SANTOS: ¿SE LA JUGARÁ POR LA REFORMA TRIBUTARIA?

El Ministro de Hacienda,Mauricio Cárdenas, 

en una lánguida sesión del Senado, exponiendo su 

Reforma Tributaria Estructural

Si bien puede pasar a la historia como el Presidente de la Paz, terminaría su mandato con el más bajo índice de popularidad por cuenta de la Reforma Tributaria Estructural.

Pasado el ajetreo político derivado de la elección del Procurador General de la Nación, el Congreso de la República se apresta ahora a desbrozar, socializar y discutir la Reforma Tributaria –la segunda del Gobierno de Juan Manuel Santos- y muy seguramente, tomando en cuenta la nota de urgencia con la cual fue remitida, aprobarla a “pupitrazo”  limpio antes del 20 de diciembre próximo, cuando termina la primera etapa de esta legislatura.

Ya se ha vuelto costumbre por parte de los gobiernos de turno dejar para última hora aquellas iniciativas que por su complejidad merecen amplia discusión, prevalidos de la liviandad con que la mayoría de los congresistas asumen la función de legislar y porque conocen de sobra que al olor de la miel todos caen como abejas para exigir su tajada en vísperas de la navidad.

Y aunque en todos los ángulos de la actividad nacional hay voces disonantes en contra del esperpento de la reforma, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas insiste en meterle miedo a la gente, asegurando que si no se aprueba el proyecto el país “irá a la quiebra”, como si esa iniciativa fuera un mandato divino y los colombianos tuviéramos que “tragar entero”.

El ministro Cárdenas justifica su insistencia para la aprobación del proyecto, en la caída de las finanzas como consecuencia del bajonazo en el precio internacional del petróleo, el cambio climático, el descenso de la actividad minera, el derrumbe de la inversión extranjera, la búsqueda de recursos para el posconflicto y hasta en la obesidad de los colombianos.

Pero se le olvida que las malas prácticas administrativas fueron las causantes de la crisis que hoy vive el país y que los responsables fueron los gobiernos del nuevo milenio, que no ahorraron en la bonanza para enfrentar las situaciones de las épocas de las “vacas flacas”.

Para la muestra un botón:

En 2004, el presidente de la época, Álvaro Uribe, ordenó, sin necesidad, ampliar hasta el 2020 el contrato de asociación (que vencía en ese año) con la Chevron Texaco para la explotación del gas de La Guajira, negociación en la cual perdió Ecopetrol US$87 millones de dólares y regalías para la Guajira por más de US$600 millones de la época.

Ese mismo año, cuando todo el mundo sabía que el petróleo que se cotizaba entonces a US$32 barril, subiría de precio por las guerras que afectaban al Medio Oriente, Ecopetrol se apresuró a vender a futuro las existencias exportables durante un año y un mes después la cotización del crudo era de US$52 b.

En 2008 llegó la bonanza petrolera, alcanzando el crudo una cotización histórica de US$$141.9 b, pecio que se mantuvo casi un año, pero el gobierno de la época utilizó a su antojo las transferencias que en un solo período alcanzaron $24 billones. En ese mismo año se vendió el 20 % de Ecopetrol, se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Partiendo en dos la operación petrolera y se ordenó la construcción de la Refinería de Cartagena, por un valor inicial de US$3.500 millones, que se convirtieron seis años después en casi US$8.000 millones.

Cuando asumió Juan Manuel Santos, el precio el crudo se cotizaba a US$75 b; al finalizar su primer gobierno el precio del WTI era de US$120 b; pero como su antecesor, utilizó también los recursos de Ecopetrol para tapar el hueco fiscal, olvidándose de invertir en exploración, sísmica, y producción, con lo cual las reservas se han disminuido considerablemente, a la par que cayó el valor de las exportaciones como consecuencia de la menor cotización en el precio internacional del petróleo.

Santos que durante su campaña, advertía de los peligros de la “enfermedad holandesa”, puso en marcha los TLC, comenzando con el de Estados Unidos, abrió nuevos convenios en todas las latitudes que al final terminaron afectando la productividad nacional y privilegió la actividad minera sobre otros sectores de la economía nacional. La industria se vino a menos y el desempleo hoy es latente, aunque este no se refleja en los índices del DANE, porque la evaluación se hace sobre quienes aportan al sistema de salud y pensiones, lo cual es obligatorio hoy en el país, incluso para los “varados”.

En poco tiempo se cerraron industrias de fertilizantes e insumos y la producción en el campo se vino a menos. En seis años, Santos ha tenido que enfrentar tres paros agrarios y no ha sido capaz su gobierno de cumplirle las promesas al sector. Esa situación se ve reflejada en los altos índices de la inflación que no ha logrado controlar el Banco de la República.

Ni que decir del transporte que también incide en el peso de la “canasta familiar”: un paro anual –el último de los cuales por casi tres meses- y el sector aún se siente desprotegido y con las promesas incumplidas por el gobierno.

Pero hay otros factores que contribuyen a la crisis actual:

En los últimos 15 años, además de la privatización de Ecopetrol, se vendieron, sólo durante el periodo de Uribe Vélez 49 empresas del Estado como el Banco Cafetero, Telecom, Granahorrar, la Caja Nacional de Previsión Social, el Incora, el Inat, el Instituto de Fomento Institucional IFI, Carbocol, Minercol, y todas las generadoras de energía regionales, entre otras y el dinero, más de 20 billones de pesos, se destinaron a la mal llamada seguridad democrática. Luego Santos, vendió la segunda parte de las acciones de Ecopetrol e Isagen, con el pretexto de tapar un hueco fiscal que a principios de este año alcanzaba los $30 billones.

Frente a este desolador panorama económico, fiscal y financiero, en el cual la imprevisión y el derroche de dineros públicos, es evidente, ahora nos piden a los colombianos austeridad y sacrificio para estabilizar al Estado.

Mientras el ministro Cárdenas, anuncia a través de los medios que no afectará a las clases populares, su reforma aumenta el IVA en productos claves de la canasta familiar y se extiende el tributo a otros que antes no lo tenían como los huevos, las frutas, las verduras, la carne y el pollo, etc.

Esa misma reforma establece un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas como las gaseosas, no como dice el ministro con fines de salud pública sino para destinar esos remanentes de azúcar a la producción de etanol, cuya industria es protegida con exenciones por parte del Estado.

También se aumentará el precio de los combustibles con el nuevo impuesto por contaminación de $135 por galón, como si no tuviéramos la gasolina y el ACPM de los más caros del mundo. Lo peor es que aunque nuestras refinerías se surten con petróleo colombiano y lo procesamos en refinerías colombianas, lo pagamos a precios internacionales en dólares, a boca de pozo en el territorio colombiano.

La misma reforma modifica el impuesto de retención en la fuente que se hará extensiva a partir de ingresos totales por $1‘487.650, incluidas las mesadas de los pensionados, para lo cual se aplicará una tarifa marginal del 10 %.

En medio del esfuerzo que hacen los colombianos por sobrevivir, al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas solo se le ocurre buscar recursos, torciéndole el pescuezo y metiéndole la mano al bolsillo de los trabajadores, los asalariados, los pensionados, los tenderos, zapateros, los peluqueros y las manicuristas, obligándolos a pagar retención en la fuente o “monoimpuestos”, que lo único que hacen es disminuir su capacidad económica.

Mientras el ministro de las finanzas se devana los sesos pensando en ahorcar a los asustados colombianos, se le escapan los grandes evasores, los contrabandistas y los estafadores de cuello blanco socios de chatarreros y constructores de pirámides, que por lo general pasan de agache frente a las autoridades judiciales.

Es tan impopular la Reforma Tributaria Estructural, que el propio vicepresidente Germán Vargas Lleras, que funge como superministro de infraestructura y que tiene en sus manos el manejo de la Vivienda Sin Cuota Inicial, convocó desde la Casa de Nariño, a una marcha en contra del proyecto que nunca fue socializado, y al parecer ni consultado con los demás miembros del gabinete.

Tremenda carga tiene Santos hoy a sus espaldas, pues parece que la mayoría de los partidos políticos, se unirán para atajar la iniciativa del ministro Cárdenas y aunque Juan Manuel, pase a la historia como el presidente de la paz, podría terminar su mandato como el más impopular de los mandatarios.

¡DESPIERTE, PRESIDENTE!

Presidente Juan Manuel Santos (Foto SIG)

En una entrevista con la agencia española de noticias EFE, el Presidente Juan Manuel Santos no descarta que se convoque a un nuevo plebiscito, para refrendar las enmiendas planteadas por quienes ganaron con el “NO” en la jornada democrática del 2 de Octubre, pasando por alto, otra vez, el mandato popular que recibió de todos los colombianos para hacer la paz con las FARC en las elecciones de 2014.

Si lo que Santos busca en esta ocasión es el asentimiento de Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Martha Lucía Ramírez, el exprocurador Alejandro Ordóñez y algunos sectores religiosos, a las enmiendas realizadas antes de hacer público el Acuerdo Final, pues que se los envíe por correo. De todas maneras le buscarán el quiebre.

Daría la impresión de que el Presidente Santos está claudicando en su carácter y la energía como mandatario, permitiéndole a quienes siempre han sido sus contradictores, imponer sus criterios, aún a costa del abrumador respaldo, manifestado en todo el país en las últimas semanas, para ponerle punto final a la discusión e implementar el Acuerdo Final que nos conduzca a una paz estable y duradera.

Una cosa es que quienes ganaron tímidamente con el NO en el plebiscito, puedan formular sugerencias para mejorar esos acuerdos y que se acojan –en la mesa de La Habana- aquellas que no cambien el sentido ni distorsionen los puntos claves que por seis años consecutivos se discutieron entre los representantes del Gobierno y las FARC. Otra bien distinta, es que ellos impongan el criterio para la elaboración de un nuevo acuerdo, que muy seguramente daría al traste con el proceso de paz.

Santos, por pretender ser excesivamente garantista, se equivocó al convocar un plebiscito para refrendar los acuerdos y se equivocará por segunda vez si convocara un nuevo proceso, pues quedaría en evidencia que el voto de casi ocho millones de colombianos, con los cuales ganó para un segundo mandato, ni le van ni le vienen, porque para él es más importante mantener contentos a quienes siempre se han mostrado como sus enemigos.

El voto de la mayoría de los colombianos en 2014, avaló el triunfo de Santos, sólo por su compromiso de hacer la paz. Lo demás de su programa, sabíamos de sobra que no lo iba a cumplir, como no ha cumplido en materia de restitución de derechos a los trabajadores, la salud, la protección del medio ambiente, equidad para con los pensionados, protección a las madres comunitarias, la protección a la niñez desamparada, el mejoramiento de la justicia; ni mucho menos se han adoptado medidas para controlar la corrupción, la impunidad, el despilfarro y la politiquería en el Estado.

Ahora está empeñado en sacar adelante –contra viento y marea-, la Reforma Tributaria, en la que nadie cree, ni siquiera su vicepresidente Germán Vargas Lleras, que pide a los colombianos, desde el interior del mismo Gobierno, aunar fuerzas para impedir que avance semejante esperpento.

Según voceros de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Plebiscito por la Paz del 2 de octubre nos costó $280.000 millones, sin contar el valor de la campaña publicitaria calculada en $80.000 millones. Una nueva jornada de este tipo podría alcanzar la suma de $400.000 millones, sólo en la parafernalia de la organización del proceso democrático.

Para hacer un comparativo, este dinero que gastamos en plebiscitos, equivale al presupuesto general para 2017, de una capital como Bucaramanga. La pregunta es: ¿Disponemos de ese dinero? Y, si es así, entonces no es cierto que para sanear las finanzas, tengamos que someternos a la tortura que nos impone la proyectada Reforma Tributaria.

Así, los colombianos que votamos en 2014 por Juan Manuel Santos con la única condición de hacer la paz, estamos quedando como idiotas útiles. Pues cada vez que a un político, empresario o notable comerciante, se le ocurre una nueva idea para hacer sostenible el proceso, hay que correr a replantear la negociación con las FARC.

¿Acaso, esos señores, son más importantes que el campesino, el trabajador, el estudiante o las ocho millones de víctimas en este conflicto de más de medio siglo y que de consuno clamamos por la paz?

¡Despierte, Presidente! 


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FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, NUEVO PROCURADOR

Fernando Carrillo Flórez

Procurador General de la Nación

El abogado y economista liberal Fernando Carrillo Flórez fue elegido este jueves en el Senado como Procurador General de la Nación por 92 votos de los 95 que fueron depositados en la urna, de una terna en la cual también figuraron la exmagistrada María Mercedes López y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo.

Carrillo obtuvo la más alta votación en toda la historia de esa elección. 

La elección de Carrillo no generó sorpresas, pues varios días antes se había convenido su nombre por parte de una coalición integrada por las bancadas de los partidos Liberal, la U, Cambio Radical y un sector amplio del conservatismo, aunque al inicio de la sesión en el Senado se generó una discusión por la cantidad impedimentos que se presentaron y que debieron ser resueltos por la plenaria.

Carrillo Flórez, es abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá con dos maestrías en Harvard (una de la Escuela de Derecho con énfasis en finanzas públicas y otra en la Escuela de Administración, en políticas públicas).

Su inicio en política lo hizo al lado de las  juventudes del Movimiento Nuevo Liberalismo liderado por Luis Carlos Galán Sarmiento y a los 21 años comenzó a dictar clases de Derecho Constitucional y Derecho Económico en varias universidades de Bogotá como La Javeriana, Los Andes, La Sabana y El Rosario.

Participó en el movimiento de la "Séptima Papeleta"  y fue presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente. Y con ello, uno de los creadores de figuras como la Fiscalía y la Corte Constitucional.

En el gobierno de César Gaviria se desempeñó ministro de Justicia; representante y vocero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID);  ante la Organización de Estados Americanos – OEA;  fue subdirector de la Oficina del BID en Paris y representante de BID en Brasil.

En 2010 el presidente Juan Manuel Santos lo nombró Director de la Agencia Jurídica de Defensa de la Nación y más adelante fue Ministro del Interior, de donde salió para ocupar el cargo de Embajador de Colombia en España.

Carrillo de 53 años, sucede en el cargo al conspicuo y polémico conservador Alejandro Ordóñez Maldonado, quien fue destituido hace un par de meses por el Consejo de Estado, por irregularidades en su reelección en 2012.

El nuevo jefe del Ministerio Público se propone recuperar las funciones de la Procuraduría como veedora del respeto por la Constitución y las leyes; velar por el estricto cumplimiento de la función pública y la ética de los funcionarios.

Otro de sus propósitos es restablecer el diálogo entre las entidades del Estado, delimitar las funciones de la Procuraduría e impedir rivalidades con los demás organismos de control.

Carrillo considera que la Procuraduría debe constituirse en un puente entre las Ramas del Poder Público y coadyuvar al fortalecimiento de la justicia.

La procuraduría –dice Carrillo- debe estar comprometida con la paz, siendo garante de la implementación de los acuerdos y la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Su periodo de cuatro años comienza el primero de enero de 2017.

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LA PAZ: UN MANDATO POPULAR

“No hay camino para la paz, la paz es el camino”.

Mahatma Gandhi

Con su reelección en 2014 Juan Manuel Santos se convirtió en el Presidente de 48 millones de colombianos y por su triunfo en las urnas recibió el mandato para hacer la paz. Pero ahora resulta que por permitirle opinar al pueblo en un plebiscito para mejorar el Acuerdo suscrito con las FARC, los triunfalistas del NO pretenden darle una especie de “golpe de Estado”, conspirando desde el exterior, como lo hacen los expresidentes, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y el español José María Aznar.

Antes de hacer un análisis respecto  de los Acuerdos de Paz  y las consecuencias del Plebiscito –que nunca debió ser convocado-, bien vale la pena recordar algunas cifras que desaparecen  como por encanto de la efímera memoria de algunos colombianos y que se empecinan, tercamente, en llenar de abrojos el camino hacia la reconciliación.

Santos ganó las elecciones para un segundo periodo en 2014 por 7.816.986 votos, con una ventaja de un millón de votos sobre su oponente del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, quien nunca pudo superar la derrota. La abstención sobre un censo electoral de 32.975.158 votos fue de 52%, lo cual está por debajo de la línea media histórica en este tipo de elecciones.

Quienes votaron por Santos no lo hicieron para que gobernara solo por quienes creyeron en su programa. Lo eligieron para que tutelara los derechos de toda la Nación, incluidos quienes apoyaron a Zuluaga y a los que pertenecen a esa franja mayoritaria que prefiere apartarse de la participación democrática, a veces por desconocimiento de los deberes que implica la ciudadanía, por apatía política, ignorancia o resentimiento frente a la sociedad.

Y quienes ungieron a Santos como Presidente, lo hicieron movidos, por su compromiso para alcanzar la paz con las FARC. Ese es el mandato popular que se le brindó, aún por encima de todos los otros componentes de su programa, que si bien son un complemento no constituían el eje esencial de su compromiso con el país, como sí lo era el de ponerle punto final a una guerra fratricida de más de 50 años.

Quizás Santos no trascienda como un gran reformador, pero su empeño por lograr la reconciliación si lo catapultará a la historia como el hombre que se jugó todo su prestigio político nacional e internacional por silenciar los fusiles y armar el tinglado para una paz que no se encuentra a la vuelta de la esquina. Por algo se ganó el Nobel.

Esa es la razón por la cual se empecinó en realizar un plebiscito, pretendiendo que los colombianos, aún aquellos que no veían con buenos ojos los puntos del documento suscrito en Cartagena, pudieran manifestarse y, entre todos, perfeccionar el Acuerdo Final, que si bien, como se dijo no era perfecto, si era un buen punto de partida para hacerlo mejor.

Las cosas no le salieron bien a Santos y en el plebiscito, del cual despotricaron tanto los afectos al senador Álvaro Uribe y su Partido Centro Democrático, ganaron los del “NO” con 6.431.376 votos frente a 6.377.482 sufragios. El abstencionismo fue del 62.57%, el más alto de la historia electoral colombiana.

La coalición del NO de la cual formaron parte el Centro Democrático, un sector del conservatismo liderado por Andrés Pastrana y Martha Lucía Ramírez, algunas iglesias cristianas, un sector del catolicismo y sectores empresariales y estudiantiles, ganó por un escaso margen de 53.894 papeletas, equivalentes al 0.84%.

Prevalidos de esa votación, el senador Uribe Vélez y su Centro Democrático, pretenden ahora, que el Jefe del Estado acoja en un 100 por ciento las enmiendas enunciadas al Acuerdo Final, desconociendo los demás sectores que también formularon reservas al Pacto de La Habana y han abierto un nuevo frente de descrédito contra Santos.

El jefe del Estado anunció en una corta alocución el jueves último que daba por concluida la recepción de propuestas de diversos sectores políticos y sociales para reconstruir el Acuerdo con las FARC y mencionó que en ellas había “unas viables, otras difíciles pero no imposibles y otras inviables” y recordó que el mandato para hacer la paz lo recibió en las elecciones de 2014.

El pronunciamiento del Primer Mandatario no gustó al Centro Democrático que se sintió aludido con las “propuestas inviables” y promulgaron un comunicado en el cual advertían que Santos “desafió a los colombianos que votaron a favor de la paz y en contra del acuerdo que suscribió con las FARC”.

Antes había fracasado una reunión entre los uribistas y el abogado de las FARC, porque estas últimas consideraron como una “trampa” las aspiraciones planteadas en un documento de 19 páginas, en las cuales se le negaba la participación política de esa guerrilla y pedían que se volviera al modelo de la justicia transicional que se aplicó para los paramilitares en su gobierno en lugar de la fórmula del tribunal internacional.

El propio senador Álvaro Uribe Vélez, ha sido retador contra el Gobierno y las FARC, manifestando en algunos trinos que están listos para “dar la batalla política”, lo cual ha sido interpretado en sectores de la coalición de gobierno como una amenaza para aumentar la confrontación.

En efecto, tanto Álvaro Uribe como Andrés Pastrana y algunos miembros del Centro Democrático, han resuelto abrir nuevos frentes para desprestigiar la negociación en Cuba, conspirando desde el exterior contra el proceso de paz, pidiendo en foros y conferencias la cabeza de Santos, para lo cual se han acompañado de personajes como el expresidente del gobierno español, José María Aznar y algunos medios extranjeros.

Entretanto, los negociadores del Gobierno en la mesa de La Habana, viajaron con las distintas propuestas, para, en un término prudente, hacer los ajustes necesarios al Acuerdo Final, bajo la premisa marcada por el propio Santos de que no se modificarán los puntos esenciales y que la paz se hará porque ese fue el mandato para el cual fue elegido por los colombianos.

Y los colombianos, todos sin excepción, debemos estar expectantes para impedir que se trunque el sueño de dejar a nuestros hijos y nietos un país en paz.

VUELVE EL TREN AL MAGDALENA MEDIO

Foto Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

Este es el tren de prueba que a partir de este miércoles 19 de octubre recorrerá 767 kilómetros sobre las márgenes del Río Magdalena, entre el puerto de Santa Marta (Magdalena) y La Dorada (Caldas).

Esta iniciativa, es un esfuerzo articulado entre el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); la Sociedad Portuaria de Santa Marta, el Concesionario Fenoco, la Unión Temporal Ferroviaria Central, la empresa OPL Carga, la multinacional Hold Trade Atlántico y con el respaldo del Reino Unido.

En este corredor se unen las líneas Santa Marta - Chiriguaná, actualmente en operación y Chiriguaná - La Dorada, en la cual se invirtieron más de $114.000 millones en su recuperación entre el 2014 y 2016, dijo Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

El tren, de 160 metros de longitud, con 2 locomotoras y 20 plataformas cargadas de contenedores con productos como cemento, acero, alambre y envasados, atravesará los departamentos de Magdalena, Cesar, Santander, Antioquia y Caldas. Con ello se sincronizará la operación portuaria, la actividad ferroviaria y el transporte por carretera.

Con el tren de prueba se busca evidenciar el estado de la vía férrea existente, y la eficiencia complementaria del transporte terrestre, como un asunto de interés nacional.

Para garantizar la seguridad de la prueba, Fenoco ha desplegado un operativo especial con la colaboración de la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena para el adecuado tránsito del tren, tomando todas las medidas preventivas necesarias en los pasos urbanos y empleando más de 560 personas sobre la vía entre operadores, vigilantes y paleteros.

CUANDO EL PERIODISMO PIERDE SU BRÚJULA

Reporteros asediando al senador 

Álvaro Uribe Vélez (Foto archivo)

Que mal le hacen algunos medios a la democracia y al proceso de paz en Colombia publicando entrevistas y notas sesgadas, sin confrontar personajes, reorientando preguntas y haciendo suposiciones que desmarcan la realidad jurídica y social del país. Ellos terminan siendo “idiotas útiles” de politiqueros que pretenden desestabilizar las instituciones.

Vale la pena recordar el Artículo 20 de la Constitución Nacional: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

¿Y QUIEN RESPONDE POR PIEDAD?

En una de sus misiones humanitarias, Piedad Córdoba, 

recibió en las selvas colombianas a Gloria Polanco de Lozada,

 luego de ser liberada por las FARC. (Foto AFP)

Los dos fallos del Consejo de Estado que le permitirán a la exsenadora Piedad Córdoba retornar a la vida pública, tienen, no sólo la connotación de la reivindicación de la dirigente para con el pueblo que la eligió antes de ser destituida sino además, la implícita censura al exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado por sus actuaciones indebidas, sesgadas y políticamente malintencionadas, que lo colocan como el peor jefe que haya pasado por el Ministerio Público en muchos años.

Y es que Ordóñez Maldonado se ensañó en contra Córdoba desde cuando en noviembre de 2008, fue ungido en el cargo por una abrumadora mayoría de 81 votos de 102 posibles. En ese entonces, la dirigente perteneciente, por la época, al Partido Liberal, se apartó de las mayorías.

Buena parte de los congresistas, incluyendo a los liberales dijeron haber votado, “tapándose la nariz”, no obstante las críticas por las posiciones radicales ultraderechistas de Ordóñez y su tendencia a absolver a impúdicos congresistas en el Consejo de Estado, cuando fungió como su Presidente.

Ordóñez conocía las posturas independientes de Córdoba y su matiz izquierdista que siempre la caracterizaron en la actividad política y que la condujeron a hacer parte de la Comisión de Paz del Senado y posteriormente como gestora de paz, avalada por los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, primero y, luego, por Juan Manuel Santos.

Esa cercanía necesaria de Piedad con las FARC, que le permitió ser mediadora esencial en la liberación de numerosos secuestrados en poder de esa guerrilla y supuestos documentos hallados en poder de los computadores de Raúl Reyes, dado de baja durante la Operación Fénix, le sirvieron de base a Ordóñez para tumbar su curul e inhabilitarla por 18 años para ejercer cargos públicos.

Seis años después, la Corte Suprema declaró la ilegalidad de los documentos recolectados en los computadores de Reyes y falló a favor de la excongresista, advirtiendo que no existían pruebas que le permitieran al Ministerio Público inferir su vinculación a la que se denominó como la “Farcpolítica”. Además muchos de esos documentos habían sido manipulados y los correos alterados.

Ordóñez, miembro de Tradición Familia y Propiedad, se congraciaba con el sector más ortodoxo de la Iglesia Católica y sacaba a flote su odio homofóbico, casando peleas por posiciones religiosas incluso con la Corte Constitucional.

Era evidente cómo el exprocurador aprovechaba su cargo, para sancionar a quienes no estaban de su lado o que podrían constituir un obstáculo en su carrera a una eventual candidatura presidencial, mientras exoneraba a sus amigos y copartidarios de la extrema derecha como en el caso de la “Yidispolítica” las “chuzadas” o la "parapolítica".

A medida que fueron saliendo sus amigos del Consejo de Estado y estos fueron reemplazados, las cosas comenzaron a cambiar y la esperanza volvió a muchos de los encartados por investigaciones disciplinarias impuestas por Ordóñez.

Uno de esos casos, es la destitución e inhabilidad por 12 años que dictó la Procuraduría General de la Nación contra el ex alcalde de Medellín, Alonso Salazar, por participación en política, considerada como “exagerada” por los magistrados y quienes cambiaron la sanción  por una simple amonestación.

Otras investigaciones en poder hoy del Consejo de Estado son las referentes al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, inhabilitado en primera instancia, por el caso de las basuras y luego por la aprobación del POT; la destitución del profesor de la Universidad Nacional Miguel Ángel Beltrán, señalado de ser colaborador con las FARC y las denuncias que implican al senador Iván Cepeda por presionar, supuestamente, a paramilitares presos para que declaren en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Y volviendo al caso de Piedad Córdoba, nunca antes, un dirigente político colombiano recibió una sanción disciplinaria tan severa como la muerte política definitiva que se le impuso a esta mujer que siempre se ha caracterizado por esgrimir las banderas de la paz y de los derechos humanos.

Con todo esto, desde distintos escenarios se considera que Alejandro Ordóñez Maldonado -apoyado por un grupo de conservadores recalcitrantes, quien hoy saca pecho al lado de los uribistas y algunos pastores homofóbicos, por el triunfo del NO en el plebiscito-, no puede quedar impune frente a tantas atrocidades cometidas en desarrollo de su gestión como Procurador, cargo para el cual fue reelegido de manera ilegal e inconstitucional.

Y en esos mismos escenarios, los colombianos nos preguntamos: ¿Será que además de los reajustes de impuestos que se nos vienen encima por virtud de la Reforma Tributaria, nos tocará a los contribuyentes meternos la mano al bolsillo para pagar las indemnizaciones millonarias que se generarán por los fallos sesgados de Ordóñez?

En el solo caso de Piedad Córdoba (senadora 2010 -2014) las reclamaciones a las cuales tiene derecho, podrían alcanzar la cifra de los $2.500 millones, tomando en cuenta que se le dejaron de pagar 44 mesadas en el Congreso, desde cuando fue destituida en noviembre de 2010.

Debe tomarse en cuenta la indexación, el pago de prestaciones sobre un salario de la época de $25.915.432; el lucro cesante y el daño emergente; las presiones sicológicas a las cuales fue sometida tanto ella como su familia y las constantes amenazas que tuvo que soportar.

El Artículo 90 de la Constitución Nacional señala que “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.

De manera, que el Procurador General de la Nación que resulte elegido en el Senado, tendrá la obligación de buscar por todos los medios que Ordóñez Maldonado, pague al Erario, los dineros que por su culpa se generaron en indemnizaciones por sus apasionados actos.

¿O será que como el ejemplo cunde, "tomará las de Villadiego", como los funcionarios del Centro Democrático, procesados y condenados por graves delitos, que hoy se encuentran prófugos en distintas partes del mundo?

NOTA AL MARGEN:

Piedad Córdoba anunció que la indemnización que el Estado tendrá que pagarle por la destitución que resultó ilegal, la destinará a fortalecer el papel de las mujeres víctimas.

LAS PROPUESTAS DEL NO Y LA ADVERTENCIA DE SANTOS

Se abre el diálogo con el ELN: 50% ya está adelantado. OEA alaba decisión.

PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS 

NÓBEL DE LA PAZ

Pese a la movilización mediática del senador Álvaro Uribe con sus 10 puntos para reformar el Acuerdo con las FARC, los comisionados del Centro Democrático no presentaron ante la comisión de diálogo el documento respectivo y continuaron en su maniobra dilatoria. La reunión fue aplazada para el miércoles 12 de octubre.

En contraposición a la diplomacia de los comisionados del Gobierno, presididos por el Ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, quien asegura que se comenzaron a buscar acercamientos entre ambas partes, el propio Uribe –quien asistió a la reunión del lunes- justificó la dilación advirtiendo que “este no es un tema de retoques sino de revisar temas de fondo, porque si la paz hiere nuestra democracia, esa paz no dura”.

El jefe del Centro Democrático pidió que las conversaciones se hagan públicas” porque evita tergiversaciones del Gobierno sobre lo que allí decimos” y dejó entrever que su propósito es tomarse el tiempo que sea necesario para que podamos hacer un examen cara a cara de cada uno de los capítulos del acuerdo”.

El lunes, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez desmintió que hubiese propuesto un modelo de justicia transicional distinto al establecido en los acuerdos con las FARC, como lo aseguró el propio Uribe Vélez al plantear que se aplicara en ese punto, el modelo de Justicia y Paz que se usó en la desmovilización de los paramilitares.

El líder del NO en el plebiscito, también sugirió la creación de una sala transicional en la Corte Suprema de Justicia para reemplazar el Tribunal Especial de Paz  propuesto en los acuerdos para juzgar a los actores del conflicto armado, sean guerrilleros, militares o funcionarios.

En torno a esta posición, congresistas, académicos y grupos de víctimas, han expuesto que la pretensión de Uribe, es impedir que se cumpla el requisito de verdad, reparación, justicia y no repetición, con lo cual podría resultar afectado por los excesos cometidos durante su gobierno.

Otros de los aspectos planteados por Uribe y que han generado polémica se refieren a una supuesta  amnistía para guerrilleros y militares, con lo cual –al decir de muchos- se privilegiaría la impunidad para altos oficiales incursos en falsos positivos, masacres y delitos de lesa humanidad en conjunto con paramilitares.

También pide Uribe renegociar un punto no incluido en el acuerdo y que se refiere a la conexidad del narcotráfico con el delito político.

La posición pastranista

Entretanto el expresidente Andrés Pastrana, quien de soslayo también ganó con el NO en el plebiscito junto a la exministra Martha Lucía Ramírez, pidió la renegociación  de los acuerdos con las FARC y evitar que estos se sumen al bloque de constitucionalidad.

No obstante Pastrana –al igual que Uribe-, ha sugerido que los diálogos se realicen sin la premura del tiempo.  Un ingrediente más para dilatar la adopción de una solución conjunta que destrabe el proceso.

El lunes, Pastrana, le envió una carta al Presidente Santos, en la cual expresa su molestia por el mal trato que según él, han recibido los líderes del NO en el plebiscito.

“La respuesta de funcionarios del Gobierno a nuestro ramo de olivos es cada día más beligerante, diametralmente opuesta a lo expresado por usted en privado”, señaló Pastrana, tras advertir la utilización de un “lenguaje desbocado e ideas contradictorias que no aportan a la construcción de la paz”.

Pastrana en varias ocasiones ha hecho mención de las posturas adoptadas tanto por el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y de la Canciller María Ángel Holguín, de quienes ha sugerido que deben ser relevados del Gobierno.

Los reparos de Pastrana al Acuerdo con las FARC, se refieren, entre otros, a la Reforma Rural Integral, de la cual dicen que debe empezar por la devolución de tierras de las cuales se apropiaron; la participación política para los guerrilleros, que según aseguran tiene más ventajas que garantías para ellos; que se aclaren las facultades que tendrá la Unidad Especial de Investigación y que se cree la Jurisdicción Especial para la Paz dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

Los puntos sobre las íes

El lunes último, el Presidente Santos, tras anunciar que el 27 de octubre se iniciará la fase pública de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), le dijo a los líderes del NO en el plebiscito, que está dispuesto a aproximarse en los ajustes que plantean a los acuerdos de La Habana, pero les pidió que “no dilaten” ese diálogo, que “no presenten propuestas imposibles” y que sean “realistas”.

“Lo importante ahora es que salgamos pronto de la incertidumbre” -dijo Santos-, tras recordar que las propuestas que surjan en las mesas de diálogo “serán analizadas y discutidas entre el Gobierno Nacional y las FARC”.

La Organización de Estados Americano (OEA), celebró el anuncio conjunto hecho desde Caracas sobre la iniciación de los diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN y lo calificó como “un avance hacia la paz completa” en Colombia.

DE LA ESTRATEGIA AL TEMOR DE URIBE VÉLEZ

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Ahora que se sabe cuál fue la estrategia del NO, quienes votaron por esa opción quedaron como unos apátridas "ignorantes" que ni siquiera se tomaron el trabajo de sopesar el daño que hacían a los colombianos.

Pero cuál fue la estrategia:

De acuerdo con el gerente de la campaña por el NO, el ex senador uribista Juan Carlos Vélez en declaraciones al diario LA REPÜBLICA, se obtuvo financiación por $ 1.300 millones de 30 personas naturales y 30 empresas, entre quienes figuran la Organización Ardila Lülle, el Grupo Bolívar, el Grupo Uribe, Codiscos y Corbeta. “Los miembros de la junta de la ANDI decían que iban a votar por el Sí, pero realmente muchos iban por el No”.

Vélez admitió que parte de la estrategia consistía en que la gente se enfureciera tergiversando los mensajes de la campaña, sin explicar los acuerdos para centrar los mensajes en la indignación, es decir aprovechándose de la ignorancia de la gente y su imposibilidad por consultar los acuerdos.

El senador Álvaro Uribe no se demoró en regañar a Juan Carlos Vélez por ponerlo en evidencia ante la opinión pública al usar tretas desleales, inmorales, antipatrióticas, ilegales y “engañar” a sus votantes haciéndoles creer que sus fines eran altruistas.

Esta no es la primera vez que el Centro Democrático incurre en este tipo de prácticas. Recordemos como Óscar Iván Zuluaga fue acusado por las interceptaciones ilegales que realizó el ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda desde la campaña presidencial del uribismo, por lo cual se le sigue un proceso ante la Corte Suprema de Justicia.

Ahora que busca supuestos acercamientos dizque para “mejorar los Acuerdos de la Habana”, menos hay que creerla Uribe, pues –como todo lo suyo- agazapado en mentiras, solo busca impunidad para militares incursos en falsos positivos (como lo hizo con paras) para ocultar sus culpas y evitarse procesos ante la Corte Penal Internacional.

La Corte al avalar el plebiscito advirtió del uso de este tipo de maniobras desestabilizadoras y obligaba a que el plebiscito estuviera precedido por una intensa campaña de información sobre los acuerdos, tal como lo hizo el SI.

Conocidas las denuncias que implican a Uribe y al Centro Democrático en publicidad engañosa, es oportuno preguntarnos:

 ¿En dónde está el Consejo Nacional Electoral, para que de inmediato se le abran investigaciones, por constreñimiento al elector? ¿Por qué el silencio cómplice de la Corte Constitucional, de la Fiscalía y de la Procuraduría?

La paz es un mandato constitucional que está por encima de los partidos y constituye un derecho inalienable del pueblo y su preservación es un deber de los gobernantes: Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Lo demás lo dejo a la consideración de los colombianos.

SIN PAZ NO HAY FUTURO

       PASTRANA - URIBE - SANTOS

Juan Manuel Santos, aunque aún está a tiempo de rectificar, pudo haber pasado a la historia como el presidente de la paz, pero casó tres peleas al mismo tiempo prevalido de su ego: La ratificación de los acuerdos en el plebiscito con el uribismo; la reforma tributaria con la élite económica del país y la adopción ligada a una nueva enseñanza de ideología de género en la educación, con los católicos y cristianos de la ultraderecha, con lo cual perdimos todos los colombianos.

Qué difícil será ahora recuperar lo perdido:

Tendremos que explicar ante la comunidad internacional –que tanto nos han apoyado para superar el conflicto- porqué ganó el NO con apenas el 18.24 % de un total de 34.899.945 colombianos mayores de edad con capacidad de pensar y aptos para acudir a las urnas.

No parece lógico que un país como Colombia tenga una democracia tan débil y manipulable, en donde por razones políticas de ultraderecha, económicas, religiosas y de género, una pírrica minoría se imponga frente al derecho inalienable de más de 48 millones de personas a vivir en paz. 

¿Será que le estamos dando la razón al expresidente de Uruguay, José Mujica, en reciente visita a Medellín, cuando dijo que los colombianos no pueden ser tan “tarados” de desaprovechar esta oportunidad para la reconciliación?

Más difícil aún será conciliar los intereses de la paz con un grupo que sistemáticamente se ha negado buscar acuerdos, coincidencias y afinidad con el Gobierno Santos, pese a las invitaciones que el propio mandatario les hizo desde hace dos años a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, para que guiaran con sus luces la parte crucial de las negociaciones en Las Habana.

Los dos expresidentes, esperaron a que se “cocinara” el Acuerdo Final, para arreciar sus críticas, sin aportar, en cambio nada positivo, para mejorar el documento, que en cambio sí tuvo el aval de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la comunidad internacional y todos los países del mundo, especialmente de aquellos en donde hubo conflictos similares que ya fueron superados.

Incluso la Corte Penal Internacional, lo consideró como “un logro histórico para Colombia” y resaltó que no se incluyeran amnistías o indultos para los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra. Un documento en tal sentido fue suscrito por Fatou Bensouda, fiscal de la CPI, quien durante los 4 años de negociaciones siguió de cerca el proceso.

El 12 de agosto último, con ocasión del XVIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, sobre Justicia transicional, Paz y Pos conflicto, el Papa Francisco en un mensaje leído por el Arzobispo José Daniel Falla, hizo votos por los esfuerzos de reconciliación entre el Gobierno colombiano y las FARC.

Pero los promotores del NO resultaron más papistas que el papa e indujeron a error a los votantes, con mentiras insistentes, tergiversando los puntos del Acuerdo con lo cual obtuvieron una mínima mayoría, pero al fin y al cabo mayoría en el plebiscito.

Los resultados son la consecuencia del error del Primer Mandatario, al convocar a un plebiscito para ratificar los acuerdos de La Habana, cuando él tenía la potestad, por un mandato superior de ponerlos en vigencia, máxime si la Corte Constitucional le había dado el aval al Marco Jurídico para la Paz (25 de julio de 2013), aprobado un año antes por el Congreso (Acto Legislativo 01 de 2012).

La importancia del Marco Jurídico para la Paz reside en que “prioriza” los delitos en la investigación y la "selección" de los responsables, que de otra manera, investigarlos y juzgarlos por los 304.000 hechos denunciados durante el conflicto tomaría un siglo.

Pero eso tampoco lo tuvieron en cuenta los promotores del NO, que en su acción vindicativa solo buscan meterle más palos a la rueda de la paz y dilatar las decisiones ya tomadas que no deben ser modificadas en lo esencial, pues también a Santos se le reeligió, más que por sus erradas o acertadas decisiones de gobierno, para hace la paz.

Vale la pena destacar como en un debate en el Consejo de Manizales el senador Uribe dijo que “es mejor quedarse 20 años negociando con las FARC en la Habana y con los que estén en Colombia concentrados cumpliendo con el cese de todos los delitos, y dándoles todas la garantías que aprobar estos acuerdos ahora”.  ¿Esa es la voluntad de paz de quienes votaron por el NO?

¿Y, ahora, porqué el Gobierno y los colombianos deben creer en la voluntad de paz de los comisionados uribistas, que ni siquiera estuvieron en la reunión convocada por Santos en la Casa de Nariño? ¿Es el Centro Democrático la única oposición a la cual hay que escuchar? ¿Qué pasará con los dos sectores restantes que también votaron por el NO y que muy seguramente tienen exigencias para con el Gobierno? ¿Estarán dispuestos todos a sentarse con la guerrilla de las FARC en La Habana para discutir los temas que podrían salvar el acuerdo?

Uribe formuló tres propuestas para que se continúe con el proceso de paz: Amnistía a guerrilleros, protección efectiva para las FARC y alivios judiciales para las Fuerzas Armadas. Dos de estos puntos están resueltos en el Acuerdo y el tercero implica tras bambalinas mantener la impunidad (de la que tanto habla) para los militares presos, acusados hoy de crímenes de lesa humanidad y de auspiciar el paramilitarismo, del cual tanto sabe el exmandatario. Lo difícil es que las FARC acepten sus planteamientos y que el uribismo deponga los ánimos para admitir las razones y planteamientos de la guerrilla.

De lo que se decida, depende que el ELN se siente a negociar el segundo capítulo del proceso.

Al finalizar el presente artículo, se anunció que los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, irían el miércoles temprano a la Casa de Nariño para reunirse con el Presidente Juan Manuel Santos. Ojalá haya un entendimiento para que salgamos pronto de la indecisión y la incertidumbre y veamos la luz al final del túnel. ¡Que el Gran Hacedor los ilumine!