EL IMPERIO DE LAS CALIFICADORAS DE RIESGO

José Antonio Mantilla

Prensa Andina

Bogotá D.C., Colombia – 2021-05-20

A través de la descalificación organizaciones internacionales, pretenden someter al país a una dictadura fiscal e imponerle al gobierno criterios de recaudo que van más allá de la capacidad física de los contribuyentes del país.

Y los gobiernos débiles como el nuestro, son presa fácil para  estas organizaciones calificadoras de riesgo, que solo amparan las inversiones rentables, en donde el recaudo es fácil y garantiza ganancias archimillonarias para los financistas inversores extranjeros.

Solo basta echar una mirada a los sectores preferidos en Colombia para los inversionistas del capital extranjero: La industria petrolera, la generación y venta de energía, las comunicaciones, la minería, la industria especializada como metal mecánica y la automotriz, la agroindustria y la construcción.

En todos estos sectores, nosotros ponemos la materia prima, la mano de obra barata, los riesgos y hasta la vida de los colombianos y ellos se llevan la mayor tajada, haciéndonos creer que nos están haciendo un favor.

Para la muestra un botón: Ecopetrol, explota a través de convenios con compañías extranjeras nuestro petróleo colombiano, con personal colombiano, en territorio colombiano, y en boca de pozo se lo paga en dólares a las transnacionales; se exporta  y luego reimportamos los productos procesados como la gasolina y el ACPM, que nos obligan a pagar en dólares, disque porque nuestras dos refinerías (Barrancabermeja y Cartagena) no tienen la capacidad para abastecer el mercado y los subproductos son de inferior calidad.

Otro ejemplo claro es lo que ocurrió con Electricaribe, manejada por españoles; entró en quiebra (la única generadora y vendedora de energía en el mundo que se quiebra) y luego entre todos los colombianos tuvimos que pagar los platos rotos y asumir los costos con una sobretasa al kilowatio de consumo, para que la Costa Caribe no quedara a oscuras.

En 2016 el Gobierno colombiano vendió 57,6 por ciento de las acciones de la empresa generadora de energía, Isagen, considerada la más grande e importante del país, al consorcio canadiense Brookfield Asset Management.

Y en Colombia las comercializadoras de energía están en manos de españoles y mes a mes, como para que nadie lo sienta, vienen aumentando el valor del kilovatio de energía, hasta el punto que en lo corrido del año 2021, el reajuste en los recibos es superior al 12%. Lo mismo ocurre con el gas, en manos de Vanti, cuya principal accionista es la canadiense Brookfield con el 54.9% del paquete accionario.

Ni que decir de las empresas de comunicaciones y telefonía celular, en su mayoría extranjeras. Dos de ellas las que más muerden el mercado colombiano son Claro con el 48.61% del mercado; Movistar (telefónica de España) con el 24.06%, Tigo de EPM con el 17% y WOM con un 5.4%.

En cuanto a la minería dominan el mercado actual en la explotación de oro y metales preciosos, la canadiense Colombia Goldfields; la británica Cambridge Mineral Resources; canadiense-tailandesa Tao Minerals; la canadiense Greystar y la Compcort Venture, además de cinco empresas más del medio oriente que han insistido en la explotación de nuestros páramos en distintas partes del país.

¿Y qué ha pasado con las inversiones extranjeras en las vías de tercera y cuarta generación? ¿Se nos olvidó el caso de Odebrecht, simplemente para citar un caso? ¿Y para ello si teníamos amplia calificación?

Desde comienzos de 2019 y finales de 2020, Colombia recibió más de 250 proyectos de inversión extranjera por cifras superiores a los US$10.000 millones de dólares (a precios de hoy unos $37 billones) especialmente en el sector metalmecánico, la industria automotriz, la agroindustria, salud, cosméticos, químicos y muchos otros más.

Y si bien todos estos inversionistas extranjeros que se encuentran aún en Colombia, generan recursos para el país y mano de obra, también es cierto que la mayor parte de sus utilidades salen del país sin problemas de ninguna naturaleza. Y es a ellos a quienes más han beneficiado con los recursos extraordinarios que se han generado para atender a la emergencia económica generada por la pandemia.

¿Y alguno de ellos, estaría dispuesto a sacar sus capitales –hoy muy rentables en Colombia- simplemente porque a alguna de las calificadoras de riesgos internacionales, se les antojó meternos miedo con una baja calificación? Presionan al gobierno para meterlo en sus redes; lo obligan a generar reformas que solo afectan al pueblo y bajo ese régimen del terror garantizan la devolución con altos intereses de sus capitales.

Mientras tanto estos gobernantes sometidos a la férula de esas calificadoras de riesgo, tapan los huecos de la corrupción con más corrupción y luego lo justifican todo con la pandemia que les llegó como caída del cielo.

Y el pueblo es el que paga el costo de tantas malas decisiones.