Insólito que quienes tienen la obligación de velar
porque se respete el orden jurídico, sean quienes ahora reclaman por cambios
institucionales y la aplicación amañada de la Constitución, para ajustarla a
sus intereses personales, pasando por encima del Estado de Derecho, en una
torcida interpretación de la democracia.
Bien vale la pena analizar los últimos
acontecimientos en materia política, de los cuales han sido protagonistas el
expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Procurador Alejandro Ordóñez y el alcalde
de Bogotá Gustavo Petro.
Uribe Vélez, se rasga las vestiduras y pone a sus
áulicos a terciar con todo tipo de argucias politiqueras, luego de que el
Consejo Nacional Electoral (CNE) conceptuara que no es posible que en el
tarjetón para las elecciones de Congreso y Presidente de 2014, se incluyera su
foto y apellido. Dice que se le están violando sus derechos y reclama una
igualdad que nadie le está usurpando.
Él, quien durante su gobierno no fue propiamente el
más respetuoso de la Constitución y la ley, se hace el mártir y el perseguido
bajo normas que fueron aprobadas cuando aún fungía como mandatario. Me refiero
aquí al Acto Legislativo 01 de 2009, que modificó nuestra Constitución, que ahora
pretende desconocer.
Es necesario recordarle al señor Uribe que fue él,
quien pretendió torcerle el pescuezo a la democracia para optar a un tercer
mandato, generando lo que se llamó la “Yidispolítica”, comprando la conciencia
de los congresistas; el mismo que a través del DAS, chuzó a periodistas,
dirigentes de izquierda y a la Corte Suprema de Justicia, en la más descarada y
ordinaria versión de espionaje criollo; y quien ahora, viudo de poder, acusa de
traición a Juan Manuel Santos porque está acercándose a la paz y se apartó de
los postulados revanchistas para lo cual constituyó su política de seguridad
democrática.
Permitirle a Uribe la utilización
de su foto y apellido en la tarjeta electoral, equivaldría –contrario a lo que
él supone- violar la igualdad de los demás partidos legítimamente constituidos
y darle gabelas en detrimento de los demás, retornando al caudillismo, los
cacicazgos y el gamonalismo político que se buscó eliminar con la Constitución
del 91.
En su afán electorero Uribe es acompañado por el
propio Procurador Ordóñez, quien anunció que interpondrá recursos para que se
revoque la decisión del CNE, con lo cual no es consecuente con sus funciones,
pues como jefe del ministerio público debería dar ejemplo de respeto a las
instituciones que él también juró defender, aunque su reelección esté en
entredicho en el Consejo de Estado.
Tal parece que al Procurador también hay que
ajustarle la Constitución a su medida, pues –en su afán mediático-, se viene
contra todo lo que no se acomoda a su ideología ultraderechista y su concepción
religiosa medieval.
Interviene este funcionario, en todos los aspectos
de la vida pública, incluso interfiriendo en temas tan delicados como las
conversaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana, o en el manejo de las
relaciones internacionales, que son del exclusivo resorte del Presidente de la
República.
Por último conviene llamar la atención del país
frente a las destempladas salidas del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien
enfrenta una investigación de la Procuraduría General de la Nación y la
revocatoria de su mandato.
En el primer caso, el propio mandatario distrital,
está casi seguro de que el Procurador Ordóñez le destituirá e inhabilitará para
ejercer cargos públicos, por el manejo que le dio desde su administración al
tema de las basuras.
En cuanto a la revocatoria, Petro acaba de sufrir
un doble golpe, al declarar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
“improcedente” una acción de cumplimiento y negarle una acción popular. Con los
dos recursos, pretendía el mandatario detener el proceso que se le adelanta en
la Registraduría.
Frente a estas instancias de destituirlo del cargo,
Petro dice que podría suceder algo similar a las polémicas elecciones
presidenciales entre Misael Pastrana y Gustavo Rojas Pinilla, que le dio paso a
la creación del M-19, grupo guerrillero al cual perteneció. Estas
consideraciones han sido interpretadas como una amenaza del burgomaestre.
En los tres casos, los protagonistas, no solo
desconocen las instituciones sino que ahora resulta que las reglas del juego
con las cuales fueron elegidos, no les brinda las garantías de una verdadera
democracia. ¡Qué ironía!
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