REGRESAMOS AL OSCURANTISMO Y LA CENSURA PERIODÍSTICA

 

Prensa Andina (Bogotá D.C., 09-12-2021).-

Las organizaciones de periodistas del mundo se están pronunciando en contra del “mico” incluido en una ley en Colombia y que establece cárcel y multas para los periodistas que investiguen o publiquen informes sobre corrupción de los funcionarios o exfuncionarios públicos o de sus familiares y allegados.

La iniciativa fue promovida e incluida en un proyecto de ley “anticorrupción”, por un polémico Representante a la Cámara de Cambio Radical, uno de los partidos que apoyan al gobierno de Iván Duque, impuesto por el expresidente y “dueño” del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, actualmente investigado por la Corte Suprema de Justicia, por sus nexos con grupos paramilitares.

Reproducimos el artículo publicado por Infobae, la edición en línea del diario Buenos Aires Económico (BAE) en el cual se hace una radiografía de la situación generada por la aprobación de esa ley:

A pesar de las críticas que recibió el ‘mico’ en el Proyecto de Ley Anticorrupción, promovido por el representante de Cambio Radical César Augusto Lorduy Maldonado, este fue aprobado, pues la posibilidad de sacarlo del proyecto se esfumó cuando perdió esa votación por 73 votos contra 51.

“El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”, se lee en el polémico artículo.

Asomedios, FLIP y organizaciones a favor de la libertad de prensa elevaron sus voces en rechazo a esta proposición que, aprobada mayoritariamente por la bancada de gobierno, sienta un histórico precedente negativo para el ejercicio de la prensa y los derechos democráticos en Colombia.

Lorduy Maldonado es conocido en el mundo de la política por su gran cercanía con la casa Char, que ha impulsado su carrera política, como lo señaló El Tiempo, Lorduy fue fórmula de Arturo Char para la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de 2018 y ganó con 77.467 votos, y actualmente es la primera para la Cámara de todo el partido Cambio Radical en Colombia.

Sin embargo, por estos días esta siendo recordado por un proceso por homicidio culposo que terminó en vencimiento por la muerte de Alicia Mercedes Ribaldo, que murió producto de una bala. Una de las que recordó el episodio fue Catherine Juvinao que comentó en twitter “El representante Lorduy, el mismo que quiere promover censura a la prensa frente a denuncias contra servidores públicos, fue expulsado del sector privado en Barranquilla por conductas de acoso contra varias mujeres. Tiene también una acusación por feminicidio. Tremenda joya”.

Ante las acusaciones, Cuestión Pública recordó que Lorduy declaró, hace 42 años que ocurrió el hecho, que el arma se accionó en un hecho involuntario que conllevó a la muerte de Alicia. Clara Pardo, mamá de la víctima, dijo en Caracol Radio que “las personas que estaban allí […] en el momento de los hechos, me contaron que él tomó el arma, le quitó el seguro y le disparó -le dijo te voy a matar-”. Sin embargo, la denuncia no tuvo efecto alguno, nunca se esclareció el hecho y pudo llegar a ocupar un cargo público sin ningún inconveniente, pues el profeso finalizó por vencimiento de términos.

“Eso es lo que me asegura mi abogado […] eso ocurrió hace más de 43 años. El abogado Miguel Bolívar Acuña se encargó del asunto. Yo era un tipo joven, un niño, y […] obtuve mi libertad”, dijo Lorduy en W Radio.

Otra polémica que lo envuelve es su apoyo incondicional a Karen Abudinen, exministra quien salió de su cargo a partir del escándalo de Centro Poblados y también muy cercana a la casa Char. Lorduy lideró la oposición a la moción de censura en dónde Abudinen debió responder por el anticipo de 70 mil millones girados al consorcio Centros Poblados para desarrollar un contrato que llevaría conectividad a miles de colegios en las zonas rurales y que finamente desaparecieron.

 

¿CANDIDATOS PROSCRIBIERON EL TEMA DE LA PAZ EN DEBATE PRE ELECTORAL?

 Prensa Andina (Bogotá D.C., 25 – 11 – 2021). –

El sacerdote jesuita Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, dijo hoy que en el actual proceso electoral, el tema de la paz, fue proscrito.

Dice que “durante este Gobierno la paz se empequeñeció pues desafortunadamente hoy en día el proceso de paz es políticamente incorrecto. Ni los candidatos quieren mencionar la paz”.

“La paz fue recibida por el Estado durante este Gobierno en una forma que empequeñeció lo que realmente había acontecido. Lo que se pactó no fue la paz de las Farc para las Farc, sino la posibilidad de la paz para este país”, afirmo el sacerdote jesuita.

Se refiere a que los candidatos actuales no quieren abordar los asuntos sensibles de la paz por temor a perder imagen en época preelectoral. Pero el asunto es más grave, pues ni los periodistas -con muy pocas excepciones- se atreven a preguntarles sobre el proceso de paz y los temas que giran a su alrededor. Pareciera que existe una consigna en los medios para sustraer del debate el tema de la paz.

 

EL RETORNO A LA DICTADURA

 

Por José Antonio Mantilla

Prensa Andina (Bogotá D. C. – 13 - 11 – 2021)

El Presidente Iván Duque, cuando el sol comienza a alumbrarle sus espaldas, decidió mostrar su verdadera faceta, como reacción al fallo que devolvió a su maestro y protector Álvaro Uribe Vélez, a la condición de imputado (de la cual nunca debió salir), y resolvió pasarse por la faja la Constitución y la ley, en venganza contra los colombianos.

Su anuncio frente al falló de un juez de Bogotá, ordenando la suspensión de la sanción del artículo que prácticamente acaba con la Ley de Garantías, desencajó al mandatario, lo desequilibró y le nubló la razón.

 Y así desquiciado y fuera de sus cabales, hizo en televisión el anuncio perentorio: “Un juez de la República no le puede decir a un presidente qué debe objetar o qué no debe objetar porque eso sería violar la constitución colombiana. Nosotros firmamos la ley y la firmamos con ese artículo y se hará todo el proceso judicial que corresponda en el debate sobre ese artículo”.

Sobra advertir que una ley ordinaria, como la que contiene el artículo que acaba con la Ley de Garantías, no puede derogar una ley estatutaria.

Su postura, solo se asimila a los intentos de reforma a la” justicia constitucional” del gobierno del dictador Gustavo Rojas Pinilla (1953 – 1957) y contradice totalmente sus críticas y se coloca a la par o quizás más allá de sus imaginarios enemigos Nicolás Maduro y Daniel Ortega.

Y mi observación respecto de la similitud entre Rojas Pinilla y Duque, no es a priori, pues el primero de ellos, simpatizante AAA del fascista generalísimo Francisco Franco de España, generó todo tipo de tensiones políticas entre la Corte Suprema y su gobierno militar con el propósito de controlar la justicia y limitar a su juez constitucional. El segundo, sin mencionar el apoyo non sancto a su campaña, ha intentado volver trizas la paz, a puesto a sus amigos y aliados en la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, hace caso omiso a la crítica y se ha puesto al lado de quienes violan la ley y la constitución, asumiendo la defensa de su mentor, el expresidente Uribe, como lo ha hecho ahora, sin respetar la majestad de la justicia y las altas cortes.

Su postura en defensa del artículo metido como un “mico” en la Ley de Presupuesto, no determina sino un ataque directo a la mandíbula de los electores, que creen que irán a las urnas con las garantías necesarias para ejercer su derecho al voto de manera libre, sin percatarse de que previamente, se habrá frustrado la voluntad popular, colocando las fichas del gobierno en los puestos claves del orden nacional, departamental y local y entregando el presupuesto a través de contratos millonarios amañados, colocando la balanza en favor de los corruptos.

Y lo peor, es que la propia Registraduría Nacional del Estado Civil, está infilrada, es un boquete abierto hacia el despilfarro, la desidia y la corrupción y al decir de algunos congresistas, ya tienen listo el fraude para impedirle al pueblo llegar con un candidato con sensibilidad social, defensor del medio ambiente y afecto a una economía inclusiva.

Nada detiene ni le importa al mandatario, prevalido de que los órganos de control del país están en sus manos y que su impunidad está garantizada, pues en caso de una denuncia, esta irá directamente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, en donde todos los procesos mueren por inanición.

¿Qué perspectiva de país le entregará el que dijo Uribe al próximo mandatario? Un  país endeudado, sin obras de beneficio social, arrinconado y desesperado, por la corrupción, la desidia oficial, la muerte de cientos de líderes sociales, protectores del medio ambiente y exmilitantes de las FARC.

Y las clases dirigentes siguen sin inmutarse frente a la realidad, pues saben que un pueblo sin hambre, culto y pensante, es un pueblo que no podrán manejar.

#DespiertaColombia.

 

GOBIERNO DE COLOMBIA AL MARGEN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

La deforestación principal problema 

del cambio climático

Por José A. Mantilla

Prensa Andina (Bogotá D. C. – 2–11–2021)

El presidente colombiano Iván Duque en un intento por quedar bien en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se desarrolla en Glasgow, Escocia, se ha dado a la tarea de fotografiarse con los grandes mandatarios del mundo, para “chicanear” en Colombia, en lugar de cumplir con los mandatos de las anteriores conferencias.

Busca de esa manera, usando todos los medios de publicidad a su alcance, elevar su imagen favorable, hoy apenas en un lánguido 24%.

Y la prensa nacional, hace aparecer al mandatario como “el personaje central” en la reunión en donde se estudian medidas para hacerle frente al cambio climático mundial. El mejor ejemplo es el titular de El Tiempo que confunde a la opinión: Duque y Biden “coinciden” en Glasgow. Como si el mandatario norteamericano estuviera de acuerdo con la política colombiana en materia medioambiental.

Lo que Duque está haciendo, es generando expectativas para seguir endeudando a Colombia con millonario créditos en dólares, supuestamente para invertirlos en la reforestación de nuestras selvas y bosques nativos, así como en la preservación de nuestros páramos y luego usar esos fondos para tapar los huecos archimillonarios que ha dejado en sus tres largos años de un mandato oscuro.

En este periplo por Europa, Duque ha suscrito empréstitos por cerca de mil millones de dólares (unos $3.8 billones), que se suman al total de la deuda que a junio de 2021 alcanzó US$157.492 millones (51,7 % del PIB), según el Banco de la República. Difícil panorama económico para un próximo presidente.

Y es que ya se ha convertido en costumbre que en vísperas de las reuniones ambientalistas mundiales, Duque hace anuncios que luego ni siquiera es capaz de sostener, como el del año pasado de sembrar 180 millones de árboles antes de 2022.

Al contrario de su anunció, según cifras del IDEAM, a 2020, solo la amazonia colombiana, registraba una deforestación de 109 mil hectáreas, un 13 por ciento más que en diciembre de 2019. Y en todo el país, según las mismas fuentes, se perdieron en un solo año 171.685 hectáreas de bosques.

Mientras tanto regiones como el Amazonas, Chocó o el Caribe colombiano siguen desprotegidos y a merced de las mafias que amparadas en las decisiones de funcionarios públicos arrasan con las selvas y las convierten en hatos pastoriles como recientemente ocurrió en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.

El Gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido con el Acuerdo de Escazú suscrito el 4 de marzo de 2018 y cuyo proyecto duerme el sueño de los justos en los anaqueles de la Comisión Segunda del Senado, porque según el Presidente Duque “existen instrumentos nacionales e internacionales que ya vinculan al país en materia de protección para defensores medioambientales”.

Mientras tanto, en los 39 meses que lleva su gobierno han asesinado a más de 400 líderes ambientales. Solo el año pasado a 65 de ellos les cegaron la vida en distintas circunstancias, según un informe de Global Witness; y de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en lo corrido de 2021, han sido asesinados más de medio centenar de protectores ambientales.

El primer tratado ambiental regional vinculante y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores ambientales, comenzó a aplicarse desde el 22 de Abril de este año (Día de la Tierra) con la ratificación de todos los países asistentes, menos Colombia, en donde el Presidente Duque, incluso, se niega a enviar una nota de urgencia para el trámite de la iniciativa en el Congreso.

Pero en cambio, sigue avanzando la economía extractiva, además de  la perforación “piloto” mediante el fracking, para la extracción de petróleo. En este último trimestre, se entregaron áreas de exploración y explotación minera de oro y cobre a 11 compañías extranjeras.

Otras 70 esperan aún las licencias, entre ellas algunas que aspiran a explotar yacimientos en zonas de páramo en Santander, Antioquia, Caldas, Valle y Nariño, considerados como enclaves para la producción de agua de poblaciones aledañas.

En otras áreas del país, el gobierno insiste en continuar con la fumigación aérea para acabar con los cultivos prohibidos, y de paso con la vida de muchos campesinos. ¿Por qué no dotar a estas poblaciones de los recursos para la explotación de sus tierras y reorientar créditos a largo plazo para que puedan desarrollar programas productivos legales?

¿Será que frente a este panorama, seremos capaces de contribuir para alcanzar el enfriamiento de la tierra
en dos grados por los próximos años y garantizar su supervivencia?

Solo queda una premisa: “o todos nos unimos o muere el planeta”.

PARA QUÉ INTELIGENCIA MILITAR SI FUNCIONAN MÁS LAS RECOMPENSAS?

 

PRENSA ANDINA Bogotá D.C, 25 – 10 - 2021

A “Otoniel” no lo localizaron ni capturaron gracias a la inteligencia militar ni de las autoridades de investigación, que según el Mindefensa, en varias oportunidades lo tenían rodeado y ubicado en las  montañas de la vereda La Pita en Turbo, Antioquia.

Al narcoparamilitar lo capturaron, según ellos mismos, gracias a  la información de terceras personas movidas por los $3.000 millones ofrecidos por las autoridades colombianas y que nunca se sabrá si se pagan o no. Veremos si el Gobierno de Estados Unidos que ofrecía US$5 millones por su cabeza, paga la recompensa.

El 15 de junio de este año, las autoridades, con la ayuda de supuestos soplones capturaron a 14 personas las cuales relacionaron con “Otoniel”, entre ellos a una mujer, pero nunca llegaron al corazón de su campamento. Dijeron, entonces, que él estaba enfermo y sin alimentos.

Cuando se inició la Operación Agamenón, el 2 de febrero de 2015, las autoridades aseguraron que en 70 días desmantelarían al Clan del Golfo; pero no fue así.

Hoy más de seis años después, si bien, fue capturado Dairo Antonio Úsuga, la guerra no parará, pues desde hace algún tiempo, “Otoniel” había sido desplazado, muy seguramente con su anuencia, por quienes ampliaron los territorios de su accionar delictivo.

En estos seis años han muerto 135 miembros del Clan y 85 uniformados, en esa guerra, se han registrado numerosos incidentes que involucran a campesinos inocentes, por los campos que han sido minados o los accidentes en desarrollo de asaltos aéreos.

Y cada vez es mayor la producción de coca, porque con la siembra los campesinos obtienen su sustento y el Gobierno parece haberles dado la espalda. Tampoco hay acciones efectivas en contra de los traficantes y muchos menos de quienes se lucran con su envío a los centros de consumo en el exterior.

Nuestras fuerzas Militares parecen ancladas en el pasado, y a los altos mandos ni al gobierno parece interesarles acabar con la subversión y con los grupos narcoparamilitares, pues es el caballito de batalla para sostener la caña del desvío de fondos y el desgreño administrativo y presupuestal.

 ¿Cómo así que aún hoy, las Fuerzas Militares, los organismos especializados y de Policía, tienen que esperar a que surja desde la maraña algún soplón para ubicar a los cabecillas de la delincuencia organizada, como si no estuviéramos en la era de la Internet y del espacio?

¿En dónde queda la tecnología militar y la inteligencia artificial?

Ah, cierto que, $70 mil millones de pesos y quizás mucho más, se perdieron en las contrataciones de la Ministra de Comunicaciones Karen Abudinen, que resolvió tomarse vacaciones en el exterior, en momentos en que la Corte Suprema de Justicia, la llama a indagatoria.

CONDENADO POR PARAPOLÍTICA EXGOBERNADOR DE ANTIOQUIA

Prensa Andina (Bogotá D. C., 01-10- 2021).-

El expresidente del Congreso de Colombia y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, fue condenado hoy por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a 7 años y 11 meses de prisión, por el delito de concierto para delinquir en la modalidad de promover grupos paramilitares, lo cual en el argot popular se denomina como “parapolítica”.

Señala la sentencia que el exsenador fue apoyado por “organizaciones criminales para sus campañas al Congreso y a la Gobernación, a cambio de múltiples acciones como permitir que las bandas o combos operaran en Medellín y Bello (esta última, una población vecina a la capital antioqueña), sin oposición de la Fuerza Pública; así como acordar en una reunión en 2005 su apoyo para que el texto de la ley de justicia y paz que tramitaba el Congreso resultara beneficiosa a los grupos paramilitares”.

La ponencia del magistrado Ariel Torres dice que Ramos “de manera consciente y voluntaria y, por demás, libre, concertó con los grupos de autodefensa aceptar el apoyo que le ofrecían en dinero y votos para las campañas que adelantó hacia al Senador de la República y la Gobernación de Antioquia a cambio de promoverlas en desempeño de sus funciones como efectivamente ocurrió siendo senador”. En la sala solo hubo un salvamento de voto del magistrado Jorge Caldas.

Se expresa también en la sentencia que es “evidente” la influencia de los paramilitares (grupos ilegales armados) a nivel social, económico y político en Antioquia y el propio ramos era consciente de que, aliarse con grupos al margen de la ley era un delito.

En la sentencia se tuvo en cuenta tanto el testimonio de Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, así como el de cinco paramilitares más.

Señala el magistrado ponente, que las alianzas realizadas entre Ramos y los paramilitares, “fueron actos planeados que se gestaron a través de las distintas reuniones consolidadas durante varios años a partir de 2001”.

Según la sentencia, Ramos como presidente del Congreso, prestó su concurso para que la “Ley de Justicia y Paz” fuera más benévola, pese a no contar con la anuencia del Gobierno.

De confirmarse la sentencia, Luis Alfredo Ramos pagará además una multa de 7.749 salarios diarios mínimos legales vigentes (unos US$70.000) y permanecerá en libertad hasta que se resuelva la apelación de este fallo que pasaría ahora a la consideración de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Hoy, el Presidente Iván Duque no dudó en defender a Ramos y manifestó que “es una persona que ha pasado por muchas adversidades y que saldrá adelante porque es una persona que tiene toda la honorabilidad como ciudadano y le ha servido mucho al país”.  

EL GOBIERNO PLANTEA ELECCIONES SIN GARANTÍAS

José Antonio Mantilla

Prensa Andina (Bogotá D. C., 23 – 09 - 2021)

El Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en medio de su sonrisa socarrona, comenzó a sacar las uñas y ahora pretende meternos los dedos a la boca, defendiendo el “mico” del tamaño de King Kong, que acaba de un plumazo con la Ley de Garantías Electorales.

El conspicuo ministro sugiere que se suspenda la prohibición en las entidades oficiales de contratar y designar personal tanto al nivel nacional como regional y local, dizque para reactivar la economía y el trabajo en “época de pandemia” y sugiere que de otra manera no podría ponerse en ejecución la reforma tributaria que bajo supuestos beneficios sociales fue aprobada hace un par de semanas en el Congreso.

La Ley de Garantías prohíbe a gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de Entidades Estatales del orden municipal, departamental y distrital celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro (4) meses anteriores a cualquier elección.

El artículo en la ley de presupuesto señala:

“A partir de la publicación de la ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y territorial podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”.

Con esta “jugadita”, el gobierno de Iván Duque –inmerso en la peor corrupción en la historia del país- no solo atenta contra el orden institucional del país sino que pretende tomar ventaja plena con la compra de votos  tanto para las elecciones de Congreso como para las de Presidente de la República. Y, eso, sin contar con que tienen la Registraduría Nacional del Estado Civil y las autoridades electorales atadas a su amaño.

#DespiertaColombia.