martes, 21 de diciembre de 2021

VOX POPULI, VOX DEI

 

José Antonio Mantilla

Prensa Andina (Bogotá D.C., 21 – 12 – 2021)

Cada vez me desilusiono más, no de la política sino de quienes aspiran a los cargos de poder en Colombia. La ejercen, no como una actividad a favor de un pueblo sino como la oportunidad para alcanzar estatus, dignidades y riqueza, particulares.

Por eso poco o nada importan los ideales ni mucho menos las necesidades insatisfechas de quienes votan por ellos.  Y si para alcanzar sus metas es necesario aliarse hasta con el propio Satanás pues se hace, porque para ellos –como en El Príncipe de Maquiavelo- el “Fin justifica los medios”.

Y en un primer análisis de quienes aspiran hoy a la presidencia de Colombia, el panorama es oscuro y desapacible. Todos coquetean con la ilegalidad, con narcos, con comerciantes e industriales con capitales en paraísos fiscales; razón por la cual cada vez más aparecen en sus listas del Congreso, personas cuestionadas o con  nexos con “narcoparapolíticos”.

Entre los cuestionados aparecen Oscar Iván Zuluaga, el primero en resultar ungido, quien representa al Centro Democrático, partido creado por el controvertido expresidente subjudice, Álvaro Uribe Vélez.

El segundo es el representante de la “Coalición de la Experiencia”, Alejandro Char, cacique político de la región Caribe, exalcalde y heredero electoral de la Casa Char, quien tiene encima 28 procesos por supuesta corrupción. Él alcanzó más de 2 millones 800 mil firmas en un tiempo record de diez días.

Su cuestionada victoria dejó por fuera las aspiraciones del Partido Conservador con David Barguil; las del Partido de la U con su directora Dilian Francisca Toro (Alfil del uribismo) y la de los exalcaldes de Bogotá, Enrique Peñalosa y de Medellín Federico Gutiérrez. Estos últimos también criticados por sus amañadas prácticas durante sus administraciones.

En la denominada “Coalición Centro Esperanza”, Se disputan el honor de su representación cinco candidatos, todos ellos disidentes del Partido Liberal, con excepción de uno proveniente del Partido Verde.

Se trata de Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo y Carlos Amaya. Fajardo con un proceso fiscal encima, por los manejos de Hidro Hituango y su posición “tibia” en la política; el segundo parece no repuntar en las encuestas aunque dice haber presentado un millón 300 mil firmas para su nominación; y finalmente Galán, a quien se le atribuye manejos oscuros de dinero a través de la Fundación Luis Carlos Galán, a la cual se han orientado millonarios fondos del Estado. Los dos últimos no aparecen como opciones en las encuestas.

Y en este juego de coaliciones aparece la izquierda (que al contrario de lo que piensan los de la derecha, no está tan extrema) con el “Pacto Histórico”, cuya voz cantante es el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a quién sus salidas en falso le han generado todo tipo de críticas, pero cuyo solo nombre genera terror entre los demás grupos políticos en disputa, por arrasar en todas las encuestas.

Pero Petro también ha estado coqueteando con sectores o personas al margen de la ley, facilitándoles renglones en las listas para congreso, por encima de las críticas de quienes forman parte de su propia coalición. Incluso, Francia Márquez, una lideresa social del Cauca, quien representa los intereses de la afrocolombianidad, ha estado amagando con irse del pacto, si no se le respetan los puestos en las listas para senado y Cámara. Sobre todos estos hechos, Petro ha guardado silencio.

Finalmente queda –entre los más visibles- el candidato Rodolfo Hernández, un ingeniero y exalcalde de Bucaramanga, protagonista de escándalos, hechos bochornosos, y quien también tiene procesos por los cuales lo investiga la Fiscalía General de la Nación. Uno de sus denuncias tiene que ver por la entrega de contratos sin el lleno de requisitos legales y por saltarse los procesos de licitación, para favorecer a uno de sus hijos.

Su inscripción en la Registraduría la hizo con un millón 800 mil firmas. Y aunque en las encuestas siempre aparece como segundo después de Gustavo Petro, su favorabilidad no le daría para disputarse la presidencia en la eventualidad de una segunda vuelta. Dice disponer de más de diez mil millones de pesos para financiar su campaña y para la confección de listas al Congreso les pidió dinero a los candidatos.

Ojalá tengamos en las próximas elecciones, la capacidad para valorar el poder del voto y nos convirtamos en veedores para impedir un nuevo zarpazo a la democracia. Y que los gobernantes que resulten de las urnas, entiendan la máxima latina “Vox populi, vox Dei: “La voz del pueblo es la voz de Dios”.




jueves, 9 de diciembre de 2021

REGRESAMOS AL OSCURANTISMO Y LA CENSURA PERIODÍSTICA

 

Prensa Andina (Bogotá D.C., 09-12-2021).-

Las organizaciones de periodistas del mundo se están pronunciando en contra del “mico” incluido en una ley en Colombia y que establece cárcel y multas para los periodistas que investiguen o publiquen informes sobre corrupción de los funcionarios o exfuncionarios públicos o de sus familiares y allegados.

La iniciativa fue promovida e incluida en un proyecto de ley “anticorrupción”, por un polémico Representante a la Cámara de Cambio Radical, uno de los partidos que apoyan al gobierno de Iván Duque, impuesto por el expresidente y “dueño” del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, actualmente investigado por la Corte Suprema de Justicia, por sus nexos con grupos paramilitares.

Reproducimos el artículo publicado por Infobae, la edición en línea del diario Buenos Aires Económico (BAE) en el cual se hace una radiografía de la situación generada por la aprobación de esa ley:

A pesar de las críticas que recibió el ‘mico’ en el Proyecto de Ley Anticorrupción, promovido por el representante de Cambio Radical César Augusto Lorduy Maldonado, este fue aprobado, pues la posibilidad de sacarlo del proyecto se esfumó cuando perdió esa votación por 73 votos contra 51.

“El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”, se lee en el polémico artículo.

Asomedios, FLIP y organizaciones a favor de la libertad de prensa elevaron sus voces en rechazo a esta proposición que, aprobada mayoritariamente por la bancada de gobierno, sienta un histórico precedente negativo para el ejercicio de la prensa y los derechos democráticos en Colombia.

Lorduy Maldonado es conocido en el mundo de la política por su gran cercanía con la casa Char, que ha impulsado su carrera política, como lo señaló El Tiempo, Lorduy fue fórmula de Arturo Char para la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de 2018 y ganó con 77.467 votos, y actualmente es la primera para la Cámara de todo el partido Cambio Radical en Colombia.

Sin embargo, por estos días esta siendo recordado por un proceso por homicidio culposo que terminó en vencimiento por la muerte de Alicia Mercedes Ribaldo, que murió producto de una bala. Una de las que recordó el episodio fue Catherine Juvinao que comentó en twitter “El representante Lorduy, el mismo que quiere promover censura a la prensa frente a denuncias contra servidores públicos, fue expulsado del sector privado en Barranquilla por conductas de acoso contra varias mujeres. Tiene también una acusación por feminicidio. Tremenda joya”.

Ante las acusaciones, Cuestión Pública recordó que Lorduy declaró, hace 42 años que ocurrió el hecho, que el arma se accionó en un hecho involuntario que conllevó a la muerte de Alicia. Clara Pardo, mamá de la víctima, dijo en Caracol Radio que “las personas que estaban allí […] en el momento de los hechos, me contaron que él tomó el arma, le quitó el seguro y le disparó -le dijo te voy a matar-”. Sin embargo, la denuncia no tuvo efecto alguno, nunca se esclareció el hecho y pudo llegar a ocupar un cargo público sin ningún inconveniente, pues el profeso finalizó por vencimiento de términos.

“Eso es lo que me asegura mi abogado […] eso ocurrió hace más de 43 años. El abogado Miguel Bolívar Acuña se encargó del asunto. Yo era un tipo joven, un niño, y […] obtuve mi libertad”, dijo Lorduy en W Radio.


Otra polémica que lo envuelve es su apoyo incondicional a Karen Abudinen, exministra quien salió de su cargo a partir del escándalo de Centro Poblados y también muy cercana a la casa Char. Lorduy lideró la oposición a la moción de censura en dónde Abudinen debió responder por el anticipo de 70 mil millones girados al consorcio Centros Poblados para desarrollar un contrato que llevaría conectividad a miles de colegios en las zonas rurales y que finamente desaparecieron.

 


jueves, 25 de noviembre de 2021

¿CANDIDATOS PROSCRIBIERON EL TEMA DE LA PAZ EN DEBATE PRE ELECTORAL?

 Prensa Andina (Bogotá D.C., 25 – 11 – 2021). –

El sacerdote jesuita Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, dijo hoy que en el actual proceso electoral, el tema de la paz, fue proscrito.

Dice que “durante este Gobierno la paz se empequeñeció pues desafortunadamente hoy en día el proceso de paz es políticamente incorrecto. Ni los candidatos quieren mencionar la paz”.

“La paz fue recibida por el Estado durante este Gobierno en una forma que empequeñeció lo que realmente había acontecido. Lo que se pactó no fue la paz de las Farc para las Farc, sino la posibilidad de la paz para este país”, afirmo el sacerdote jesuita.

Se refiere a que los candidatos actuales no quieren abordar los asuntos sensibles de la paz por temor a perder imagen en época preelectoral. Pero el asunto es más grave, pues ni los periodistas -con muy pocas excepciones- se atreven a preguntarles sobre el proceso de paz y los temas que giran a su alrededor. Pareciera que existe una consigna en los medios para sustraer del debate el tema de la paz.

 

sábado, 13 de noviembre de 2021

EL RETORNO A LA DICTADURA

 

Por José Antonio Mantilla

Prensa Andina (Bogotá D. C. – 13 - 11 – 2021)

El Presidente Iván Duque, cuando el sol comienza a alumbrarle sus espaldas, decidió mostrar su verdadera faceta, como reacción al fallo que devolvió a su maestro y protector Álvaro Uribe Vélez, a la condición de imputado (de la cual nunca debió salir), y resolvió pasarse por la faja la Constitución y la ley, en venganza contra los colombianos.

Su anuncio frente al falló de un juez de Bogotá, ordenando la suspensión de la sanción del artículo que prácticamente acaba con la Ley de Garantías, desencajó al mandatario, lo desequilibró y le nubló la razón.

 Y así desquiciado y fuera de sus cabales, hizo en televisión el anuncio perentorio: “Un juez de la República no le puede decir a un presidente qué debe objetar o qué no debe objetar porque eso sería violar la constitución colombiana. Nosotros firmamos la ley y la firmamos con ese artículo y se hará todo el proceso judicial que corresponda en el debate sobre ese artículo”.

Sobra advertir que una ley ordinaria, como la que contiene el artículo que acaba con la Ley de Garantías, no puede derogar una ley estatutaria.

Su postura, solo se asimila a los intentos de reforma a la” justicia constitucional” del gobierno del dictador Gustavo Rojas Pinilla (1953 – 1957) y contradice totalmente sus críticas y se coloca a la par o quizás más allá de sus imaginarios enemigos Nicolás Maduro y Daniel Ortega.

Y mi observación respecto de la similitud entre Rojas Pinilla y Duque, no es a priori, pues el primero de ellos, simpatizante AAA del fascista generalísimo Francisco Franco de España, generó todo tipo de tensiones políticas entre la Corte Suprema y su gobierno militar con el propósito de controlar la justicia y limitar a su juez constitucional. El segundo, sin mencionar el apoyo non sancto a su campaña, ha intentado volver trizas la paz, a puesto a sus amigos y aliados en la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, hace caso omiso a la crítica y se ha puesto al lado de quienes violan la ley y la constitución, asumiendo la defensa de su mentor, el expresidente Uribe, como lo ha hecho ahora, sin respetar la majestad de la justicia y las altas cortes.

Su postura en defensa del artículo metido como un “mico” en la Ley de Presupuesto, no determina sino un ataque directo a la mandíbula de los electores, que creen que irán a las urnas con las garantías necesarias para ejercer su derecho al voto de manera libre, sin percatarse de que previamente, se habrá frustrado la voluntad popular, colocando las fichas del gobierno en los puestos claves del orden nacional, departamental y local y entregando el presupuesto a través de contratos millonarios amañados, colocando la balanza en favor de los corruptos.

Y lo peor, es que la propia Registraduría Nacional del Estado Civil, está infilrada, es un boquete abierto hacia el despilfarro, la desidia y la corrupción y al decir de algunos congresistas, ya tienen listo el fraude para impedirle al pueblo llegar con un candidato con sensibilidad social, defensor del medio ambiente y afecto a una economía inclusiva.

Nada detiene ni le importa al mandatario, prevalido de que los órganos de control del país están en sus manos y que su impunidad está garantizada, pues en caso de una denuncia, esta irá directamente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, en donde todos los procesos mueren por inanición.

¿Qué perspectiva de país le entregará el que dijo Uribe al próximo mandatario? Un  país endeudado, sin obras de beneficio social, arrinconado y desesperado, por la corrupción, la desidia oficial, la muerte de cientos de líderes sociales, protectores del medio ambiente y exmilitantes de las FARC.

Y las clases dirigentes siguen sin inmutarse frente a la realidad, pues saben que un pueblo sin hambre, culto y pensante, es un pueblo que no podrán manejar.

#DespiertaColombia.

 


martes, 2 de noviembre de 2021

GOBIERNO DE COLOMBIA AL MARGEN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

La deforestación principal problema 

del cambio climático



Por José A. Mantilla

Prensa Andina (Bogotá D. C. – 2–11–2021)

El presidente colombiano Iván Duque en un intento por quedar bien en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se desarrolla en Glasgow, Escocia, se ha dado a la tarea de fotografiarse con los grandes mandatarios del mundo, para “chicanear” en Colombia, en lugar de cumplir con los mandatos de las anteriores conferencias.

Busca de esa manera, usando todos los medios de publicidad a su alcance, elevar su imagen favorable, hoy apenas en un lánguido 24%.

Y la prensa nacional, hace aparecer al mandatario como “el personaje central” en la reunión en donde se estudian medidas para hacerle frente al cambio climático mundial. El mejor ejemplo es el titular de El Tiempo que confunde a la opinión: Duque y Biden “coinciden” en Glasgow. Como si el mandatario norteamericano estuviera de acuerdo con la política colombiana en materia medioambiental.

Lo que Duque está haciendo, es generando expectativas para seguir endeudando a Colombia con millonario créditos en dólares, supuestamente para invertirlos en la reforestación de nuestras selvas y bosques nativos, así como en la preservación de nuestros páramos y luego usar esos fondos para tapar los huecos archimillonarios que ha dejado en sus tres largos años de un mandato oscuro.

En este periplo por Europa, Duque ha suscrito empréstitos por cerca de mil millones de dólares (unos $3.8 billones), que se suman al total de la deuda que a junio de 2021 alcanzó US$157.492 millones (51,7 % del PIB), según el Banco de la República. Difícil panorama económico para un próximo presidente.

Y es que ya se ha convertido en costumbre que en vísperas de las reuniones ambientalistas mundiales, Duque hace anuncios que luego ni siquiera es capaz de sostener, como el del año pasado de sembrar 180 millones de árboles antes de 2022.

Al contrario de su anunció, según cifras del IDEAM, a 2020, solo la amazonia colombiana, registraba una deforestación de 109 mil hectáreas, un 13 por ciento más que en diciembre de 2019. Y en todo el país, según las mismas fuentes, se perdieron en un solo año 171.685 hectáreas de bosques.

Mientras tanto regiones como el Amazonas, Chocó o el Caribe colombiano siguen desprotegidos y a merced de las mafias que amparadas en las decisiones de funcionarios públicos arrasan con las selvas y las convierten en hatos pastoriles como recientemente ocurrió en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.

El Gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido con el Acuerdo de Escazú suscrito el 4 de marzo de 2018 y cuyo proyecto duerme el sueño de los justos en los anaqueles de la Comisión Segunda del Senado, porque según el Presidente Duque “existen instrumentos nacionales e internacionales que ya vinculan al país en materia de protección para defensores medioambientales”.

Mientras tanto, en los 39 meses que lleva su gobierno han asesinado a más de 400 líderes ambientales. Solo el año pasado a 65 de ellos les cegaron la vida en distintas circunstancias, según un informe de Global Witness; y de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en lo corrido de 2021, han sido asesinados más de medio centenar de protectores ambientales.

El primer tratado ambiental regional vinculante y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores ambientales, comenzó a aplicarse desde el 22 de Abril de este año (Día de la Tierra) con la ratificación de todos los países asistentes, menos Colombia, en donde el Presidente Duque, incluso, se niega a enviar una nota de urgencia para el trámite de la iniciativa en el Congreso.

Pero en cambio, sigue avanzando la economía extractiva, además de  la perforación “piloto” mediante el fracking, para la extracción de petróleo. En este último trimestre, se entregaron áreas de exploración y explotación minera de oro y cobre a 11 compañías extranjeras.

Otras 70 esperan aún las licencias, entre ellas algunas que aspiran a explotar yacimientos en zonas de páramo en Santander, Antioquia, Caldas, Valle y Nariño, considerados como enclaves para la producción de agua de poblaciones aledañas.

En otras áreas del país, el gobierno insiste en continuar con la fumigación aérea para acabar con los cultivos prohibidos, y de paso con la vida de muchos campesinos. ¿Por qué no dotar a estas poblaciones de los recursos para la explotación de sus tierras y reorientar créditos a largo plazo para que puedan desarrollar programas productivos legales?

¿Será que frente a este panorama, seremos capaces de contribuir para alcanzar el enfriamiento de la tierra
en dos grados por los próximos años y garantizar su supervivencia?

Solo queda una premisa: “o todos nos unimos o muere el planeta”.


lunes, 25 de octubre de 2021

PARA QUÉ INTELIGENCIA MILITAR SI FUNCIONAN MÁS LAS RECOMPENSAS?

 

PRENSA ANDINA Bogotá D.C, 25 – 10 - 2021

A “Otoniel” no lo localizaron ni capturaron gracias a la inteligencia militar ni de las autoridades de investigación, que según el Mindefensa, en varias oportunidades lo tenían rodeado y ubicado en las  montañas de la vereda La Pita en Turbo, Antioquia.

Al narcoparamilitar lo capturaron, según ellos mismos, gracias a  la información de terceras personas movidas por los $3.000 millones ofrecidos por las autoridades colombianas y que nunca se sabrá si se pagan o no. Veremos si el Gobierno de Estados Unidos que ofrecía US$5 millones por su cabeza, paga la recompensa.

El 15 de junio de este año, las autoridades, con la ayuda de supuestos soplones capturaron a 14 personas las cuales relacionaron con “Otoniel”, entre ellos a una mujer, pero nunca llegaron al corazón de su campamento. Dijeron, entonces, que él estaba enfermo y sin alimentos.

Cuando se inició la Operación Agamenón, el 2 de febrero de 2015, las autoridades aseguraron que en 70 días desmantelarían al Clan del Golfo; pero no fue así.

Hoy más de seis años después, si bien, fue capturado Dairo Antonio Úsuga, la guerra no parará, pues desde hace algún tiempo, “Otoniel” había sido desplazado, muy seguramente con su anuencia, por quienes ampliaron los territorios de su accionar delictivo.

En estos seis años han muerto 135 miembros del Clan y 85 uniformados, en esa guerra, se han registrado numerosos incidentes que involucran a campesinos inocentes, por los campos que han sido minados o los accidentes en desarrollo de asaltos aéreos.

Y cada vez es mayor la producción de coca, porque con la siembra los campesinos obtienen su sustento y el Gobierno parece haberles dado la espalda. Tampoco hay acciones efectivas en contra de los traficantes y muchos menos de quienes se lucran con su envío a los centros de consumo en el exterior.

Nuestras fuerzas Militares parecen ancladas en el pasado, y a los altos mandos ni al gobierno parece interesarles acabar con la subversión y con los grupos narcoparamilitares, pues es el caballito de batalla para sostener la caña del desvío de fondos y el desgreño administrativo y presupuestal.

 ¿Cómo así que aún hoy, las Fuerzas Militares, los organismos especializados y de Policía, tienen que esperar a que surja desde la maraña algún soplón para ubicar a los cabecillas de la delincuencia organizada, como si no estuviéramos en la era de la Internet y del espacio?

¿En dónde queda la tecnología militar y la inteligencia artificial?

Ah, cierto que, $70 mil millones de pesos y quizás mucho más, se perdieron en las contrataciones de la Ministra de Comunicaciones Karen Abudinen, que resolvió tomarse vacaciones en el exterior, en momentos en que la Corte Suprema de Justicia, la llama a indagatoria.


viernes, 1 de octubre de 2021

CONDENADO POR PARAPOLÍTICA EXGOBERNADOR DE ANTIOQUIA

Prensa Andina (Bogotá D. C., 01-10- 2021).-

El expresidente del Congreso de Colombia y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, fue condenado hoy por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a 7 años y 11 meses de prisión, por el delito de concierto para delinquir en la modalidad de promover grupos paramilitares, lo cual en el argot popular se denomina como “parapolítica”.

Señala la sentencia que el exsenador fue apoyado por “organizaciones criminales para sus campañas al Congreso y a la Gobernación, a cambio de múltiples acciones como permitir que las bandas o combos operaran en Medellín y Bello (esta última, una población vecina a la capital antioqueña), sin oposición de la Fuerza Pública; así como acordar en una reunión en 2005 su apoyo para que el texto de la ley de justicia y paz que tramitaba el Congreso resultara beneficiosa a los grupos paramilitares”.

La ponencia del magistrado Ariel Torres dice que Ramos “de manera consciente y voluntaria y, por demás, libre, concertó con los grupos de autodefensa aceptar el apoyo que le ofrecían en dinero y votos para las campañas que adelantó hacia al Senador de la República y la Gobernación de Antioquia a cambio de promoverlas en desempeño de sus funciones como efectivamente ocurrió siendo senador”. En la sala solo hubo un salvamento de voto del magistrado Jorge Caldas.

Se expresa también en la sentencia que es “evidente” la influencia de los paramilitares (grupos ilegales armados) a nivel social, económico y político en Antioquia y el propio ramos era consciente de que, aliarse con grupos al margen de la ley era un delito.

En la sentencia se tuvo en cuenta tanto el testimonio de Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, así como el de cinco paramilitares más.

Señala el magistrado ponente, que las alianzas realizadas entre Ramos y los paramilitares, “fueron actos planeados que se gestaron a través de las distintas reuniones consolidadas durante varios años a partir de 2001”.

Según la sentencia, Ramos como presidente del Congreso, prestó su concurso para que la “Ley de Justicia y Paz” fuera más benévola, pese a no contar con la anuencia del Gobierno.

De confirmarse la sentencia, Luis Alfredo Ramos pagará además una multa de 7.749 salarios diarios mínimos legales vigentes (unos US$70.000) y permanecerá en libertad hasta que se resuelva la apelación de este fallo que pasaría ahora a la consideración de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Hoy, el Presidente Iván Duque no dudó en defender a Ramos y manifestó que “es una persona que ha pasado por muchas adversidades y que saldrá adelante porque es una persona que tiene toda la honorabilidad como ciudadano y le ha servido mucho al país”.  


jueves, 23 de septiembre de 2021

EL GOBIERNO PLANTEA ELECCIONES SIN GARANTÍAS

José Antonio Mantilla

Prensa Andina (Bogotá D. C., 23 – 09 - 2021)

El Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en medio de su sonrisa socarrona, comenzó a sacar las uñas y ahora pretende meternos los dedos a la boca, defendiendo el “mico” del tamaño de King Kong, que acaba de un plumazo con la Ley de Garantías Electorales.

El conspicuo ministro sugiere que se suspenda la prohibición en las entidades oficiales de contratar y designar personal tanto al nivel nacional como regional y local, dizque para reactivar la economía y el trabajo en “época de pandemia” y sugiere que de otra manera no podría ponerse en ejecución la reforma tributaria que bajo supuestos beneficios sociales fue aprobada hace un par de semanas en el Congreso.

La Ley de Garantías prohíbe a gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de Entidades Estatales del orden municipal, departamental y distrital celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro (4) meses anteriores a cualquier elección.

El artículo en la ley de presupuesto señala:

“A partir de la publicación de la ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y territorial podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”.

Con esta “jugadita”, el gobierno de Iván Duque –inmerso en la peor corrupción en la historia del país- no solo atenta contra el orden institucional del país sino que pretende tomar ventaja plena con la compra de votos  tanto para las elecciones de Congreso como para las de Presidente de la República. Y, eso, sin contar con que tienen la Registraduría Nacional del Estado Civil y las autoridades electorales atadas a su amaño.

#DespiertaColombia. 

martes, 31 de agosto de 2021

¡SE ME CHISPOTIÓ…!

El exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, cayó en su propia red y lo que hizo en una semana de precandidato, parece haberlo arrojado al cesto de la basura en solo diez minutos.

Eso le pasa a los primíparos por “sobradores” y cuando, creen que para llegar al primer cargo de La Nación, solo bastan los pergaminos que únicamente sirven para colgar en una pared, pero se olvidan del sentido común, la solidaridad social, e independencia política.

Su peor error es no disponer desde el principio de su aspiración de buenos asesores, porque al parecer solo creen en lo que su ego les impone.

Lo que hizo lo colocó al lado de los aspirantes “tibios”, es decir aquellos que en 60 puntos prometen lo divino y lo humano, pero que al llegar (igual que el que dijo Uribe), nunca cumplen lo que dicen, por que resultan ser títeres del sistema.

“Nadie puede disputar los pergaminos académicos de Alberto”, concluyó Gaviria en respuesta en una pregunta que le formularon en la FM, en torno al nombramiento del exministro Carrasquilla como nuevo codirector del Banco de la República, en reemplazo de su esposa, quien renunció.

Pero no cuestionó el nombramiento de Iván Duque, que más parece una “venganza” contra el pueblo que marchó en el paro para exigir el retiro del esperpento de la reforma tributaria.

Se le olvidó que la independencia del Banco de la República se fue al traste, pues los siete codirectores, incluido su gerente general son impuestos por el mismo Presidente Iván Duque.

Y cuando habíamos pensado que teníamos al candidato perfecto para cambiar 20 años de lo mismo, quedamos otra vez en el asfalto político. 

¿Ahora, quién podrá defendernos?






martes, 22 de junio de 2021

CON SOBRETASA GOBIERNO GARANTIZÓ EN EL CONGRESO REFORMA TRIBUTARIA

 

Por José Antonio Mantilla

Prensa Andina - Bogotá D. C., 22 – 06 – 2021


Una nueva sobretasa a los combustibles, con la justificación de que se trata de garantizar el desarrollo de los municipios, departamentos y del Distrito Capital, acaba de aprobar el Congreso, con lo cual la gasolina y el ACPM se convertirán en los más caros en toda la región.

Pero lo que no sabe el común de los colombianos este nuevo tributo, le permitirá al gobierno garantizar –a partir del 20 de julio- la aprobación de la nueva reforma tributaria, además del presupuesto con nuevos cambios e ingredientes en la disposición del gasto para el año entrante, lo cual, muy seguramente, generará  una nueva conmoción social en el país.

Otras normas como la matrícula 0, que tanto reclamaban los estudiantes, fue hundida, en cambio, por los congresistas, lo mismo que la ratificación del Acuerdo de Escazú, que obligaba al gobierno a adoptar medidas para impedir que continúe el asesinato de los líderes ambientalistas y guardabosques en Colombia.

Quedó pendiente votar por la jurisdicción agraria, que pretendía que los jueces se trasladaran hasta las zonas rurales para así acelerar los procesos de restitución de tierras a los campesinos. Tampoco se alcanzó a votar el proyecto que prohibiría el fracking en Colombia porque la mayoría de los congresistas no se presentaron a la sesión, por lo que no hubo quórum.

Muchas otras iniciativas con claro tinte clientelista y populista como la iniciativa de “comida chatarra”, la licencia de paternidad, el trabajo remoto y la reducción de la jornada laboral, esta última que ha generado críticas, expectativa y preocupación en el sector empresarial, pues Precisamente, los gremios de la producción coincidieron en rechazar la iniciativa por considerarla a las políticas que promueven la generación de empleo y reducción de la informalidad. Todas ellas enviadas de inmediato a sanción presidencial.

Y mientras los colombianos estaban anestesiados con los partidos de futbol, fue aprobada la reforma a la justicia, que si bien tiene aspectos positivos también conlleva ingredientes polémicos por la intención del ejecutivo de desintegrar la unidad de las cortes y provocar caos a su interior.

Así mismo fue aprobada la reforma a la Procuraduría que la dota de poderes jurisdiccionales y aumenta el presupuesto en tres billones de pesos y su planta de personal en casi un 25%, para satisfacer los apetitos burocráticos de los congresistas y garantizar en el futuro el plan legislativo del gobierno.

 El Presidente Duque, acostumbrado a engañar a los colombianos, atomizó los artículos de la reforma tributaria que retiró hace casi dos meses, y con cada uno de esos tributos que generaron tanta polémica, construyó  nuevos proyectos que fueron aprobados sin mayor esfuerzo a última hora en el Congreso.

SOBRETASA A LOS COMBUSTIBLES

Pero lo que más indigna a los colombianos es que el presidente Duque convocó al Congreso en sesiones extraordinarias (el lunes y el martes) para forzar la aprobación de la sobretasa a los combustibles, dineros que se convertirán en otro ingrediente de corrupción para favorecer en época electoral a los congresistas afectos al régimen.

No contentos con los denominados “cupos indicativos”, que manejan territorialmente a su antojo los congresistas, ahora se les entrega en bandeja de plata la sobretasa a los combustibles, lo cual no es más que el pago adelantado por la aprobación de la nueva reforma tributaria, que será presentada el 20 de julio, y que contiene los mismos elementos (con simples modificaciones) de la iniciativa que debió retirar el ejecutivo por la presión de la protesta social.

Esa sobretasa evacuada con 59 votos por el sí y 12 por el no definirá los precios de la sobretasa a la gasolina corriente en su tarifa general, que en municipios y distritos será de $940 pesos y la gasolina extra de $1.314, mientras que, en Bogotá, la gasolina corriente tendría una sobretasa de $1.270 pesos y la extra de $1.775.

Pero lo que se le oculta a los colombianos, es que en el componente de la estructura de precios a los combustibles ya existe una “sobretasa” equivalente a “1.218.90 en el galón de gasolina. Es decir que los colombianos tendremos que pagar doble sobretasa, amén de los demás tributos incluidos en el precio de la gasolina motor. Porque según el gobierno, así tendrán los municipios, departamentos y la capital colombiana, dinero para atender al desarrollo vial.

Y para que podamos entender aún mejor la situación, les anexo la estructura de precios de referencia de la gasolina definida en su último reajuste de abril de 2021 por el Ministerio de Minas y Energía:

El porcentaje de la mezcla para la gasolina por ciudad, actualmente se supone en un 4%.

Los precios en Bogotá son como sigue:

Ingreso al productor:                                    $4.484.81

Impuesto nacional:                                             532.85

IVA                                                                     226.55

Impuesto al carbono:                                          152.65

Tarifa de marcación:                                               8.38

Tarifa transporte poliductos:                               414.31

Tarifa transporte alcohol:                                      19.30

 

Precio máximo de venta

al distribuidor mayorista

 

Margen distribuidor mayorista:                            413.70

IVA margen distribuidor may:                                78.60

Sobretasa                                                          1.218.90             

 

Precio máximo venta de abasto

 

Margen distribuidor minorista:                             800.15

Pérdida por evaporación:                                        31.80

Transporte a Estación de serv.                                64.79

 

Precio máximo por galón

Incluida la sobretasa:                                       $ 8.846.78

 

De acuerdo con la norma aprobada, la nueva sobretasa al precio de los combustibles solo podrá aplicarse a partir del 1 de enero de 2023 y su reajuste se hará con base en el índice de Precios al Consumidor (IPC).

La sobretasa, que será distribuida 50% para el mantenimiento de la red vial nacional y 50% para los departamentos, incluido el Distrito Capital, le deja un recaudo de $2,1 billones anuales a las ciudades y departamentos, según la Comisión de Estudios del Sistema Tributario.

El peligro que existe es que los congresistas se aprovechen de la situación y en la misma forma en que se aplican los cupos indicativos (léase auxilios parlamentarios), le exijan a los alcaldes y gobernadores que los contratos se realicen con los contratistas que ellos sugieran, y no haya mayor intervención de los entes de control y se pierdan en el camino los fondos.

 

 


domingo, 30 de mayo de 2021

EL ALUMNO DE MAQUIAVELO

 Por José Antonio Mantilla

Prensa Andina

Bogotá D.C., 30-05-2021

Pareciera que Iván Duque hizo una mala lectura de “El Príncipe” de Maquiavelo, cuando antepone el uso de la fuerza, el desprestigio y la mentira, como su premisa ética para dominar al Estado y conservar el poder.

Entre esas herramientas útiles para el mantenimiento del Estado, Maquiavelo recomienda: “La crueldad y la mala fe”.

Y comienzo por dejarles  estas reflexiones que encontré en algunos textos referentes al “Gran Secretario”:

Respecto del primero de estos vicios, es inevitable recordar las alabanzas del florentino a César Borgia al referirse a la masacre de Sinigaglia, de la cual fue testigo. En este brutal episodio, tres de las familias nobiliarias más importantes del norte de Italia (los Orsini, los Vitelli, y los Oliverotti) fueron "demasiado confiados para meterse entre sus manos". Éste aprovechó para exterminarlos y hacerse de sus partidos y posesiones. La crueldad desempeña, para Maquiavelo, un papel fundamental a la hora de afianzar y demostrar al pueblo el poder del gobernante. También se referirá con entusiasmo al asesinato de Ramiro de Orco, hombre cruel y activo que Borgia había designado como gobernador de la Romaña, pero que por haber acumulado demasiado poder y puesto al pueblo en contra del duque, fue empalado en una plaza pública al lado de la misma cuchilla ensangrentada con que se había realizado la bárbara ejecución.

La crueldad no es políticamente reprochable. Maquiavelo, después de relatar estos episodios, dirá: "Examinadas todas las acciones del Duque, no me atreveré a censurarle ninguna, y sí a ponerle, cual lo hago, como ejemplo" (Maquiavelo, 2002: 55). Por otro lado, en lo que respecta a la crueldad del príncipe contra su propio pueblo, no habrá más reparos que evitar el descontento de la opinión pública; por lo demás, "el príncipe ejercerá su coacción sobre el individuo, por encima del bien y el mal, y hasta el crimen" (Renaudet, 1965: 330).

En lo que respecta al vicio de la mala fe o la mentira, el florentino será muy claro en que, a pesar de que cumplir con las promesas es muy laudable en el ámbito político, no hay, al menos en su tiempo, hombres exitosos en el gobierno y a la vez tocados de tal fidelidad. Por lo tanto, la lealtad es del número de virtudes que no han existido y que, consecuentemente, el príncipe debe evadir: "Los animales de los cuales deben los príncipes revestir sus formas, son la zorra y el león. De la primera aprenderán a ser mañosos y del segundo a ser fuertes. Aquellos que desdeñen hacer el papel de la zorra no entienden bien su oficio; en otros términos, un príncipe debe evitar sostener las promesas que considere contrarias a sus intereses" (Maquiavelo, 2002: 99).

Y retornemos ahora a nuestra deprimida actualidad colombiana.

Según Indepaz, solo en 2021, hasta el corte del 26 de mayo se han registrado en el país 40 masacres con 149 víctimas.

Se trata de defensores de Derechos Humanos, líderes comunales, protectores medioambientales y firmantes del Acuerdo de Paz.

En medio de estos ataques contra indefensos actores de nuestra sociedad, sin que haya una sola captura de los autores de esas masacres (no de asesinatos múltiples, como peyorativamente pretende el Gobierno de Duque minimizar su gravedad y responsabilidad), sigue el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y en el corazón de nuestras selvas, continúa avanzando la deforestación a pasos agigantados, con la anuencia de autoridades nacionales y locales.

Y sobre este último punto basta con advertir sobre las denuncias de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) de origen inglesa, esta semana, en torno a la deforestación en inmediaciones del Parque Nacional de Chiribiquete, una zona protegida y considerada “Patrimonio de la Humanidad” en donde se localizaron hatos de ganado vacuno, cuya carne es distribuida en supermercados como “Éxito y Colsubsidio” y sobre las cuales no hay respuestas del Gobierno.

Y como consecuencia a las promesas incumplidas del Presidente Duque, su poca seriedad en el manejo del Estado, y sus ínfulas de dictador de tercera categoría, estalla en el país entero, un movimiento social sin antecedentes en la historia, que ya cumple más de un mes.

Inmediatamente por presiones de su partido el Centro Democrático, insinuaciones de políticos proclives a la corrupción y al desgreño administrativo; comerciantes, industriales y dirigentes del sector financiero que se han beneficiado de la crisis generada por la pandemia y  órdenes directas (aunque lo niegue) del jefe de su colectividad y “presidente eterno” Álvaro Uribe Vélez, intenta desacreditar la protesta social; se niega al diálogo con los dirigentes de las marchas y fortalece la represión, apelando a veladas tácticas como “militarización” del país.

De esa manera, en forma velada Duque le da un zarpazo a los alcaldes y gobernadores, amenazándolos con sanciones que pueden llegar hasta la sustitución de sus cargos, como si no fueran funcionarios de elección popular; evita el control constitucional a sus decretos e interviene directamente para pretender acabar con los derechos legítimos del pueblo, que no tiene otra alternativa que volcarse a las calles para exigir el respeto a sus demandas y sus derechos.

Y por la terca posición de Duque de negarse al diálogo con los actores en paro, siguen cayendo más vidas en el trascurrir de las marchas. Según la Defensoría del pueblo, van 26 muertos desde el 28 de abril, cientos de heridos y desaparecidos, en un escenario de guerra, en donde el pueblo se mata ante la mirada complaciente de quien dice ser el presidente de los colombianos.

Y todo ese caos lo aprovechan las fuerzas oscuras cercanas al gobierno para incendiar los palacios de justicia a lo largo del país y borrar los expedientes, en su mayoría de restitución de tierras, que en muchos casos, como en el Valle del Cauca, favorecen a algunos ingenios y terratenientes cultivadores de caña, en detrimento de la población más pobre de ese departamento.

Lo peor, es que no se vislumbra aún la luz al final del túnel, mientras se polarizan más las posiciones entre el pueblo y el gobierno y surgen voces como las de Uribe, que pretende que su pupilo adopte posiciones más extremas como las de declarar en “Estado de Conmoción Interior” y se militarice todo el país y de esa manera pueda legislar por decreto haciendo a un lado al Congreso de la República.

De lejos se nota que Duque sigue el libreto que le dicta su maestro, apegado a “El Príncipe”, sin sopesar las razones de una y otra época y simplemente recogiendo su filosofía maquiavélica según la cual “el fin justifica los medios”.


jueves, 20 de mayo de 2021

EL IMPERIO DE LAS CALIFICADORAS DE RIESGO

José Antonio Mantilla

Prensa Andina

Bogotá D.C., Colombia – 2021-05-20

A través de la descalificación organizaciones internacionales, pretenden someter al país a una dictadura fiscal e imponerle al gobierno criterios de recaudo que van más allá de la capacidad física de los contribuyentes del país.

Y los gobiernos débiles como el nuestro, son presa fácil para  estas organizaciones calificadoras de riesgo, que solo amparan las inversiones rentables, en donde el recaudo es fácil y garantiza ganancias archimillonarias para los financistas inversores extranjeros.

Solo basta echar una mirada a los sectores preferidos en Colombia para los inversionistas del capital extranjero: La industria petrolera, la generación y venta de energía, las comunicaciones, la minería, la industria especializada como metal mecánica y la automotriz, la agroindustria y la construcción.

En todos estos sectores, nosotros ponemos la materia prima, la mano de obra barata, los riesgos y hasta la vida de los colombianos y ellos se llevan la mayor tajada, haciéndonos creer que nos están haciendo un favor.

Para la muestra un botón: Ecopetrol, explota a través de convenios con compañías extranjeras nuestro petróleo colombiano, con personal colombiano, en territorio colombiano, y en boca de pozo se lo paga en dólares a las transnacionales; se exporta  y luego reimportamos los productos procesados como la gasolina y el ACPM, que nos obligan a pagar en dólares, disque porque nuestras dos refinerías (Barrancabermeja y Cartagena) no tienen la capacidad para abastecer el mercado y los subproductos son de inferior calidad.

Otro ejemplo claro es lo que ocurrió con Electricaribe, manejada por españoles; entró en quiebra (la única generadora y vendedora de energía en el mundo que se quiebra) y luego entre todos los colombianos tuvimos que pagar los platos rotos y asumir los costos con una sobretasa al kilowatio de consumo, para que la Costa Caribe no quedara a oscuras.

En 2016 el Gobierno colombiano vendió 57,6 por ciento de las acciones de la empresa generadora de energía, Isagen, considerada la más grande e importante del país, al consorcio canadiense Brookfield Asset Management.

Y en Colombia las comercializadoras de energía están en manos de españoles y mes a mes, como para que nadie lo sienta, vienen aumentando el valor del kilovatio de energía, hasta el punto que en lo corrido del año 2021, el reajuste en los recibos es superior al 12%. Lo mismo ocurre con el gas, en manos de Vanti, cuya principal accionista es la canadiense Brookfield con el 54.9% del paquete accionario.

Ni que decir de las empresas de comunicaciones y telefonía celular, en su mayoría extranjeras. Dos de ellas las que más muerden el mercado colombiano son Claro con el 48.61% del mercado; Movistar (telefónica de España) con el 24.06%, Tigo de EPM con el 17% y WOM con un 5.4%.

En cuanto a la minería dominan el mercado actual en la explotación de oro y metales preciosos, la canadiense Colombia Goldfields; la británica Cambridge Mineral Resources; canadiense-tailandesa Tao Minerals; la canadiense Greystar y la Compcort Venture, además de cinco empresas más del medio oriente que han insistido en la explotación de nuestros páramos en distintas partes del país.

¿Y qué ha pasado con las inversiones extranjeras en las vías de tercera y cuarta generación? ¿Se nos olvidó el caso de Odebrecht, simplemente para citar un caso? ¿Y para ello si teníamos amplia calificación?

Desde comienzos de 2019 y finales de 2020, Colombia recibió más de 250 proyectos de inversión extranjera por cifras superiores a los US$10.000 millones de dólares (a precios de hoy unos $37 billones) especialmente en el sector metalmecánico, la industria automotriz, la agroindustria, salud, cosméticos, químicos y muchos otros más.

Y si bien todos estos inversionistas extranjeros que se encuentran aún en Colombia, generan recursos para el país y mano de obra, también es cierto que la mayor parte de sus utilidades salen del país sin problemas de ninguna naturaleza. Y es a ellos a quienes más han beneficiado con los recursos extraordinarios que se han generado para atender a la emergencia económica generada por la pandemia.

¿Y alguno de ellos, estaría dispuesto a sacar sus capitales –hoy muy rentables en Colombia- simplemente porque a alguna de las calificadoras de riesgos internacionales, se les antojó meternos miedo con una baja calificación? Presionan al gobierno para meterlo en sus redes; lo obligan a generar reformas que solo afectan al pueblo y bajo ese régimen del terror garantizan la devolución con altos intereses de sus capitales.

Mientras tanto estos gobernantes sometidos a la férula de esas calificadoras de riesgo, tapan los huecos de la corrupción con más corrupción y luego lo justifican todo con la pandemia que les llegó como caída del cielo.

Y el pueblo es el que paga el costo de tantas malas decisiones.


martes, 11 de mayo de 2021

YA ES HORA DE VOLVER A LA PAZ

Por José Antonio Mantilla

Director Prensa Andina

 

Bogotá D.C., 2021 – 05 - 11

Colombia no aguanta más muertos, heridos, ni violaciones a los Derechos Humanos. No volvamos a la guerra que por más de sesenta años nos ha mantenido como uno de los países más peligrosos y en desigualdad del mundo.

Pese a todas las dificultades, el árbol de la paz sigue creciendo, aunque algunos actores se empecinen en minar sus raíces para atentar contra ella.

Estos momentos de tensión y zozobra son generados por las mismas fuerzas que financiaron y atizaron la violencia en Colombia y el único responsable de la situación actual es el Presidente Iván Duque por la terquedad de su gobierno en formular reformas que en lugar de beneficiar al pueblo, lo restringen, acaba con sus derechos y lo conmina al ostracismo económico y social.

La única salida es dejar su prepotencia y terquedad, enfrentar un diálogo abierto con todas las fuerzas vivas del país, y de común acuerdo, formular políticas claras en los campos económico, laboral –incluidos los pensionados-, educativo, social, ambiental y de protección a los campesinos, indígenas y las negritudes.

Claro que esto no se hace de la noche a la mañana, pero se debe empezar, de la misma manera que se hizo con el proyecto tributario, por retirar la reforma laboral, a la salud y al régimen pensional.

Y luego, con la calma y la tranquilidad de los espíritus, formular los cambios que fortalezcan la paz y generen prosperidad para todos, sin restricción de sus libertades, sin violación a los Derechos Humanos.

Gánese, señor Presidente Duque, un cupo en el sitial de la historia.

¡Todos somos Colombia y entre todos podemos!


miércoles, 5 de mayo de 2021

LA HISTORIA SE REPITE 64 AÑOS DESPUÉS

 


Por José Antonio Mantilla

Director Prensa Andina.

 

Bogotá D.C., 5 de mayo de 2021

 

El 10 de mayo de 1957 vivía en Cali con mis padres y ocho hermanos y estudiaba en el Instituto Nacional de Bachillerato, Era una época de gran convulsión política y social, generada por el régimen de la dictadura del “Teniente General” Gustavo Rojas Pinilla.

Éramos una familia desplazada de Bucaramanga por la violencia política y luego de un año de vivir en Medellín, nos trasladamos a la capital del Valle, en donde mi padre, beligerante político liberal, consiguió algo de estabilidad laboral, ejerciendo el periodismo independiente en periódicos que el mismo fundó y dirigió y alternando como locutor en la Voz de Cali y en RCO, de la misma ciudad.

Tal vez por esa influencia de mi padre, siempre tuve la inclinación hacia el periodismo, la política la economía, y aún siendo muy niño, seguía la actualidad de lo que ocurría en el país a través de periódicos como EL TIEMPO, El Espectador, y algunos medios locales como El Relator y El Gato.

Por esa razón, asimilo la situación actual como una réplica de lo que ocurrió en ese entonces.

Eran épocas de oscurantismo institucional, de crímenes oficiales, asesinatos y desapariciones patrocinadas por agentes oficiales del régimen.

El dictador Gustavo Rojas Pinilla, resolvió después de diez días de manifestaciones a lo largo y ancho del país, y una resistencia civil  en Bogotá y Cali, renunciar a la Presidencia de la República y viajó a España, a buscar el exilio al lado del generalísimo Francisco Franco.

Rojas Pinilla dejó una grabación que fue transmitida por la Radiodifusora Nacional el 10 de mayo de 1957. Dijo entonces: "Para evitar que los soldados de esta Colombia inmortal (...) se hubieran visto obligados a defender el orden y la legalidad haciendo uso de las armas, con inútil derramamiento de sangre (…) he resuelto que las Fuerzas Armadas continúen en el poder con la siguiente Junta Militar..." 

…Y después de muchos años de pasividad y tras una guerra que dejó en evidencia como el capital actúa de la mano de los políticos y se apoderan del país, con la ayuda del narcoparamilitarismo, la juventud vuelve a reaccionar de la mano de los trabajadores, los desposeídos, los agricultores y pequeños empresarios, e intentan recuperar la dignidad nacional perdida.

Vuelve la reacción contra los gobiernos oprobiosos, fascistas, dictatoriales y despóticos, a quienes poco o nada les vale la vida de quienes reclaman justicia social, equidad, derecho al trabajo, a la salud, a una vivienda decente, a los servicios básicos y lo más importante, educación.

Vuelve la resistencia, para reclamar por los Derechos Humanos, por el respeto a la vida, por el Medio Ambiente.

Y vuelve la resistencia para exigir un alto en los impuestos, en un país en donde solo falta que nos cobren por respirar, y el desarrollo de una economía propia, en donde lo nuestro se proteja frente al capital extranjero. Un país en donde no se roben el presupuesto ni se le birle a los adultos mayores su derecho a su pensión.

Y hoy, como ayer, comienza el desabastecimiento en las ciudades, como consecuencia de los paros y la violencia se agudiza por la acción de las fuerzas oficiales que infiltran las marchas y pretenden acallar la protesta social.

Ojalá que 64 años después, el pueblo no olvide la historia, que recuperemos el tiempo perdido, y las lecciones aprendidas nos permitan recuperar a Colombia de las manos de quien gobierna en cuerpo ajeno y cuyos miedos no le permiten acercarse al pueblo, porque puede más en él, la osadía, su egolatría, soberbia, orgullo y egoísmo que el respeto a la ley y la Constitución que juró defender.

 

sábado, 17 de abril de 2021

IMPUESTO A LOS CARROS Y HASTA POR USAR EL SOL

 Obvio es que el mundo gira hacia el uso de medios de transporte de tracción eléctrica, pero en su afán alcabalista, el Gobierno de Iván Duque, pretende justificar un nuevo impuesto a los vehículos de combustibles fósiles, a partir del año entrante, cuando ni siquiera tiene la capacidad el Estado para reemplazar el parque automotor público, con las nuevas tecnologías.

El montaje de una planta de vehículos eléctricos no se hace de la noche a la mañana y menos en un país como Colombia, que no dispone de ciertos materiales como el litio que se requiere para la fabricación de las baterías.

Los programas que realizan algunas ciudades como Bogotá, para sustituir  el parque automotor público, se han hecho muy a la ligera, sin tomar en cuenta un plan para la disposición final de los vehículos que sean desechados ni mucho menos de un programa para reutilizar esa chatarra.

Es cierto que tenemos que seguir buscando alternativas energéticas para reducir el impacto ambiental en el planeta y disminuir las emisiones de CO2, pero esos cambios se tendrán que dar en su momento y con la participación de los Estados como lo establece el Acuerdo de Paris.

No es aplicando más impuestos para ahogar a las familias como se van a generar esos cambios. Un carro eléctrico, como pretende el ministro de marras hoy en el mercado vale más que una casa e impedirles a esas familias la movilidad porque aún usan combustibles fósiles es un crimen.

Seguramente ahora saldrán a decir que para eso están los bancos que usan el dinero del Estado (es decir, el dinero de todos) que reciben del emisor los dineros al 1.5% para financiar sus programas de crédito, y se los trasladan a los colombianos al 26%. Y ahí sí, Duque y Carrasquilla no dicen ni muuuuu.

Ahh, y se me olvidaba que los colombianos,  si pretendemos pasarnos a la utilización de páneles solares para alumbrar nuestras casas, tendremos que pagarle impuestos al gobierno por el solecito que recogemos.

Como vamos, solo falta que Duque y Carrasquilla nos cobren hasta por respirar. ¿Hasta cuando aguantaremos los colombianos tanta improvisación e ignominia?