¿Y QUIEN RESPONDE POR PIEDAD?

En una de sus misiones humanitarias, Piedad Córdoba, 

recibió en las selvas colombianas a Gloria Polanco de Lozada,

 luego de ser liberada por las FARC. (Foto AFP)

Los dos fallos del Consejo de Estado que le permitirán a la exsenadora Piedad Córdoba retornar a la vida pública, tienen, no sólo la connotación de la reivindicación de la dirigente para con el pueblo que la eligió antes de ser destituida sino además, la implícita censura al exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado por sus actuaciones indebidas, sesgadas y políticamente malintencionadas, que lo colocan como el peor jefe que haya pasado por el Ministerio Público en muchos años.

Y es que Ordóñez Maldonado se ensañó en contra Córdoba desde cuando en noviembre de 2008, fue ungido en el cargo por una abrumadora mayoría de 81 votos de 102 posibles. En ese entonces, la dirigente perteneciente, por la época, al Partido Liberal, se apartó de las mayorías.

Buena parte de los congresistas, incluyendo a los liberales dijeron haber votado, “tapándose la nariz”, no obstante las críticas por las posiciones radicales ultraderechistas de Ordóñez y su tendencia a absolver a impúdicos congresistas en el Consejo de Estado, cuando fungió como su Presidente.

Ordóñez conocía las posturas independientes de Córdoba y su matiz izquierdista que siempre la caracterizaron en la actividad política y que la condujeron a hacer parte de la Comisión de Paz del Senado y posteriormente como gestora de paz, avalada por los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, primero y, luego, por Juan Manuel Santos.

Esa cercanía necesaria de Piedad con las FARC, que le permitió ser mediadora esencial en la liberación de numerosos secuestrados en poder de esa guerrilla y supuestos documentos hallados en poder de los computadores de Raúl Reyes, dado de baja durante la Operación Fénix, le sirvieron de base a Ordóñez para tumbar su curul e inhabilitarla por 18 años para ejercer cargos públicos.

Seis años después, la Corte Suprema declaró la ilegalidad de los documentos recolectados en los computadores de Reyes y falló a favor de la excongresista, advirtiendo que no existían pruebas que le permitieran al Ministerio Público inferir su vinculación a la que se denominó como la “Farcpolítica”. Además muchos de esos documentos habían sido manipulados y los correos alterados.

Ordóñez, miembro de Tradición Familia y Propiedad, se congraciaba con el sector más ortodoxo de la Iglesia Católica y sacaba a flote su odio homofóbico, casando peleas por posiciones religiosas incluso con la Corte Constitucional.

Era evidente cómo el exprocurador aprovechaba su cargo, para sancionar a quienes no estaban de su lado o que podrían constituir un obstáculo en su carrera a una eventual candidatura presidencial, mientras exoneraba a sus amigos y copartidarios de la extrema derecha como en el caso de la “Yidispolítica” las “chuzadas” o la "parapolítica".

A medida que fueron saliendo sus amigos del Consejo de Estado y estos fueron reemplazados, las cosas comenzaron a cambiar y la esperanza volvió a muchos de los encartados por investigaciones disciplinarias impuestas por Ordóñez.

Uno de esos casos, es la destitución e inhabilidad por 12 años que dictó la Procuraduría General de la Nación contra el ex alcalde de Medellín, Alonso Salazar, por participación en política, considerada como “exagerada” por los magistrados y quienes cambiaron la sanción  por una simple amonestación.

Otras investigaciones en poder hoy del Consejo de Estado son las referentes al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, inhabilitado en primera instancia, por el caso de las basuras y luego por la aprobación del POT; la destitución del profesor de la Universidad Nacional Miguel Ángel Beltrán, señalado de ser colaborador con las FARC y las denuncias que implican al senador Iván Cepeda por presionar, supuestamente, a paramilitares presos para que declaren en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Y volviendo al caso de Piedad Córdoba, nunca antes, un dirigente político colombiano recibió una sanción disciplinaria tan severa como la muerte política definitiva que se le impuso a esta mujer que siempre se ha caracterizado por esgrimir las banderas de la paz y de los derechos humanos.

Con todo esto, desde distintos escenarios se considera que Alejandro Ordóñez Maldonado -apoyado por un grupo de conservadores recalcitrantes, quien hoy saca pecho al lado de los uribistas y algunos pastores homofóbicos, por el triunfo del NO en el plebiscito-, no puede quedar impune frente a tantas atrocidades cometidas en desarrollo de su gestión como Procurador, cargo para el cual fue reelegido de manera ilegal e inconstitucional.

Y en esos mismos escenarios, los colombianos nos preguntamos: ¿Será que además de los reajustes de impuestos que se nos vienen encima por virtud de la Reforma Tributaria, nos tocará a los contribuyentes meternos la mano al bolsillo para pagar las indemnizaciones millonarias que se generarán por los fallos sesgados de Ordóñez?

En el solo caso de Piedad Córdoba (senadora 2010 -2014) las reclamaciones a las cuales tiene derecho, podrían alcanzar la cifra de los $2.500 millones, tomando en cuenta que se le dejaron de pagar 44 mesadas en el Congreso, desde cuando fue destituida en noviembre de 2010.

Debe tomarse en cuenta la indexación, el pago de prestaciones sobre un salario de la época de $25.915.432; el lucro cesante y el daño emergente; las presiones sicológicas a las cuales fue sometida tanto ella como su familia y las constantes amenazas que tuvo que soportar.

El Artículo 90 de la Constitución Nacional señala que “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.

De manera, que el Procurador General de la Nación que resulte elegido en el Senado, tendrá la obligación de buscar por todos los medios que Ordóñez Maldonado, pague al Erario, los dineros que por su culpa se generaron en indemnizaciones por sus apasionados actos.

¿O será que como el ejemplo cunde, "tomará las de Villadiego", como los funcionarios del Centro Democrático, procesados y condenados por graves delitos, que hoy se encuentran prófugos en distintas partes del mundo?

NOTA AL MARGEN:

Piedad Córdoba anunció que la indemnización que el Estado tendrá que pagarle por la destitución que resultó ilegal, la destinará a fortalecer el papel de las mujeres víctimas.