte Constitucional ignoró una demanda con más de un millón trescientas mil firmas contra el acto legislativo para darle gusto al gobierno”.

CONGRESO EN SESIÓN PERMANENTE

El presidente del Senado de la República Mauricio Lizcano dijo que, “antes de Diciembre 30 se activaría Proyecto de Amnistía. Nos declaramos en sesión permanente para implementar los demás acuerdos”.

Pero, curiosamente, en el Reglamento del Congreso no existe la figura de las sesiones permanentes para que las cámaras legislativas deliberen, por convocatoria de sus presidentes, en las épocas de receso, como lo sugirió Lizcano, para facilitar la aprobación de las leyes y actos legislativos referentes al Proceso de Paz.

Es el Presidente Santos, quien debe convocar a “sesiones extraordinarias”, estando el Congreso en receso.

El Artículo 85 la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso) define las sesiones así:

-          Clases de sesiones. Las sesiones de las Cámaras y sus Comisiones son públicas, con las limitaciones establecidas en el presente Reglamento.
-          Reglamentariamente se dividen en ordinarias, extraordinarias, especiales, permanentes y reservadas.
-          A Son sesiones ordinarias, las que se efectúan por derecho propio durante los días comprendidos entre el 20 de julio y el 16 de diciembre y el 16 de marzo al 20 de junio, gozando las Cámaras de la plenitud de atribuciones constitucionales; -
-          Son sesiones extraordinarias, las que son convocadas por el Presidente de la República, estando en receso constitucional el Congreso y para el ejercicio de atribuciones limitadas;
-           
-          B Son sesiones especiales, las que por derecho propio convoca el Congreso, estando en receso, en virtud de los estados de excepción;
-          Son sesiones permanentes, las que durante la última media hora de la sesión se decretan para continuar con el orden del día hasta finalizar el día, si fuere el caso; y
-          C Sesiones reservadas (Artículo 86): Sólo serán reservadas las sesiones de las Cámaras y sus Comisiones cuando así ellas lo dispongan, a propuesta de sus Mesas Directivas, o por solicitud de un Ministro o de la quinta parte de sus miembros, y en consideración a la gravedad del asunto que impusiere la reserva…


En este caso, el Congreso tendrá que esperar, primero a que el Jefe del Estado emita el decreto de la convocatoria y segundo a que lleguen los proyectos respectivos tanto al Senado de la República como a la Cámara de Representantes.