CONSEJO DE ESTADO AVALÓ VENTA DE ISAGEN

Represa del Río Sogamoso (Santander - Colombia) 

Foto Isagen

Pese a la protesta nacional que se generó por el anuncio del Gobierno de vender su participación en Isagen, la tercera generadora de energía del país, después de EPM y Emgesa-, el Consejo de Estado avaló la transacción.

En un fallo emitido el 9 de diciembre último, el tribunal negó las pretensiones de una docena de congresistas de seis partidos políticos, que demandaron la venta de la empresa y pidieron la adopción de medidas cautelares en contra del decreto gubernamental.

El Estado posee en Isagen el 57.6 % del paquete accionario, por un total de $5.2 billones, en el momento de hacer su avalúo hace más de un año cuando el dólar se cotizaba a $1.900. Hoy con un dólar por encima de los $3.000, el país podría perder más de un 40 % en la negociación.

Isagen le reporta al Estado anualmente cerca de $500 mil millones por utilidades, lo que equivale al 10% de su participación, muy por encima de la rentabilidad que ese tipo de negocios genera en Colombia.

La idea que el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas le vendió al Presidente Juan Manuel Santos, era tomar esos recursos y colocarlos en un fondo para financiar a las firmas  concesionarias que ejecutan las obras de infraestructura vial en el país.

En la demanda se advertía que el Gobierno faltaba “al principio de veracidad y claridad que debe acompañar las motivaciones de la venta, y que, al defender la enajenación, violaba los principios de contratación que promulga la Ley 80, en cuanto a su transparencia, responsabilidad, planeación y economía”.

Entre quienes se oponen a la enajenación figuran los senadores Sofía Gaviria Correa, Viviane Morales y Horacio Serpa, del Partido Liberal; Antonio Navarro, Jorge Iván Ospina, Claudia López y Jorge Eliécer Prieto, de la Alianza Verde; Jorge Enrique Robledo y Alexánder López, del Polo Democrático Alternativo; Iván Duque, del Centro Democrático; Mauricio Aguilar, de Opción Ciudadana, y Luis Evelis Andrade, del Mais.

Pero de todos ellos, la senadora Sofía Gaviria, es quien más se ha opuesto a la venta de las empresas del Estado y advierte que en el caso concreto de Isagen, se verán amenazados los recursos hídricos de los seis mayores embalses del país y las 23.000 hectáreas que controla Isagen, en algunos de los lugares más biodiversos del planeta.

Lo que sorprende a los analistas es que el Consejo de Estado, pasó por encima de todas las consideraciones expuestas no solo por los colombianos del común sino por los demandantes y por 80 de los 102 senadores que en mayo de este año firmaron una constancia para rechazar la venta de Isagen y en la cual se insistía en que la energía es un producto y un servicio de necesidad universal, que debe ser controlado y protegido por el Estado, tal como lo establece la Constitución del 91.

En diversos medios económicos y políticos del país, se advertía, que el Gobierno debería reconsiderar la enajenación de esta empresa, pues en momentos en que se está ad portas de la firma de la paz y que se requieren para el postconflicto ingentes recursos, las empresas del Estado son un soporte clave, especialmente sí -como en el caso de Isagen- están bien posicionadas financieramente y su desempeño administrativo es ejemplar.

 

¿CUÁL ES EL MIEDO, SEÑOR PRESIDENTE?

El propio Presidente Juan Manuel Santos, dio a conocer los aspectos del decreto que supuestamente zanjaría la discusión en torno al uso en Colombia de la plataforma UBER y que se ha convertido en una guerra entre taxistas y propietarios de vehículos de lujo que pretenden –mediante un servicio VIP- acomodarse un salario, frente al creciente desempleo reinante en el país.

Pero tal parece que el Vicepresidente Germán Vargas Lleras –encargado de buscar solución al problema- se salió con la suya, aprovechando la oportunidad para congraciarse con el gremio de los taxistas y fortalecer de esa manera su eventual aspiración de reemplazar en la Casa de Nariño a Santos.

La manera como está concebido el decreto, no termina con la discusión del uso de la plataforma UBER, pues solo se limita a permitirle a las empresas de taxis ya constituidas el reemplazo de los “taxis chatarra”, por los autos que ya vienen operando bajo la denominación de “Viajes Imperial”, con los cuales han hecho una copia vulgar del servicio UBER y facilitar sin reglamentación alguna el uso de plataformas similares.

El decreto en nada reglamenta el uso de la plataforma tecnológica UBER y por el contrario, se congela el parque automotor del servicio individual de pasajeros, permitiéndole a las empresas de taxis, reemplazar los vehículos chatarra valorizando aún más los cupos (hoy tasados en más de $120 millones) y los vehículos que ingresen a partir del año entrante. Con ello los conductores seguirán siendo esclavos de los empresarios del transporte.

Lo que ha hecho el Gobierno es establecer los pilares para el encarecimiento de las tarifas del servicio público individual de pasajeros, cediendo a las presiones de los empresarios del transporte y al chantaje vulgar de quienes reclaman la vocería de los conductores de taxis, estos últimos, quienes en más de una ocasión, realizaron paros y bloqueos en las capitales para atajar el avance de UBER.

¿Qué pasará ahora con los más de 30 mil propietarios de las camionetas blancas que hay en Bogotá vinculadas a empresas de transporte como servicio especial, y algunos de los cuales afiliados a UBER? Ellos también pagan impuestos, seguros, las cuotas de los carros, mantenimiento, rodamiento, créditos financieros y afiliaciones…Y además, de ello derivan el sustento de sus familias.

Y para colmo de males, los proyectos de ley que pretenden reglamentar las modalidades del transporte de pasajeros en el país, no avanzan ni existe la voluntad política de senadores y representantes para elaborar un verdadero estatuto de transporte. Ahora se anuncia un nuevo proyecto que dormirá el sueño de los justos, pues no hay el tiempo suficiente para estudiar tantas iniciativas ni mucho menos para evacuarlas.

Pareciera que los mandatarios caminan bajo el régimen de terror que les imponen los transportadores, sin importarles la suerte de millones de usuarios en el país que reclaman buen servicio, tarifas justas, seguridad, vías y vehículos adecuados y un trato amable de parte de los operarios de los sistemas. ¿Cuál es el miedo, señor Presidente?

LA LOCURA DE UNA VIOLACIÓN

La agilidad de la Policía para resolver el caso de la falsa violación a una conductora del SITP es una muestra del profesionalismo con que actúan sus miembros cuando hay decisión para combatir la delincuencia: Punto a favor. Pero hay algunas cosas que aún no quedan claras ante la opinión y que opacan esa gestión, como el supuesto resultado de Medicina Legal que confirmó el abuso;  la celeridad de la Policía para entregar el informe a los medios y la falsa captura (llámese detención administrativa) de un joven que se encontraba en un hotel en Mesitas del Colegio.

Los cuerpos de investigación del Estado no pueden darse el lujo de dejar cabos sueltos ni dejarse presionar para mostrar ante la opinión resultados positivos ni mucho menos -en ese afán de hacerse visibles ante la sociedad- apresurarse a divulgar hechos que puedan más adelante afectar los procesos judiciales.

De las cosas negativas que se desprenden del caso y de las cuales debemos aprender, están las afirmaciones aceleradas de los comandantes de la Policía luego de retener a los jóvenes en Mesitas del Colegio, la divulgación de la foto y la exposición al escarnio público en las redes sociales del supuesto violador y de sus acompañantes.

Las autoridades en su afán por mostrar resultados, lanzan verdades a medias, sin la valoración ni decantación de la información de las pruebas recogidas, lo que en muchos casos frustra la judicialización de los delincuentes  e interfiere en los procesos.

En ese afán mediático (en el cual todos quieren aparecer para la foto, como el director de la Policía, el Fiscal General, el Procurador, etc…) inducen a error a algunos  ingenuos reporteros que prevalidos de la autenticidad de las fuentes, no se toman el trabajo de confrontarlas ni contrastarlas, e influenciados por el síndrome de la chiva,  toman esa información que luego convierten –con más o menos imaginación- en notas amarillistas que deforman el pensamiento colectivo.

Cuánto daño le causan a la sociedad los funcionarios locuaces y cuánto daño puede provocar una información que como en el caso del joven de Mesitas del Colegio, fue víctima de la satanización por las redes sociales, del linchamiento y de la afrenta pública, solo porque en su desvarío a alguien se le ocurrió inventarse semejante crimen. Más locos aún, quienes hicieron de caja de resonancia para tamaño desatino.

El caso pudo ser más grave, pues el país apenas comienza a digerir la aprobación del feminicidio como delito autónomo en el Código Penal, lo cual hubiera podido desencadenar en una tragedia de incalculables proporciones.

Con base en el retrato hablado (que nunca sirven para nada) de la falsa víctima se capturó al inocente joven, solo porque tenía una cicatriz en su rostro, aunque las facciones anatómicas y físicas no coincidían. La Policía para evitarse problemas judiciales dijo que se trataba de una “detención administrativa”. 

¿Quién va a reparar el buen nombre de ese joven que sólo estaba despidiéndose de sus amigos porque se iba a pagar el servicio militar y cuyo único delito fue estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado? ¿Y quién va a reparar a su familia? ¿Quién va a pagar la movilización del aparato investigativo y judicial del país?

¿Por qué las autoridades no esperaron los cotejos de Medicina Legal, antes de publicar la noticia con la cual se abrió este episodio? No creo que los responsables sean los miembros del grupo investigativo, pues ellos no hablan sino a través de sus jefes. Y si es así, ¿no debería existir una sanción para estos funcionarios públicos ávidos de reconocimientos y condecoraciones, como si no fuera una obligación propia de su labor la protección de la sociedad? Reflexionemos.

EL PROCURADOR EN SU RED

Las abuelas solían decir “quien tiene rabo de paja no se arrime a la candela”. Pero tal parece, que algunos funcionarios, incluido el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado, prefieren hacer caso omiso de la máxima, con la cual sabiamente las madres advertían a sus hijos sobre la rectitud que debían observar para no ser objeto de críticas o cuestionamientos por sus actos u opiniones.

Nunca en la historia de la Procuraduría -desde cuando se institucionalizó en la Constitución de 1830-, existió un funcionario tan prejuicioso, parcializado, controvertido, y que genere tanta suspicacia por sus actos, como Ordóñez Maldonado.

Por el Ministerio Público han pasado importantes juristas –de todos los partidos- que han dejado huella por su verticalidad y la precisión de sus fallos y respecto de los cuales ningún colombiano por importante que fuera se atrevió a poner en duda. Vale la pena citar el caso de Mario Aramburo cuando llamó al orden al propio Presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo. Le siguieron otros que contribuyeron a solidificar el prestigio de ese organismo como Jaime Serrano Gómez, Carlos Gustavo Arrieta, Alfonso Gómez Méndez, Jaime Bernal Cuellar y Edgardo Maya Villazón, para citar solo algunos.

Solo hubo en el último medio siglo, un caso que opacó la majestad de la Procuraduría y fue el referente a Orlando Vásquez Velásquez, quién fue destituido como jefe del  Ministerio Público, por extralimitarse en sus funciones al pretender procesar al Fiscal Alfonso Valdivieso, cuando su juez natural era la Comisión de Acusación e Investigaciones de la Cámara. El mismo procurador Vásquez Velásquez fue condenado a 7 años de prisión por enriquecimiento ilícito.

Pero el caso de Ordóñez Maldonado, se sale de todo contexto, pues cree tener la potestad de pasar por encima de la Constitución y la ley para favorecer a sus amigos políticos, a algunos de sus electores e imponer, incluso, sus criterios religiosos o su concepción prejuiciosa frente a temas que tienen que ver con la protección de los derechos humanos e intereses ciudadanos, además de su explícita manifestación homofóbica.

En su elección –el 11 de diciembre de 2008- jugaron algunos aspectos que bien vale la pena analizar: un Congreso falto de carácter, con unos senadores y representantes atemorizados por el fantasma de la parapolítica (con casi 100 de ellos investigados), un presidente como Álvaro Uribe Vélez, ardido por el fracaso de su segunda reelección,  lo que demoró la selección de su candidato Germán Bustillo, las promesas en el cabildeo de Ordóñez de presentar un proyecto de ley para que la Procuraduría dejara de investigar disciplinariamente a los miembros del Congreso y sus  ofrecimientos burocráticos a todos los partidos con excepción del Polo y del MIRA.

El tercer candidato, el representante de la Corte Suprema, Camilo Gómez, llegó desgastado a la terna. Fue elegido luego de siete reuniones de la sala plena en un término de dos meses y 60 rondas de votación. Fue ternado aún a sabiendas de que no era un candidato de peso frente a Ordóñez, quien como expresidente del Consejo de Estado, ya tenía un camino ganado entre los congresistas.

El Partido Liberal, que entonces era opositor al gobierno, votó en su totalidad por Ordóñez, aceptando una “disciplina para perros”, tapándose –como dijeron algunos de ellos- las narices. Pero ninguno fue capaz de oponerse a la decisión de bancada emanada del director del liberalismo, quien para la época era el expresidente César Gaviria Trujillo. Ordóñez fue elegido por 81 de los 102 votos posibles.

En los primeros cien días de su ejercicio, Ordóñez ya había casado numerosos conflictos frente a la Corte Constitucional, por sus ortodoxas posiciones sobre el aborto, el matrimonio homosexual, la adopción por parte de parejas del mismo sexo; la defensa de algunos de sus amigos congresistas acusados de parapolítica o la absolución que le dio a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacios implicado en el caso de la “Yidispolítica”.

Tres años después, inicia tras bambalinas una campaña mediática para pulsar la opinión como eventual candidato a la presidencia, haciéndole juego al uribismo e interviene en todo tipo de actuaciones políticas de su partido Conservador. 

El 20 de julio de 2012, aprovechando la instalación del Congreso, Ordóñez inicia la promoción de su candidatura a la reelección en la Procuraduría General de la Nación, prevalido de los cientos de nombramientos de parientes de los senadores. 

Logra ser ternado, esta vez por la Corte Suprema, en donde igualmente tenía a varios magistrados “prepagados” a su favor, con nombramientos de numerosos de sus parientes.

En la terna figuraron también María Mercedes López, la candidata del Presidente Juan Manuel Santos y Orlando Suárez Gallo, nominado por el Consejo de Estado. López renunció porque no había en el Congreso las garantías para una elección imparcial y limpia, según dijo. No obstante la terna se sometió a votación el 27 de noviembre y gana Ordóñez con 80 votos.

La repetición del mandato de Ordóñez, lo fortaleció y colocó en una posición que ha venido aprovechando para buscar réditos políticos frente a su aspiración no expresa de una candidatura presidencial. Esa es la razón por la cual ha optado por enfrentarse –casi que a diario- con razón o sin ella, al Gobierno Nacional y al proceso de paz que se adelanta en Cuba, haciéndole, en muchos casos, juego a la oposición hirsuta del expresidente Álvaro Uribe.

Las arremetidas de Ordóñez contra Santos en los últimos días, son generadas por el avance de los procesos que se adelantan en el Consejo de Estado, en donde ha perdido casi todo el poder por la salida de varios de los magistrados a quienes mantenía a su favor con la mermelada de los altos cargos en la Procuraduría.

Lo curioso, es que después de la reelección de Ordóñez, la Procuraduría precluyó investigaciones disciplinarias que adelantaba a ocho senadores (Ver lista 1).  Los mismos fueron demandados por supuesto conflicto de intereses al no haberse declarado impedidos para votar durante la reelección, pero el Consejo de Estado semanas después ratificó sus investiduras.

28 congresistas más esperan un fallo del Consejo de Estado por votar la reelección, estando supuestamente impedidos por tener parientes trabajando en la Procuraduría (Ver lista 2).

Pero no obstante el desolador panorama, Ordóñez Maldonado, quien para unas cosas cree ser el poseedor de la moral revelada y para otras un maquiavélico funcionario en donde todo se vale, se aferra con pies y manos al cargo, pues sabe que si los fallos en el alto tribunal, que una vez presidió, le resultan en contra, perdería todo el andamiaje político para alcanzar su sueño de ser presidente. Es decir el Procurador cayó en su propia red.

Lista 1 

Armando Benedetti, Claudia Wilches, Jorge Aurelio Iragorri, Musa Besaile Fayad, Carlos Roberto Ferro, Martín Emilio Morales, Milton Rodríguez y Efraín Torrado.

Lista 2

Gabriel Ignacio Zapata, Claudia Wilches Sarmiento, Julio Alfonso López,  Manuel Guillermo Mora, Carlos Emiro Barriga, Juan Manuel Corzo, Jaime Enrique Durán, Carlos Roberto Ferro, Bernabé Celis Carrillo, Jorge Eduardo Londoño, Martín Emilio Morales, Aurelio Iragorri, Musa Basaile, César Tulio Delgado, Armando Benedetti, Daira de Jesús Galvis, Myriam Paredes, Juan Carlos Restrepo, Jorge Enrique Robledo, Manuel Mesías Enríquez, Honorio Galvis Aguilar, Alexander López, Milton Arlex Rodríguez, Camilo Armando Sánchez, Efraín Torrado, Juan Carlos Vélez, Luis Fernando Velasco y Rodrigo Villalba.

DE LAS CRÍTICAS DE PASTRANA Y URIBE, A LA PAZ DE SANTOS

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero no puedo sustraerme a hacer un parangón respecto del fracaso de las conversaciones de Andrés Pastrana en el Caguán, la cacareada seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez y el avanzado proceso de paz que adelanta Juan Manuel Santos con las FARC en La Habana, pese a los esfuerzos de sus enemigos para que se rompa el diálogo y se frustren, una vez más, las esperanzas de los colombianos.

Pastrana y Uribe, coinciden no solo ideológicamente (ambos son de extrema derecha) sino que ahora también se identifican en el odio visceral contra Santos, a quien consideran desleal, por su independencia en el gobierno. Santos fue ministro de Hacienda de Pastrana y titular de Defensa en el mandato de Uribe. 

Y aunque los dos ex mandatarios Pastrana y Uribe, intentaron a su manera buscar contactos de paz con las FARC, ahora critican a Santos porque ha logrado superar los obstáculos y comprometer a los negociadores de la guerrilla en un proceso que al decir de muchos está a punto de consolidarse en Cuba.

Lo que no gusta a Pastrana y Uribe de las conversaciones en La Habana, es que se hable de cese bilateral al fuego, justicia transicional, la constitución de una comisión de la verdad y que frente a los ataques de la guerrilla en el sur del país, el gobierno no se levante de la mesa y los bombardee indiscriminadamente, porque no soportan la idea de la posibilidad de la firma de un documento final que concluya, de una vez por todas con más de 50 años de guerra.

Y aunque ambos ex mandatarios hablan del recrudecimiento de las acciones terroristas en los últimos dos meses, muerte a soldados y policías, ataques a la infraestructura petrolera, torres de energía y a las vías del país, son los riesgos que se corre de “hablar de paz en medio de la guerra” como fue la propuesta del gobierno desde cuando se iniciaron los diálogos en octubre de 2012. Lamentable, pero el camino al cielo está lleno de abrojos, como dicen en el argot popular.

Pero bien vale la pena comparar los procesos y establecer si como ellos dicen, la seguridad para los colombianos fue una garantía real de sus gobiernos:

“El cambio para construir la paz”

Pastrana se sentó en su momento a manteles con el propio Manuel Marulanda “Tirofijo” y su “secretariado revolucionario”, otorgándole, incluso, 42 mil kilómetros cuadrados de territorio en el Caquetá para que esa guerrilla pudiera movilizarse libremente. Esa concesión –sin nombre en la historia de Colombia-, casi le cuesta un golpe de Estado tras la renuncia de su ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda Caycedo y la dimisión por efecto dominó, de los generales de la cúpula militar. Meses después, tras los desplantes del propio “Tirofijo”, se justificó con los secuestros de Ingrid Betancourt y de Jorge Eduardo Gechem Turbay, para dar al traste con su lema “El cambio para construir la paz”.

Habiendo logrado Pastrana reunir en un mismo sitio en San Vicente del Caguán a todo el Secretariado de las FARC, no les exigió para dialogar como lo pide ahora, un alto al fuego unilateral, ni mucho menos la dejación incondicional de las armas. Tampoco fue capaz de producir una sola captura y en cambio, sí les dio todas las ventajas para que regresaran a sus cuarteles de invierno y crecieran en número y en acciones contra la población.

En todos los procesos anteriores, los actos terroristas, los ataques contra la población civil, los secuestros, asesinatos, masacres y el exterminio de poblaciones enteras fue una constante.

Durante su gobierno hubo sangrientas tomas guerrilleras a batallones del Ejército y puestos de Policía, secuestros masivos, tomas de poblaciones por parte de guerrilleros y se multiplicaron las masacres por parte de paramilitares (Ver nota anexa 1).

A Pastrana le cayeron todos los males, pues descuidó su administración, justificando su mal gobierno en supuestos hechos derivados de su antecesor Ernesto Samper a quien atacó despiadadamente por las filtraciones del narcotráfico en la campaña de 1994.

La Seguridad Democrática

En el Gobierno de Álvaro Uribe, si bien aumentaron las acciones terroristas de la guerrilla, hubo una disminución creciente de las incursiones paramilitares, pues casi de inmediato, al asumir el cargo, buscó a los jefes de esas organizaciones, para proponerles un pacto de paz a su manera.  Fue así cómo en 2003, en el corregimiento Santa Fe de Ralito, en Tierralta (Córdoba), se pactó la reincorporación a la vida civil de los miembros de las AUC en un proceso escalonado que culminó en 2006. A los paramilitares, muchos de ellos acusados de delitos de lesa humanidad, se les aplicó

La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), en virtud de la cual solo pagarían ocho años de cárcel. Muchos de ellos ya comenzaron a salir de prisión en 2015.

Al contrario del proceso de paz de Santos, en los acuerdos de Uribe con los paras no hubo plenas confesiones de sus delitos, ni reparación a las víctimas y muchos de ellos continuaron delinquiendo desde las cárceles. Otros (dicen que más de 30 mil) no pagaron un solo día de cárcel, pero se les dieron garantías y a muchos se les vinculo a la vida laboral y se les entregaron subsidios especiales y gabelas, sin que se hiciera lo mismo o al menos, que se le protegiera los derechos a las víctimas.

Pero a la hora de atravesársele al proceso de paz con las FARC, ni Uribe ni Pastrana, toman en cuenta que fueron ellos quienes fortalecieron a la guerrilla y convirtieron a los paramilitares en lo que hoy se conoce como bandas criminales o bacrim que tienen asolado al país. Y desde luego que en sus dos gobiernos, aumentó la producción de drogas ilícitas y el envío de cocaína al exterior (Ver notas anexas 2 y 3)

En este orden de ideas, entonces, ¿en dónde queda “El cambio para la paz” de Pastrana y la “Seguridad democrática” de Uribe? ¿Por qué no dejar entonces que se concreten las acciones en La Habana con el aval de la comunidad internacional, incluyendo al Papa Francisco, y que la paz sea en breve, una realidad para los colombianos?

Nota al margen

En los tres últimos gobiernos, hasta el año pasado, se realizaron 2.039 voladuras de oleoductos y 1.910 torres de energía fueron derribadas. Curiosamente en los dos gobiernos de Uribe hubo 700 atentados contra la infraestructura petrolera y 1.120 contra las torres del sistema eléctrico nacional, no obstante que fue entre 2002 y 2009 cuando, según cifras de las autoridades, las petroleras incrementaron el pago de sobornos y vacunas, tanto a la guerrilla como a los paramilitares.

ANEXO 1

Poco antes de asumir Pastrana el gobierno, se produjo la toma de El Billar (3 de marzo de 1998), una de las más graves por sus implicaciones frente a la estrategia militar de las Fuerzas Armadas y cuyo saldo fue de 63 militares muertos y 48 secuestrados.

Después, en Agosto de 1998 fue atacada la base de Miraflores en Guaviare, por más de 500 guerrilleros de las FARC. Hubo 9 muertos, 10 heridos y 22 desaparecidos.

Sucesivamente en noviembre de 1998 fue atacada la base de Mitú en Vaupés por 1.900 hombres al mando del “Mono Jojoy”. Murieron 16 policías, 24 militares, 11 civiles y 61 policías fueron secuestrados. El ataque duró 3 días.

Antes el 18 de octubre de 1998 y a pesar de que el Gobierno Nacional había reconocido status político al ELN, fue volado el Oleoducto Colombia, en el corregimiento Machuca del municipio de Segovia, Antioquia. 100 personas murieron incineradas y más 30 sufrieron heridas graves.

En febrero de 1999, las FARC secuestraron y asesinaron a tres indigenistas estadounidenses en Boyacá.

El 12 de abril de 1999 guerrilleros del ELN secuestraron el avión de Avianca. Fueron secuestrados 46 pasajeros, quienes fueron liberados en el transcurso de ese año.

En Cali, el 30 de mayo de 1999,  el ELN se llevó a 285 personas y al párroco que oficiaba una misa en la Iglesia La María. Posteriormente fueron liberados a lo largo de un año.

El 29 de septiembre de 2001 la ex ministra de Cultura Consuelo Araujo promotora del Festival de la Leyenda Vallenata y esposa del Procurador General de la Nación, Edgardo Maya fue secuestrada y asesinada por guerrilleros de las FARC.

El 20 de febrero de 2002, el congresista del departamento de Huila, Jorge Eduardo Gechem Turbay, fue secuestrado en pleno vuelo cuando hacía la ruta Neiva-Bogotá. Tres días después las FARC secuestraron a Ingrid Betancourt y Clara Rojas en un lugar entre Florencia y San Vicente del Caguán, en Caquetá.

El 11 de abril de 2002, un comando de las FARC entró en el Palacio de San Luis, sede de la Asamblea del Valle del Cauca, y secuestró a 12 de sus diputados. A mediados de 2007, 11 de ellos fueron asesinados por el grupo guerrillero. El único sobreviviente, Sigifredo López, fue liberado el 5 de febrero de 2009.

El 2 de mayo de 2002, el Frente “Iván Ríos” de las FARC asesinó a 119 personas en la Iglesia del Municipio de Bojayá, departamento de Chocó, pese a las advertencias del Defensor del Pueblo a los altos mandos y al Ministro de Defensa de ese entonces.

  

 ANEXO 2

El 7 de agosto de 2002, minutos antes de la posesión del nuevo presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, explotaron dos granadas de mortero que fueron dirigidos hacia la Casa de Nariño, hiriendo a cuatro miembros del cuerpo de seguridad. De forma simultánea, en el barrio aledaño de El Cartucho, otro artefacto mató a 14 personas e hirió a otras 25.

El 14 de febrero de 2003, fue volada una casa del barrio Villa Magdalena, la explosión dejó 15 personas muertas, entre civiles y policías. Se hizo circular la versión de que el atentado era dirigido contra el Presidente Uribe.

La noche del 7 de febrero de 2003 un carro bomba con más de 200 kilos de explosivos estalló en el tercer piso del parqueadero del club El nogal de Bogotá. El atentado, atribuido a las FARC, dejó 35 personas muertas y más de 200 heridas.

El 5 de mayo de 2003, el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, el Ex Ministro de Defensa Nacional y consejero de paz de la Gobernación de Antioquia, Gilberto Echeverry, y ocho de 11 militares secuestrados por las FARC, murieron en una operación de rescate del Ejército.

El 17 de 2004 en La Gabarra, Norte de Santander, 34 “raspachines”  de coca, fueron asesinados en medio de los diálogos con las AUC.

El 24 de marzo de 2005 fueron asesinados por las FARC cinco concejales del municipio de Puerto Rico, departamento de Caquetá.

El 10 de octubre de 2005, a la salida de una emisora local, el senador Germán Vargas Lleras fue objeto de un atentado con carro bomba.

El 29 de octubre de 2996, un carro bomba explotó en el parqueadero de la Escuela Superior de Guerra en Bogotá, con saldo de 23 personas heridas.

El 9 de abril de 2007, una persona murió y 42 resultaron heridas, al explotar un carro bomba que destruyó el cuartel de la Policía Metropolitana de Cali.

En Tibú Norte de Santander, el 12 de enero de 2009, miembros de las FARC atentan contra un pozo petrolero y queman seis vehículos. Sucesivamente el 14 y 16 de enero del mismo año, se registró un atentado contra el sistema de transporte masivo MIO, de Cali, que no deja personas lesionadas y un carro bomba estalla en un centro comercial en Neiva. La explosión causó daños a más de 200 locales comerciales.

El 1 de febrero del mismo año las FARC colocaron un carro bomba frente a la sede central de inteligencia de la Policía en Cali. Mueren 2 personas, 56 quedan heridas y resultan afectadas 240 casas y más de 300 locales comerciales.

El 4 de febrero de 2009 las FARC asesinaron a 17 indígenas de la etnia Awá en el resguardo Tortugal Telembí, departamento de Nariño.

No obstante todos estos actos terroristas, en 2009 Álvaro Uribe emprende en secreto acercamientos de paz con las FARC con la mediación de Brasil, que no prosperaron por la cercanía del cambio de gobierno.

  

ANEXO 3

Los gobiernos de Pastrana y Uribe, fueron permisivos con el accionar de las denominadas autodefensas, a las cuales se les atribuyen crímenes de lesa humanidad, desplazamientos masivos, destrucción y caos.

Algunos de los hechos más graves se resumen así:

En mayo de 1998 las AUC se toman Puerto Alvira, Meta y asesinaron a 20 personas e hirieron a siete más. Destruyeron casas, negocios y el aeropuerto. Unos días después estas organizaciones en asocio de policías y militares, mataron a 32 personas en Barrancabermeja y San Rafael de Lebrija.

En enero de 1999 las AUC mataron once personas en Santa Isabel, municipio de Curumaní, Cesar.

En mayo de ese año asesinaron en Putumayo, a 26 personas y las arrojaron al rio Guamuez. Otras 14 fueron desaparecidas.

El 29 de mayo de 1999, aproximadamente 300 hombres de las autodefensas, con ayuda de la Policía, según los investigadores, asesinaron a 35 personas y dejaron a 6 más heridas en el corregimiento de La Gabarra Norte de Santander.

Entre el 16 y el 19 de febrero del año 2000, paramilitares, con la anuencia de autoridades y de políticos de la región, asesinaron a 66 campesinos en El Salado, Carmen de Bolívar. Luego en octubre de ese mismo año, los paras asesinaron a 12 personas en Macayepo, en el mismo municipio. Un mes después, murieron 38 campesinos y pescadores en la Ciénaga Grande del Magdalena y 13 más en el corregimiento Nueva Venecia.

En Enero de 2001 en Chengue, Sucre, fueron asesinados por paramilitares 27 campesinos. Se acusó a la Armada y a la Policía de coparticipación en el hecho.

En El Naya, Cauca, en abril de 2001, Las AUC asesinaron 27 campesinos e indígenas. Las autoridades que habían sido advertidas del hecho, llegaron diez días después. Seis meses después, el mismo Bloque Calima asesinó en dos corregimientos de Buga, Valle a 24 personas.

El 9 de agosto de 2002, ya en el Gobierno de Uribe Vélez, el Ejército ajustició a 24 miembros del Bloque Metro de las AUC. , que supuestamente se encontraban en indefensión.

PAZ Y RECONCILIACIÓN

Uno de los temas más difíciles de tratar, por su complejidad, significación y encontradas consideraciones, es sin duda, el de la reconciliación, un  proceso que sobrevendrá a partir de la firma de los acuerdos de paz que adelantan en La Habana, Cuba, la guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano, pero que eventualmente podría incluir al autodenominado Ejército de Liberación Nacional, ELN.

El avance de los diálogos en la isla caribeña y las manifestaciones formuladas por las partes en la mesa de diálogo, hace suponer que “el principio del fin” está cerca, máxime si las FARC han mostrado voluntad para silenciar a motu proprio las armas y han cumplido con la tregua indefinida anunciada desde diciembre último.

Los temas convenidos han sido ampliamente tratados en poco más de dos años de conversaciones, aunque los dos puntos más espinosos comenzaron a moldearse  este mes y los cuales se refieren a la justicia transicional que se debe aplicar para la dejación de las armas y la desmovilización de las FARC.

Respecto al primer tema, el jefe negociador del Gobierno en la Habana, Humberto de la Calle, ha dicho que “hay espacios en el terreno de la alternatividad penal que permiten satisfacer en la mayor medida posible los derechos de las víctimas e impedir la impunidad”, un punto clave que ha servido a los críticos de la paz para atacar el proceso.

El segundo aspecto es el referente al desescalamiento del conflicto armado, respecto del cual las FARC ya dieron el primer paso y –aunque el gobierno cesó los bombardeos- exigen una corresponsabilidad para alcanzar el cese bilateral y definitivo del fuego. Las fuerzas oficiales no han cesado operaciones en tierra y por el contrario se ha comprobado la arremetida militar en zonas de presencia guerrillera.

Pero aún, suscribiéndose los acuerdos en La Habana, la paz no está garantizada, pues esta es el resultado de un largo proceso, que incluye la voluntad de las partes en conflicto, pero necesariamente involucra a la sociedad civil y a las víctimas que han resultado en una guerra que se ha extendido por más de medio siglo.

Las heridas siguen abiertas y tardará mucho tiempo aún en sanarse pues el conflicto actual es heredado de un proceso de violencia política que se inició en la primera mitad del siglo pasado por la intolerancia de los dirigentes y gobernantes de los partidos Liberal y Conservador, atizado desde los púlpitos por el sectarismo religioso.

Muchos de quienes vivieron la ignominia y el horror de esa violencia demencial, fueron los desplazados de la época para quienes no hubo verdad, justicia ni reparación, pero que debieron sobreponerse a la ira, la venganza y el odio, para que sus hijos o nietos no repitieran la historia. Otros no pudieron alcanzar las cabeceras de las capitales para guarecerse y fueron revictimizados en pueblos, veredas y campos, por los “pájaros”, como se les denominaba a los criminales que surgieron en la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, tras la amnistía a las guerrillas liberales de los Llanos Orientales en 1955 y posteriormente por los grupos armados amparados en ideologías foráneas, los paramilitares y los narcotraficantes.

En todos los procesos de paz en el mundo, se ha establecido como requisito sine qua non que exista una justicia transicional, que conlleva, quiérase o no, cierto grado de impunidad. Pero lo que se busca, para el caso colombiano, es que la aplicación de esa justicia transicional, lesione lo menos posible la dignidad de las víctimas y se establezcan penas alternativas, del tal manera que los victimarios –llámese FARC o Estado-, sí obtengan un castigo, tal vez no proporcional al daño causado, pero solo una vez que se establezca la verdad, y haya reparación por los perjuicios causados a la sociedad. Además debe garantizarse la no repetición de las violaciones a sus derechos.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, señaló en 2006 –a propósito de las rondas exploratorias con el ELN en Cuba, en el gobierno de Álvaro Uribe-, que “la paz es el primer fruto de la justicia. La justicia es la condición indispensable para encontrar y consolidar la paz”.

Retomando estas consideraciones bien podríamos decir que los conceptos de justicia y paz están relacionados entre sí y no podríamos tomarlos separados el uno del otro. Pero para que la paz sea duradera debe existir reconciliación. Es decir que haya consensos entre víctimas y victimarios, que exista equilibrio en las exigencias mutuas y un propósito de no repetición.

No es fácil lograr reconciliación en una sociedad mentalmente enferma, en donde el común denominador es el odio, la intolerancia y la venganza. Una sociedad marcada por el abuso, la iniquidad y la desigualdad social.

Seguramente a corto plazo se firmen los acuerdos en La Habana, pero estamos en mora de iniciar el proceso más importante que debe incluir a toda la sociedad, para que despojados de prejuicios, podamos mirar de frente a los victimarios, extenderles la mano y en un abrazo retomar los lazos fraternales que nos conduzca a la reconciliación y a la paz.

LAS “CONVIVIR” SERÍAN LEGALIZADAS

Las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir), que tanto daño le causaron a la sociedad colombiana a finales del siglo pasado por su vinculación con los grupos paramilitares, crímenes de lesa humanidad y el desplazamiento forzado, podrían reaparecer en el país, por virtud de un proyecto de ley que comenzó a estudiar el Senado de la República.

La iniciativa, cuyo autor es el congresista del Partido de la U, Mauricio Lizcano, pretende regular el sector de la vigilancia privada en Colombia, tomando como parámetro el Decreto Ley 356 de 1994, con el cual el expresidente César Gaviria le abrió las puertas a estas organizaciones que operaban –supuestamente- en zonas rurales en donde el control del orden público, desbordaba la acción militar y de la policía.

En uno de sus capítulos el proyecto establece la creación de las cooperativas de vigilancia y seguridad privadas, que podrán estar conformadas por ciudadanos y que se regirán por las normas establecidas para las empresas de vigilancia y seguridad.

La iniciativa que además del senador Lizano, también la suscriben los representantes Juan Felipe Lemos Uribe y Luz Adriana Moreno Marmolejo, de la misma colectividad, contempla, además, la obligación de colaboración de las empresas y cooperativas de seguridad privada con la fuerza pública.

El proyecto prendió las alarmas en todos los sectores del país, pues podría interferir con los esfuerzos de paz que se realizan actualmente en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC.

Lo curioso, es que con la única excepción del congresista del Polo Democrático, Iván Cepeda, ningún senador de ningún partido, integrantes de la Comisión Segunda, se percataron de la velada amenaza que entraña la iniciativa.

Al abrirse el debate en la Comisión, el congresista Cepeda, advirtió que  esa iniciativa podría propiciar la renovación de los efectos negativos que produjo la figura de la red de cooperantes llamada “Convivir”.

"Es contraproducente que en el contexto de un acuerdo de paz y ante la posibilidad de un posconflicto, sectores del Congreso presenten una iniciativa que revive ese viejo peligro de paramilitarizar el país a través de entregarles a cooperativas de seguridad el manejo de asuntos de orden público. La tenebrosa experiencia de las Convivir nos enseñó que no se puede seguir en la línea de otorgarles facultades del Estado a los privados", señaló Cepeda.

Por virtud del proyecto las empresas de seguridad privada podrían realizar ampliamente todo tipo de investigaciones, afectando la intimidad de los ciudadanos y colocando en riesgo derechos fundamentales. Además, en su articulado, se amplía la acción defensiva de las empresas y las autoriza –literalmente- a repeler cualquier acción delictiva contra sus protegidos, con lo cual se viola la Constitución, pues se reemplaza la misión de las autoridades.

Según el congresista de la oposición, con la nueva norma, se le estaría otorgando al Presidente un "cheque en blanco" para establecer los servicios conexos a la actividad de la vigilancia privada, su definición, alcance y determinación.

Empresas armadas

Al igual que las “Convivir”, las nuevas empresas tendrán legalmente el derecho a portar armas, equipos de comunicación y usar vehículos blindados, sólo, que en esta ocasión, podrían hacer gala de sofisticada tecnología de la cual no gozaban en el pasado.

Entre 1996 y 1997, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez y el vicegobernador Pedro Juan Moreno (fallecido) defendieron la organización y operación de las CONVIVIR locales en su departamento, con base a las reglas establecidas por el Estado, pero el número era tal que  desbordaron todo tipo de controles. En todo el país se contabilizaron unas 500 organizaciones con más de 120 mil hombres.

Ya en la presidencia, Uribe Vélez, en entrevistas radiales (4 de diciembre de 2006) defendió las “Convivir”, y expresó que nunca hicieron parte del paramilitarismo. Asumió, entonces, la responsabilidad por los 60 grupos que operaron en Antioquia durante su mandato como gobernador.

Para la reflexión

Según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, actualmente, en el mercado colombiano funcionan 930 empresas de vigilancia legales y 775 departamentos de seguridad, con más de 200 mil personas a su servicio. Pero nadie sabe el tipo de armas ni cuantas están en su poder.

¿Se imaginan que estas empresas desbordaran su control, cuando superan en número a la Policía Nacional que tiene 175 mil efectivos en todo el país y más de la mitad de las Fuerzas Militares que cuentan con 380 mil miembros?

Quedan estas notas para su reflexión.

¿QUIÉN ES EL SENADOR LIZCANO?

Óscar Mauricio Lizano Arango, es un abogado de la Universidad del Rosario, nacido en Medellín, Antioquia, en agosto de 1976. Especializado en administración de empresas en Inglaterra y en gerencia y asuntos públicos del Externado de Colombia.

Hijo de Óscar Tulio Lizcano, un excongresista conservador que fue secuestrado por las FARC.

Mauricio Lizcano fue elegido Representante a la Cámara por el Partido Conservador en 2006 y en 2010 fue elegido senador por el mismo partido. Siempre ha sido considerado un abanderado del uribismo, aunque en 2014 fue reelecto por el Partido de la U.

PREDIAL: OTRO GOLPE A LOS BOGOTANOS

Los bogotanos sentiremos este mes el peso de la reforma tributaria aprobada por el Concejo Distrital que le dio facultades al alcalde Gustavo Petro para cobrar el impuesto predial con base en reajustes del 100 % en el avalúo catastral para más de un millón 900 mil predios.

La liquidación del impuesto, con base en un nuevo avalúo catastral, obliga a los contribuyentes a cancelar en 2015 sumas, que comparadas con la liquidación del tributo correspondiente a 2014, se incrementan en algunos casos hasta en el 600 por ciento. El nuevo cobro afecta especialmente predios correspondientes a los estratos tres y cuatro del sector residencial.

Los reajustes, según Gustavo Adolfo Marulanda, director de Catastro Distrital, serán así: 491 mil predios sufrirán un aumento entre el 0 % y 10 %. Para 510 mil predios aumentará el valor entre el 10 % y 20 %, 359 mil predios entre el 20 % y 30 %. Para 312 mil predios el aumento será entre el 30 % y 50 %, 138 mil entre el 50% y 100% y 43 mil predios sufrirán un aumento superior al 100 %.

En cuanto a predios no residenciales, el valor catastral quedó en un 75 por ciento del costo comercial.

El valor de la base catastral de Bogotá equivale a 2014 en $260 billones.

Hasta el año pasado las tarifas para los predios residenciales urbanos iban del 2 al 9,5 por mil, mientras que, la Administración Distrital, tomando como base la modificación del sistema, incrementó del 5 al 16 por mil dichas tarifas, dependiendo del avalúo catastral, lo cual significa que los bogotanos debemos pagar mucho más este año por impuesto predial.

“La reforma tributaria del alcalde Petro contempla una modificación de fondo al sistema de liquidación del impuesto predial, pues, a partir de 2015 las tarifas se liquidan de acuerdo con el avalúo catastral vigente, lo que incrementa desmesuradamente su valor, teniendo en cuenta que en los últimos cinco años se han realizado actualizaciones anuales del valor de los inmuebles sin mirar la capacidad de pago de los contribuyentes ni su nivel de ingresos”, como lo sostiene el concejal Orlando Santiesteban Millán, en un comunicado de prensa.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) conceptuó que los avalúos catastrales para los predios urbanos y rurales no formados y formados con vigencia de 2014 y anteriores, tendrán un incremento de tres punto cero por ciento (3,0%) para el año 2015, equivalente al cien por ciento (100%) de la meta de inflación para la vigencia de este año.

Sin embargo la Administración Petro no tomó en cuenta los conceptos expuestos por el Conpes, antes de aplicar, con todo rigor la reforma tributaria aprobada por el Concejo, que al decir de muchos parece más una venganza contra los bogotanos, por los inconvenientes sufridos en desarrollo de su mandato.

Un análisis de los efectos del nuevo impuesto permite establecer que la administración Petro está engañando a los bogotanos, haciéndonos creer que se aplica una tasa por mil equitativa sobre el valor del inmueble, cuando el veneno está ligado al incremento exagerado del avalúo catastral, lo cual, es otro golpe a las menguadas finanzas de las familias bogotanas.

A este ritmo, antes de cinco años, al decir de los analistas, el precio del avalúo catastral de los inmuebles de uso residencial será igual al valor comercial, poniéndose en peligro el derecho a la vivienda de los capitalinos, en una clara contradicción al lema de la “Bogotá Humana”.

Muy seguramente las protestas no se harán esperar, tal y como ocurrió hace dos años cuando la administración local, pretendió aplicar un oneroso impuesto de valorización, que algunos meses después fue corregido, dándole la razón a los contribuyentes, pues no se trata de eludir sus obligaciones, sino que estas sean justas y equitativas.

Nota al margen: Si bien es cierto que la Administración Distrital le da la oportunidad al contribuyente de reclamar, estos no tienen ninguna incidencia, pues Catastro se toma más de seis meses para responder, es decir cuando ya no se puede hacer uso de los descuentos y como siempre, le responden al ciudadano citando las normas, acuerdos y decretos en que se basó la liquidación reclamada, sin la evaluación respecto de los criterios de equidad solicitados en cada caso.

Antes el IP se podía pagar con las primas. Ahora, obligan al ciudadano a endeudarse para no cancelar las altas sanciones impuestas por la Bogotá Humana.

OTRA FRUSTRACIÓN PARA SANTANDER

Refinería de Barrancabermeja (Foto Archivo PA)

La ampliación y modernización de la Refinería de Barrancabermeja, anunciada con bombos y platillos hace cinco años, ya no se realizará porque Ecopetrol se gastó su presupuesto en otros proyectos, frustrando así nuevamente las aspiraciones de Santander y negándole al país, una vez más, la posibilidad de procesar los combustibles que requiere para el consumo interno.

Coincidencia o no, el anuncio de la modernización de la refinería se hizo hace cinco años en vísperas de las elecciones para Congreso y Presidente de la República, con lo cual Santander hizo un importante aporte en votos para el sostenimiento de la democracia.

No obstante, el departamento no ha obtenido la misma reciprocidad del Gobierno Nacional ni de los Congresistas santandereanos, que se preocupan más por mantener políticamente sus curules y sus dietas, que por exigir el cumplimiento de los programas de desarrollo de beneficio general.

En los debates de control político los congresistas santandereanos (con una o dos excepciones) pasan de agache y solo se asoman a las comisiones o a las plenarias para congraciarse con los funcionarios de turno que asisten a los debates de control político, para hacerles exigencias en privado. 

El anuncio de la suspensión del proyecto que vale US$$4.000 millones fue hecho por el gerente de la Refinería, Orlando Díaz Montoya a los concejales de la ciudad en reunión del 5 de febrero último y publicado por “Vanguardia Liberal” y “Noticias Barrancabermeja Virtual”, pero no tuvo eco en otros medios regionales ni nacionales.

La justificación es que Ecopetrol no tiene actualmente la capacidad para responder por los costos que genera la construcción de ese macro proyecto petrolero.

El proyecto es de tal importancia que, por sí solo, permitiría substituir las importaciones de gasolina y ACPM que actualmente realiza Ecopetrol y mejorar su calidad y que se constituyen en el pretexto permanente para bajarle el precio a los combustibles de consumo interno.

Además se construirían diez plantas nuevas que le permitiría al complejo pasar de procesar el 76 % del crudo como está hoy, a optimizar la refinación hasta en un 95% y que los hidrocarburos restantes puedan utilizarse en la producción de energía. Además se aumentaría el procesamiento de 215 mil b/día a más de 300 mil b/día y se disminuirían los costos operativos para que el negocio sea rentable.

Ecopetrol además reducirá este año las tareas de exploración y explotación en el área de La Cira – Infantas del corregimiento El Centro, afectando la producción actual calculada en más de 50 mil barriles diarios, porque según ellos con la caída de los precios internacionales, no es rentable la producción.

El cierre de estos pozos generará una drástica disminución de los ingresos por regalías petroleras que recibe Barrancabermeja y la región y muchos proyectos de inversión social se verán perjudicados.

En Barrancabermeja, El Centro, Casabe y Cantagallo, han sido despedidas en los últimos tres meses más de mil operarios tercerizados y temen que comience a afectarse la nómina de planta.

Lo que es más grave, es que cuando se anunció el proyecto de ampliación de la Refinería de Barrancabermeja hace cinco años, industriales, comerciantes y promotores de turismo pusieron sus ojos en el desarrollo del puerto petrolero y muchos de sus habitantes comenzaron a invertir en el mejoramiento urbanístico. Hoy temen una debacle económica.

Toda esta situación que obedece a un proceso de mala gestión de las directivas de la empresa y de una pésima política petrolera del Gobierno Nacional, se pretende justificar hoy con la caída de los precios internacionales del petróleo, cuando en las épocas de bonanza nada se hizo para blindar los programas de desarrollo de Ecopetrol.

Los santandereanos debemos unirnos, ser más solidarios y levantar nuestra protesta para que se respeten los programas de desarrollo regional. No podemos ser tolerantes frente a nuestros congresistas ni frente al Gobierno Nacional, cuando nos rapan nuestra propia riqueza, como ocurrió con  la venta de Ecogas y la ESSA.

Ecopetrol, es una empresa que nació en Santander y no puede darnos la espalda cada vez que quiera para dejar rezagados los proyectos de beneficio para el departamento y para Colombia.

ECOPETROL SE MARCHITA

Estación de Ecopetrol en Acacías, Meta (Foto Alejandra Mantilla - Prensa Andina)

Ecopetrol, el principal motor de desarrollo de los colombianos, podría caer en los próximos años en una situación de iliquidez e inviabilidad de sus negocios, si no se corrigen de manera oportuna, los vicios generados por la pésima conducción de la política petrolera en que han incurrido los gobiernos del último siglo.

Y no es para menos, pues la politiquería, la burocratización, la imprevisión, el despilfarro y la corrupción, parecen haber tocado las puertas de la empresa, “la joya de la corona”, y lo que es peor sin alertas tempranas y oportunas del control del Estado.

El problema se evidenció en 2014, a partir de la caída de los precios internacionales del crudo, y aunque sus efectos no se sentirán sino a partir de este año, puso al descubierto la mala gestión realizada por las directivas de la estatal petrolera y la ausencia de una auténtica política de desarrollo e inversión en el sector, por parte de los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.

No se trata de que el negocio petrolero –como pensarían algunos- ya no sea rentable. Al contrario, ha sido el mejor negocio del mundo y por eso la economía de muchos países depende, aún hoy, del desarrollo de la industria de los hidrocarburos. Lo que ocurre, es que quienes lo manejan deben tener la sutileza de un cirujano con el bisturí y agudeza y capacidad para concentrarse en los multimillonarios negocios que involucran la política, la economía, la tecnología y el manejo de los recursos naturales a nivel mundial.

Y retornando un poco atrás vale la pena mencionar como los gobiernos de Pastrana y Uribe, este último en dos períodos, cambiaron las tendencias petroleras y las reglas del juego, provocando una estampida de los inversionistas extranjeros, que enfocaron sus actividades a otros lugares como la China, Rusia, Bolivia, Argentina y Trinidad, en donde les ofrecían mejores garantías y rentabilidad. Por eso Colombia se quedó sin exploración y con unas reservas que aún hoy no hemos sido capaces de aumentar significativamente (2.445 millones de barriles – octubre 2014 – ACP).

En 2004 cuando el crudo comenzaba a aumentar de precio, como consecuencia de la guerra en Irak y en los mercados internacionales se cotizaba a más de US$40/b, Ecopetrol vendía a futuro a US$32/b, presionado por el gobierno de turno que requería las transferencias para tapar el hueco fiscal del momento.

En julio de 2008 el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) alcanzó la máxima cotización de la historia: US$143.68/b, con lo cual Ecopetrol comenzó a mejorar sus finanzas. Era una empresa sólida con cero deudas y una rentabilidad por encima del 25%. No obstante fue el año en que se autorizó la venta del 20% de la empresa, con acciones por debajo del valor real (un buen negocio para los accionistas pero un pésimo negocio para la empresa). La justificación de la venta era que estos recursos le permitirían a Ecopetrol financiar los proyectos de inversión en exploración y sísmica en el país.

Ecopetrol no fue previsiva e invirtió en este y los años posteriores mucho menos de lo que debía en exploración y sísmica y comenzó a diversificar sus negocios en Perú y Brasil, países estos que ofrecían un nivel de riesgo mayor a Colombia. Posteriormente extendería su acción al Golfo de México, sin que hasta la fecha haya resultados positivos que justifiquen la expansión de la compañía.

Adicional a las bajas inversiones en el desarrollo de la compañía, el primer gobierno de Uribe percibió transferencias por $24.85 billones y más de $27 billones en su segundo período, que sumados constituyen casi el 50% del valor de la empresa.

El gobierno de Juan Manuel Santos no ha estado exento de exprimir las arcas de Ecopetrol. Entre 2010 y 1013, se le han trasferido más de $27 billones.

Tras la bonanza petrolera de 2008, el precio comenzó a estabilizarse. En 2009 cayó hasta US$63/b y en 2010 se cotizaba el WTI a US$83/b. Con la llegada de la Primavera Árabe (denominación que se le dio a los conflictos en el Medio Oriente), el precio del crudo WTI comenzó a alcanzar precios superiores a los US$100/b, pero nunca a los niveles de 2008. En 2014 la cotización más alta fue en junio 20 cuando llegó a US$107.26/b. Al aumentar la producción el precio comenzó a descender hasta los niveles que hoy conocemos por debajo de los  US$50/b.

Bien podría advertirse que el fortalecimiento económico de Ecopetrol en los últimos años se debe más a los altos precios del petróleo que a la gestión de los últimos presidentes de la compañía Isaac Yanovich (2002 – 2008) y Javier Gutiérrez Pemberthy (2008 - 2015).

Si ellos hubieran sido previsivos y visionarios, hoy no estaríamos lamentando el despido de más de dos mil empleados directos de Ecopetrol y más de 20 mil contratistas, la caída en la exploración, la sísmica y la perforación, la suspensión de los programas de renovación de la refinería de Barrancabermeja (US$4 mil millones) ni los altos costos de la ampliación de la refinería de Cartagena (US$7.000 millones) que debió entrar en funcionamiento hace dos años ni mucho menos apelar al endeudamiento externo por US$1.925 millones ($4.62 billones) equivalente a más de una reforma tributaria, dizque para invertir en los programas de desarrollo de la empresa.

Pero aunque Ecopetrol se marchita, los gobernantes, el Congreso y los entes de control, se hacen los de la vista gorda frente a la suerte de la empresa modelo e insignia de los colombianos.