El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, le
pidió al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que explique las medidas de
choque, incluidas en el proyecto de ley ordinaria, para contener un colapso en
la salud de los colombianos.
La alarma fue activada por el Distrito Capital, en
donde es inminente el cierre de los hospitales Simón Bolívar, El Tunal, Santa
Clara, La Victoria y Kennedy, todos de tercer nivel de complejidad; lo mismo
que los de Engativá, Suba, y Meissen, de segundo Nivel.
Pero la situación de crisis no se vive solo en
Bogotá sino que se extiende a todo el país, por la deuda de más de 12 billones
de pesos que las Empresas Promotoras de Salud (EPS), tienen con 5.524
hospitales, clínicas y centros de salud públicos y privados.
Como consecuencia de ello, el 36 por ciento de los
hospitales públicos de primer, segundo y tercer nivel de complejidad están en
este momento en alto riesgo de ser declarados inviables, según el Defensor del
Pueblo.
El problema es que el actual sistema permite que
las EPS, que son unas intermediarias de salud, remitan a los pacientes a los
hospitales y clínicas y solo les pagan –si bien les va y no entran en quiebra
como muchas-, a partir del tercer mes y en la mayoría de los casos se demoran
más de un año para cancelar las deudas.
Los hospitales y clínicas tienen que asumir de sus
propios recursos, no solo la atención de los pacientes sino también los
medicamentos y tratamientos, algunos de ellos de gran complejidad.
Para la Defensoría del Pueblo, “esta crisis hizo
metástasis y está comprometiendo directamente la prestación del servicio de
salud de los colombianos, está costando vidas de compatriotas y afectando de
manera directa y grave a la población que está bajo especial protección
constitucional”.
Pese a la emergencia en el sistema de salud, el
Congreso sigue evadiendo su responsabilidad en el estudio de la reforma, cuyo
proyecto se encuentra anclado en la Comisión Séptima de la Cámara.
En las últimas semanas se han gestado movimientos y
marchas en todas las ciudades en contra de la iniciativa, porque según algunas
organizaciones empeora aún más la práctica médica, fortalece el mercantilismo
de la salud a través de las EPS, que sólo cambian de nombre y habilita a
hospitales y clínicas para entregar títulos en especializaciones.
Aún, así, el ministro Gaviria –que es un economista
de una prestigiosa universidad-, parece pensar más en el fortalecimiento
financiero de las EPS particulares que en el mejoramiento de las condiciones y
la dignidad de los pacientes.
Desde distintos sectores se ha insistido para que
el proyecto sea sometido a una nueva revisión y con la participación de todos,
se genere una verdadera reforma, que elimine de una vez, la intermediación
existente, se concentre en el Estado el manejo económico del sistema, se impida
el retorno a la politización y el clientelismo en la salud y se acabe con el
paseo de la muerte.
No sé, si a propósito o no, este tipo de proyectos siempre coinciden con los procesos electorales, con lo cual los lobistas de la salud permean las conciencias de los congresistas, sobornan a muchos de ellos con la financiación de sus campañas y al final, solo quedan las buenas intenciones y la frustración de los colombianos, como ocurrió en 2004.
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