miércoles, 20 de noviembre de 2013

PERIODISMO E INDEPENDENCIA


Ortega y Gasset (Dirigiéndose al director del diario):
«La prensa no es usted ni soy yo ni las docenas de periodistas madrileños con sus nombres propios e inalienables: es una fuerza histórica elemental y tremenda, sobre la cual tenemos que meditar todos, usted y yo, los periodistas madrileños y los ciudadanos de todas las naciones».


 Sobre este pensamiento quiero hacer algunas reflexiones en torno a lo que es la libertad de prensa y la independencia que deben mantener los medios sin que se pierda la esencia de quienes hemos optado por la misión de informar basándonos en las premisas del respeto a la opinión.
La libertad de prensa se basa en la independencia que tienen los medios, los periodistas y todos los ciudadanos de expresar pensamientos sin someterse a censuras indeseables y de fundar medios masivos como lo señala en su Artículo 20 nuestra Constitución Política. 

Pero, obvio es, que el ejercicio del periodismo implica responsabilidades ante la sociedad y la ley. Los periodistas, los medios y cualquier persona que utilice sistemas de comunicación, deben hacerlo con transparencia, veracidad y conciencia del poder de que disponen, so pena de responder ante las autoridades por el abuso de los mismos.
El mundo moderno ha obligado a la búsqueda de nuevos canales de comunicación, relegando de lejos a la vieja prensa e imponiendo a gran velocidad el internet, llevando, incluso a la radio y a la televisión, el influjo de las redes sociales para no desaparecer del plano en que se han movido en el último siglo.

El avance en la electrónica y la masmedia, impone nuevos criterios de comunicación y la adaptación de sus actores a los requerimientos masivos frente a una población que cada vez más rápidamente, asimila estos portentosos descubrimientos que hicieron que el mundo fuera cada vez más pequeño.
Esa es la razón por la que el periodismo universal está cambiando, de acuerdo con los requerimientos de la sociedad. En muchos países, entre ellos el nuestro, el ejercicio del periodismo no es una profesión y cualquiera con preparación adecuada puede desempeñarse como tal. Las universidades que siguen “fabricando” periodistas no han evolucionado con la velocidad requerida y muchos jóvenes salen a enfrentarse a ciudadanos empíricos que aprovechan los medios a través de blogs, espacios en periódicos y páginas de internet, para difundir sus ideas o las noticias de su comunidad.

Pero los periodistas no deben ser temerosos a perder su labor, pues siempre se requerirá de ellos para investigar las historias, saber escoger los temas, presentarlos oportunamente y someterlos a su propio análisis antes de llevarlos a un  jefe de redacción o a un editor, lo cual no es tarea que se aprenda de la noche a la mañana.
Para conciliar estos intereses han aflorado las páginas de periodismo ciudadano, que se han constituido en los nuevos medios. Y aunque hay miles de ellas en la WEB, pocas saben utilizar la información del ciudadano común y corriente, que bien trabajado podría constituirse en un reportero más de la empresa, al cual sacarle provecho, pues hay que verlo como una fuente directa.

A manera de ejemplo podemos citar lo que ocurre en Siria, en donde existen muy pocos medios, todos controlados por el gobierno y los reporteros extranjeros son escasos. La mayoría de las informaciones salen de los ciudadanos que graban con pequeñas cámaras de video las atrocidades de un país en guerra o toman fotografías y las envían junto con algunos datos a través de teléfonos celulares o clandestinamente por internet para que se difundan a través de los grandes medios del mundo.
Y así como avanza la tecnología, muchos se quedan rezagados en la información, siendo aprovechados por la corrupción y el poder de la economía y la política, que todo lo arrasa a su paso, pero que disponen de los medios a su alcance para sobresalir conquistar pueblos enteros, violándoles su fuero interno, su intimidad y sometiéndolos intelectual y sicológicamente.

La línea editorial y la ética
Por todo lo expuesto anteriormente, es que los periodistas tenemos unas obligaciones con la sociedad que van más allá del simple ejercicio de un oficio y de las consideraciones simplistas de lo que debe hacerse o no hacerse, limitándonos frente a una ética y una moral, urdida por los poderosos para someter a los desvalidos. Para distinguir entre lo bueno y lo malo no hacen falta posgrados ni doctorados; solo tener cinco sentidos.

La objetividad periodística, el equilibrio informativo y la independencia no existen. Cada quien la aplica como le parece y como le conviene. Lo único es que hay que tratar de acercarse lo más posible a ello.
El presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, con ocasión del premio que anualmente entrega esa organización a algunos periodistas, dijo: "Tengo la información suficiente para saber que la independencia es imposible y lo saben todos". Se refería así a que los medios no pueden sustraerse a tomar partido en un tema tan delicado como la emancipación de Cataluña.

Es cierto que la función del periodista es informar a la sociedad sobre asuntos que le sean de interés, circunscrito a la realidad, para lo cual tendrá que verificar datos, investigar, ser honesto y prolífico en la historia que realice. Pero otra cosa son los columnistas o el editorialista del medio, -que casi siempre es el director o alguien muy cercano a él-, quienes pueden, sin temor a hacerlo- comentar, analizar y orientar sobre los hechos que sirven de tema. De eso se trata, el editorialista es el orientador de una opinión. No hay ningún pecado en ello, a no ser que esté inmerso en una incompatibilidad, como hablar de política siendo un político o defender un negocio de una empresa de la cual se es socio o inclinar la balanza hacia un contrato cuando se tienen intereses en él.
Por lo demás, la independencia en la línea editorial no se pierde por el hecho de que en una de las columnas centrales el medio se muestre, en un momento dado, afecto a un personaje o a un criterio político determinado. La independencia se expresa no solo por la posición eventual frente a un hecho, pues el editorialista bien puede criticar luego u oponerse al personaje o al hecho que motivó un determinado escrito si ve que este se aparta de su consideración inicial.

La independencia del medio se refiere no solo a su línea editorial sino a la coparticipación de pensamientos disímiles entre los columnistas. Máxime si entre el grupo de opinión hay quienes escriben con libertad sobre sus propios conceptos económicos, políticos o sociales sin que sean cuestionados por la directivas del medio.
Así como el periódico puede con libertad mostrarse en sus editoriales en contra de un gobierno, bien puede, sin perder su condición de independencia, buscar en un momento dado el apoyo de la comunidad a la cual sirve, para conseguir propósitos que interesan a todos.

El respeto por la opinión comienza por el respeto a sus editorialistas.
Otra cosa es que no se permitiera que quienes integran o integraren el equipo de opinión, o, la misma ciudadanía que acude al medio, no pudieran expresar libremente sus criterios en torno al acontecer diario del país y de la comunidad en general.

Hay que distinguir, sin embargo, entre quienes tienen la facultad de opinar, quienes llevan la línea editorial y los periodistas comunes, estos últimos, quienes deben ceñirse estrictamente a las condiciones establecidas para la información, lo que generalmente está expuesto en el manual de redacción.
En el caso de la información que se genera para un medio de la WEB, la noticia debe ir más adelante de lo que la presentan en la prensa, la radio o la televisión, pues cada historia debe presentarse con un análisis para mayor comprensión del receptor. Ese simple hecho si no sabe manejarse, podría convertir la noticia en un hecho puramente subjetivo.

Especialmente en Colombia, es necesario tomar en cuenta que los grandes medios (prensa, radio, televisión, revistas) pertenecen a conglomerados financieros y a través de la desinformación buscan crear polos de poder político y económico, razones por las cuales el lector indaga por medios alternativos que lo orienten en la toma de sus decisiones.
El nuevo fenómeno

En octubre de 2012, en plena campaña por la presidencia de los Estados Unidos, el diario estadounidense New York Times dio su apoyo a la reelección de Barack Obama en un editorial publicado en el que destacaba los logros como la reforma sanitaria y “el firme compromiso para promover el crecimiento económico”.
El diario neoyorquino aseguró que debido a las políticas económicas, sociales y en asuntos exteriores desarrolladas por el presidente demócrata “apoya de manera entusiasta a Barack Obama para un segundo mandato”, del mismo modo que hizo en 2008.

En su posición fue seguido por otros diarios como el Washington Post, Miami Herald, el Tampa Bay Times, The Angeles Post,  e incluso la influyente revista inglesa The Economist.
De igual manera lo hicieron los diarios Naples Daily News, Orlando Sentinel, South Florida Sun Sentinel y el Tampa Tribune, que apoyaron al candidato republicano Mitt Romney.

No por haber advertido el apoyo a uno u otro candidato, estos influyentes diarios dejaron de ser considerados como independientes ni perdieron su línea editorial.
El periodismo moderno impone otros criterios y especialmente los medios alternativos son los llamados a orientar a la opinión, por encima de la desinformación evidente de los grandes y poderosos medios que manejan las comunicaciones a su antojo.

De la función del periodista se desprende la responsabilidad jurídica, la responsabilidad social y la responsabilidad política, las cuales, a su vez, no pueden separarse de la ética periodística.

lunes, 18 de noviembre de 2013

REELECCIÓN DE SANTOS ES NECESARIA


El anuncio del Presidente Juan Manuel Santos de aspirar a la reelección, es un hecho cantado, pese a las zancadillas que le han puesto desde algunas orillas de la política, para impedirle llegar por segunda vez al poder, para asegurar y moldear el proceso de paz, que no concluirá con la sola firma de un pacto en La Habana, Cuba.

El hecho es que Santos quien inició el proceso –que ya ha pasado dos duras pruebas-, es el único que le garantiza al país, que la paz será un hecho y la reconciliación vendrá a los colombianos luego de 50 años de una historia que los mayores no quisiéramos que continuaran viviendo nuestros hijos ni mucho menos que se repitiera con nuestros nietos.

En su aspiración lo respaldarán sin ambages todas las fuerzas de la unidad nacional, pues la reelección es una figura que aunque muchos colombianos la detestamos, incluyéndolo a él, está ahí en la Constitución, lo cual es una opción que no puede desaprovecharse.

La reelección fue planteada y aprobada por su antecesor, a quien ahora no le parece buena, después de ocho años de incitar a la guerra y buscar otros cuatro años – lo que afortunadamente no se dio-,  con lo cual el país se habría ido a pique y hoy lo estaríamos lamentando.

Y si por alguna razón en la primera vuelta –lo cual es casi imposible- no se obtienen las mayorías necesarias, los partidos de izquierda como el Polo y ahora la Unión Patriótica (UP), coadyuvarán para que Santos continúe en el poder y se despeje el camino hacia la concordia nacional.

Los acuerdos logrados en la mesa de negociaciones de la Habana entre las FARC y el Gobierno Nacional, permiten vislumbrar cambios fundamentales en la Colombia campesina y la adopción de políticas públicas encaminadas a estructurar una reforma agraria con la participación activa de todos los colombianos.

En el aspecto político, las regiones tendrán una participación directa e incluyente, ampliándose las opciones ciudadanas; garantizando la democratización en el acceso a los medios de comunicación; la estructuración de un estatuto de la oposición y el fortalecimiento de las garantías y la seguridad para que hechos como el exterminio de la Unión Patriótica, jamás vuelvan a ser un referente en nuestro país.

Vendrán ahora otros puntos en torno a los cuales –según las comisiones de diálogo- ya hay avances importantes, como en el relativo a las drogas ilícitas y el narcotráfico, respecto de los cuales el propio Presidente Santos ha planteado la necesidad de una discusión abierta sobre nuevas formas de combatir el flagelo. Seguirá luego lo relativo a la reparación a las víctimas y el abandono de las armas.

Y, los enemigos de la paz, que cada vez están quedando más en evidencia ante el país, insisten en buscarle trabas al proceso en Cuba, descalificando la labor del Presidente Santos, porque se atrevió a asegurar que en Colombia si existía un “conflicto armado” y darle -según el ex presidente Álvaro  Uribe- estatus de beligerancia a las FARC, sin lo cual hoy no estuvieran sentados en la mesa de negociaciones.

Por esa postura del Presidente Santos existe hoy una ley de víctimas y restitución de tierras, se ha desmitificado el concepto según el cual el Estado no puede ser considerado victimario, eludiendo su responsabilidad en el conflicto interno y se ha avanzado para que los actores admitan la verdad, la justicia y la reparación y sin temor se pida el perdón, que constituye el primer paso  a la reconciliación.

Gracias a ello, en los tribunales internacionales se ha logrado avanzar, en casos que, como el del Palacio de Justicia, gobiernos anteriores buscaron la prescripción y su impunidad, razones por las cuales se le tilde hoy a Santos desde las filas uribistas de “traidor”, como si la lealtad implicara ser complaciente con el crimen y la injusticia.

La paz no es una obsesión de  Santos. Es el derecho y la aspiración que tenemos todos los colombianos y por ello,  bien vale la pena su reelección.

 

Nota al margen

En esta carrera por la paz es necesario que algunos funcionarios dejen de ser tan locuaces y asuman su gestión con humildad, para que el Jefe del Estado pueda hacer bien la tarea. Suficiente tiene con la oposición a ultranza de sus detractores para tener que salir a defender a subalternos por sus caprichos mediáticos.

 

martes, 5 de noviembre de 2013

LA SALUD SE MUERE Y LA REFORMA NO ARRANCA



El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, le pidió al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que explique las medidas de choque, incluidas en el proyecto de ley ordinaria, para contener un colapso en la salud de los colombianos.

La alarma fue activada por el Distrito Capital, en donde es inminente el cierre de los hospitales Simón Bolívar, El Tunal, Santa Clara, La Victoria y Kennedy, todos de tercer nivel de complejidad; lo mismo que los de Engativá, Suba, y Meissen, de segundo Nivel.

Pero la situación de crisis no se vive solo en Bogotá sino que se extiende a todo el país, por la deuda de más de 12 billones de pesos que las Empresas Promotoras de Salud (EPS), tienen con 5.524 hospitales, clínicas y centros de salud públicos y privados.

Como consecuencia de ello, el 36 por ciento de los hospitales públicos de primer, segundo y tercer nivel de complejidad están en este momento en alto riesgo de ser declarados inviables, según el Defensor del Pueblo.

El problema es que el actual sistema permite que las EPS, que son unas intermediarias de salud, remitan a los pacientes a los hospitales y clínicas y solo les pagan –si bien les va y no entran en quiebra como muchas-, a partir del tercer mes y en la mayoría de los casos se demoran más de un año para cancelar las deudas.

Los hospitales y clínicas tienen que asumir de sus propios recursos, no solo la atención de los pacientes sino también los medicamentos y tratamientos, algunos de ellos de gran complejidad.

Para la Defensoría del Pueblo, “esta crisis hizo metástasis y está comprometiendo directamente la prestación del servicio de salud de los colombianos, está costando vidas de compatriotas y afectando de manera directa y grave a la población que está bajo especial protección constitucional”.

Pese a la emergencia en el sistema de salud, el Congreso sigue evadiendo su responsabilidad en el estudio de la reforma, cuyo proyecto se encuentra anclado en la Comisión Séptima de la Cámara.

En las últimas semanas se han gestado movimientos y marchas en todas las ciudades en contra de la iniciativa, porque según algunas organizaciones empeora aún más la práctica médica, fortalece el mercantilismo de la salud a través de las EPS, que sólo cambian de nombre y habilita a hospitales y clínicas para entregar títulos en especializaciones.

Aún, así, el ministro Gaviria –que es un economista de una prestigiosa universidad-, parece pensar más en el fortalecimiento financiero de las EPS particulares que en el mejoramiento de las condiciones y la dignidad de los pacientes.

Desde distintos sectores se ha insistido para que el proyecto sea sometido a una nueva revisión y con la participación de todos, se genere una verdadera reforma, que elimine de una vez, la intermediación existente, se concentre en el Estado el manejo económico del sistema, se impida el retorno a la politización y el clientelismo en la salud y se acabe con el paseo de la muerte.
                                   
No sé, si a propósito o no, este tipo de proyectos siempre coinciden con los procesos electorales, con lo cual los lobistas de la salud permean las conciencias de los congresistas, sobornan a muchos de ellos con la financiación de sus campañas y al final, solo quedan las buenas intenciones y la frustración de los colombianos, como ocurrió en 2004.

 

lunes, 4 de noviembre de 2013

DESCONOCER LAS REGLAS DE LA DEMOCRACIA ES UNA OPCIÓN


Insólito que quienes tienen la obligación de velar porque se respete el orden jurídico, sean quienes ahora reclaman por cambios institucionales y la aplicación amañada de la Constitución, para ajustarla a sus intereses personales, pasando por encima del Estado de Derecho, en una torcida interpretación de la democracia.
 
Bien vale la pena analizar los últimos acontecimientos en materia política, de los cuales han sido protagonistas el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Procurador Alejandro Ordóñez y el alcalde de Bogotá Gustavo Petro.
 
Uribe Vélez, se rasga las vestiduras y pone a sus áulicos a terciar con todo tipo de argucias politiqueras, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conceptuara que no es posible que en el tarjetón para las elecciones de Congreso y Presidente de 2014, se incluyera su foto y apellido. Dice que se le están violando sus derechos y reclama una igualdad que nadie le está usurpando.
 
Él, quien durante su gobierno no fue propiamente el más respetuoso de la Constitución y la ley, se hace el mártir y el perseguido bajo normas que fueron aprobadas cuando aún fungía como mandatario. Me refiero aquí al Acto Legislativo 01 de 2009, que modificó nuestra Constitución, que ahora pretende desconocer.
 
Es necesario recordarle al señor Uribe que fue él, quien pretendió torcerle el pescuezo a la democracia para optar a un tercer mandato, generando lo que se llamó la “Yidispolítica”, comprando la conciencia de los congresistas; el mismo que a través del DAS, chuzó a periodistas, dirigentes de izquierda y a la Corte Suprema de Justicia, en la más descarada y ordinaria versión de espionaje criollo; y quien ahora, viudo de poder, acusa de traición a Juan Manuel Santos porque está acercándose a la paz y se apartó de los postulados revanchistas para lo cual constituyó su política de seguridad democrática.

Permitirle a Uribe la utilización de su foto y apellido en la tarjeta electoral, equivaldría –contrario a lo que él supone- violar la igualdad de los demás partidos legítimamente constituidos y darle gabelas en detrimento de los demás, retornando al caudillismo, los cacicazgos y el gamonalismo político que se buscó eliminar con la Constitución del 91.
En su afán electorero Uribe es acompañado por el propio Procurador Ordóñez, quien anunció que interpondrá recursos para que se revoque la decisión del CNE, con lo cual no es consecuente con sus funciones, pues como jefe del ministerio público debería dar ejemplo de respeto a las instituciones que él también juró defender, aunque su reelección esté en entredicho en el Consejo de Estado.
 
Tal parece que al Procurador también hay que ajustarle la Constitución a su medida, pues –en su afán mediático-, se viene contra todo lo que no se acomoda a su ideología ultraderechista y su concepción religiosa medieval.

Interviene este funcionario, en todos los aspectos de la vida pública, incluso interfiriendo en temas tan delicados como las conversaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana, o en el manejo de las relaciones internacionales, que son del exclusivo resorte del Presidente de la República.

Por último conviene llamar la atención del país frente a las destempladas salidas del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien enfrenta una investigación de la Procuraduría General de la Nación y la revocatoria de su mandato.

En el primer caso, el propio mandatario distrital, está casi seguro de que el Procurador Ordóñez le destituirá e inhabilitará para ejercer cargos públicos, por el manejo que le dio desde su administración al tema de las basuras.

En cuanto a la revocatoria, Petro acaba de sufrir un doble golpe, al declarar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca “improcedente” una acción de cumplimiento y negarle una acción popular. Con los dos recursos, pretendía el mandatario detener el proceso que se le adelanta en la Registraduría.
 
Frente a estas instancias de destituirlo del cargo, Petro dice que podría suceder algo similar a las polémicas elecciones presidenciales entre Misael Pastrana y Gustavo Rojas Pinilla, que le dio paso a la creación del M-19, grupo guerrillero al cual perteneció. Estas consideraciones han sido interpretadas como una amenaza del burgomaestre.

En los tres casos, los protagonistas, no solo desconocen las instituciones sino que ahora resulta que las reglas del juego con las cuales fueron elegidos, no les brinda las garantías de una verdadera democracia. ¡Qué ironía!