martes, 16 de diciembre de 2014

REPLANTEAR A ECOPETROL PARA QUE SEA UNA EMPRESA VIABLE

Bogotá D.C.

La crisis que enfrenta Ecopetrol y que se evidenció con la caída en los precios mundiales del crudo, es la consecuencia de la improvisación, inversiones sin planeación adecuada, falsos positivos en la producción y negocios a futuro en donde, por casi dos décadas, no se ha consultado la realidad del mercado internacional.

Esta situación ha colocado a la empresa más importante de los colombianos en una condición de vulnerabilidad jamás imaginada, y a la cual ha contribuido el propio ejecutivo nacional, que ha convertido a Ecopetrol en su caja menor, para respaldar o solucionar los problemas deficitarios nacionales, generados especialmente por las promesas de campaña de los gobernantes de turno.

Lo más grave es que, los controles que antes se ejercían desde el Congreso, desaparecieron con la muerte del senador Hugo Serrano Gómez (30 de junio de 2010) y los actuales congresistas –con muy contadas excepciones- ni saben del negocio ni están interesados en el tema, pues tienen más réditos congraciándose con los funcionarios de turno, haciéndose los de la vista gorda y gestionando cuotas burocráticas que por obvias razones ellos mismos niegan.

Esa es la razón por la cual los debates de control político en la Comisión Quinta de Senado y Cámara, generalmente promovidos por la oposición, pasan sin pena ni gloria y se convierten en el escenario para que los funcionarios de turno se luzcan, amparados por las mayoritarias fuerzas oficialistas.

Al país se le engaña, cuando se le anuncia con bombos y platillos que –por ejemplo, en el mes de noviembre de 2014- la producción de crudo alcanzó la cifra de un millón de barriles. Pero no se le dice a los colombianos que esa mayor extracción corresponde a las reservas actuales de 2.445 millones de barriles, que alcanzarían para 6.6 años.

Claro, en la medida en que saquemos más crudo de las entrañas de la tierra, el gobierno puede aumentar sus arcas y compensar la caída de los precios internacionales, hoy por debajo de los 60 dólares por barril, con un dólar caro por encima de los $2.400. Pero en esa misma medida se disminuirán nuestras reservas, pues Colombia, después de los pozos de Caño Limón, Cuasina y Cupiagua, no ha logrado conseguir un yacimiento que verdaderamente valga la pena.

La crisis aún no ha tocado fondo, pues Arabia Saudita que domina el mercado sigue empecinada en mantener altos índices de producción haciéndole el juego a las dictaduras del oriente medio apoyadas por Estados Unidos e Israel, pasando por encima de la OPEP.

Para nosotros no era desconocido que una vez se regulara la situación en el Oriente Medio, afectada en la última década por guerras y golpes de Estado, los precios que alcanzaron a treparse hasta 140 dólares por barril en 2008, volverían a caer como cayeron entonces, bordeando los 50 dólares por barril.

Malos negocios

Lo que nos falta es visión y conocimiento del mercado, pues en esa época se vendió a futuro el crudo colombiano a 47 dólares barril, cuando Ecopetrol habría podido obtener toda la plata del mundo si no se apresura a feriar nuestros recursos.

Fue precisamente en esa época, bajo la férula del presidente Álvaro Uribe Vélez, cuando se autorizó la venta del 20 % de Ecopetrol, y se realizaron inversiones en exploración en Brasil y Perú y luego en el Golfo de México, que en la práctica ofrecían mayores riesgos que Colombia. Seis años después no hay resultados positivos y, en cambio, se bajó considerablemente la búsqueda de petróleo en nuestro propio territorio.

Más incomprensible que Ecopetrol siga pensando en renegociar los contratos para la explotación de nuestro petróleo como ocurre actualmente con Pacific Rubiales, cuyo campo –el mayor del país- debe revertir a Colombia en el segundo semestre de 2016.

Se repetiría así lo ocurrido en 2003 con el gas de la Guajira, que en momentos en que el campo debía revertir a Colombia, Ecopetrol –por orden del presidente Uribe- decidió ampliarle el contrato a la Chevron hasta el 2020, negocio con el cual la empresa perdió 90 millones de dólares a precios de la época.

La Refinería de Cartagena

En 2007 la petrolera invirtió millonarios recursos en estudios para montar una refinería en Centro América, cuando un año antes, alegando falta de recursos, vendió a la suiza Glencore –que no tenía experiencia en este tipo de negocios- el 51 % de la Refinería de Cartagena. Entonces el 65 % de los ingresos de Ecopetrol, provenían de la refinación. En 2009 Ecopetrol se quedó con la totalidad del paquete accionario, pagando a la Glencore 549 millones de dólares. Se inició un plan de inversiones para la modernización de la refinería calculado en 3.500 millones de dólares y los trabajos estarían listos en 2011. Tres años después la inversión asciende a casi 7 mil millones de dólares y se calcula que los trabajos concluirán en el segundo semestre de 2015. Su capacidad de procesamiento será de 165 mil barriles por día.

Acciones por el piso

El mayor fiasco, en la actual crisis de Ecopetrol, se lo han llevado los colombianos que en 2012 compraron acciones a $3.700 y que hoy se cotizan en bolsa a $1.815, lo cual ha generado pánico especialmente entre los pequeños inversionistas.

El primer grupo de acciones en 2008 se vendieron a $1.400 la unidad, lo cual fue un negocio redondo para los inversionistas, pues la empresa fue subvalorada por lo bajo.

No obstante, como el negocio accionario es de resistencia, estas situaciones son aprovechadas por negociantes de mala fe que incluso pagan las acciones a costos más altos que en la BVC, pues ello les permite legalizar dineros mal habidos.

La situación es tal que hoy no se sabe en manos de quien están la mayoría del 12 por ciento de los títulos vendidos por Ecopetrol en las dos subastas realizadas. Aún falta por sacar a la venta el 8 por ciento restante de la autorización gubernamental, lo cual se paralizó por la caída de los precios, lo que afectó el mercado accionario.

Despidos masivos

Con el ingreso hace ocho años del actual presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, la política laboral de Ecopetrol cambió y se inició el enganche de personal tecnificado extranjero con garantías y prebendas muy por encima del personal colombiano.

Como consecuencia de ello, más de 200 ingenieros colombianos se retiraron de la empresa para buscar mejores horizontes en el extranjero.

Según los informes oficiales, mientras que a un ingeniero extranjero se le garantizaban salarios de mil dólares día, a los profesionales colombianos les pagaban el equivalente a tres mil dólares mensuales.

Hoy la política de austeridad anunciada por el Gobierno Nacional, fue acogida por Ecopetrol, no para reducir los gastos suntuarios, sino para despedir a parte del personal. En las últimas semanas han sido despedidos más de 1.500 trabajadores de los distintos distritos, lo cual equivale al 18 % del personal de planta. Gran parte del personal ha sido vinculado por contratos con empresas de administración de servicios de personal.

Los recortes también afectarán a los 30 mil contratistas de Ecopetrol.

La situación ha repercutido además, en todas las petroleras, algunas de las cuales han reducido sus presupuestos hasta en un 50%. Algunos de los más afectados son los transportadores.

Una empresa inviable

El martes 21 de octubre de este año, en una reunión interna de líderes de Ecopetrol, que se realizó en sus instalaciones se hizo un análisis de los negocios de la petrolera y la marcha de todo el core (la razón de ser de Ecopetrol). Se concluyó que la empresa no es sostenible y los cálculos que se hicieron establecen que para el 2020 no se podría cumplir con la misión de la organización.

Incluso, se llegó a pensar en solicitarle al Gobierno la venta del remanente del 20 % del valor total que desde hace varios años se había convenido, dentro del proceso de privatización de la empresa más productiva del país.

La estrategia de la organización está hoy planteada al 2020 pero la industria de hidrocarburos tiene ciclos de largo plazo por lo cual se inició un proceso de formulación de su nueva estrategia al 2030 con un enfoque basado en la generación de valor y sostenibilidad, que permita su consolidación.

El diseño comprende tres fases, que iniciaron con un diagnóstico, al que le sigue la generación de futuros probables, con los que se analizan diferentes opciones estratégicas, para finalmente hacer la construcción de un plan de negocio viable.

El proceso de formulación de la nueva estrategia, pone de manifiesto debilidades y rezagos que la compañía tiene en algunos frentes, entre los cuales se encuentran: incorporación de reservas por la vía de la exploración y un portafolio de baja prospectividad, incremento sostenido en costos, eficiencia de algunas de sus inversiones, capacidad para gestionar y controlar megaproyectos, productividad laboral y algunas deficiencias en procesos críticos como abastecimiento, HSE, proyectos, tecnología y talento humano.

A este diagnóstico se suma un entorno internacional cada vez más complejo, con fundamentales de la industria con tendencia a la baja y más retadores (precios de crudo con descensos y competencia por inversión con otros países) y situaciones que dificultan la operación y ejecución de los proyectos en algunas zonas del país, así como nuevas realidades tecnológicas y la necesidad de incrementar los índices de competitividad.

El diagnóstico ratifica que Ecopetrol tiene un gran potencial que puede ser desarrollado si se aprovecha esta oportunidad para trazar su nueva estrategia a 2030 y si paralelamente se intensifica la labor de exploración, sísmica y perforación, que hagan posible descubrir nuevos yacimientos productivos, que permita mejorar las reservas.

En la asamblea de marzo, se presentarán algunos planteamientos para reorientar la labor de Ecopetrol y se escogerá un nuevo presidente, para lo cual una transnacional de caza talentos, está asesorando a la junta directiva de la empresa.

Por lo pronto la petrolera estatal anunció algunas medidas de choque para contrarrestar los efectos de la crisis, a partir del próximo año. En total se recortarán gastos e inversiones por $3.565 millones de dólares.


Las inversiones serán en 2015 de 7.860 millones de dólares,  25 % menos que en 2014. De este monto, el 8 % se destinará a los programas de inversión de Ecopetrol en el exterior.

lunes, 18 de agosto de 2014

EL ECOCIDIO SILENCIOSO EN COLOMBIA

Colombia se prepara para suscribir un acuerdo de paz para acabar con una guerra que en sólo 50 años ha dejado más de 300 mil muertos, un millón de víctimas y cinco millones de desplazados; pero los gobiernos han privilegiado la explotación de nuestros recursos naturales, cohonestando con ello otro escenario de violencia que silenciosamente genera más pobreza, destrucción, desolación y pérdida de vidas que el golpeteo de las ametralladoras.

Los daños ambientales y estructurales no cesan mientras no exista una regulación adecuada que garantice la explotación limpia de nuestra riqueza natural.

El Gobierno Nacional tiene fincadas sus esperanzas en la denominada “locomotora minera”, pero al igual que las anteriores administraciones, le interesa más el dinero de las regalías que la preservación del medio. Es así como en los últimos cuatro años se ha multiplicado la exploración de petróleo, carbón y oro e inmensas fuentes de agua han resultado afectadas por la contaminación, con lo cual pueblos enteros se mueren de sed.

El impacto por la contaminación se observa en todas las latitudes del país. No obstante hay departamentos con mayor afectación, por encontrarse en las zonas de exploración y explotación minera, o el paso de los oleoductos.

Un ejemplo de ello lo constituye la delimitación de las zonas de explotación aurífera del Páramo de San Turbán que afecta 43 mil hectáreas de los municipios de California, Vetas, Tona, Charta y Suratá, en Santander. La ministra del Medio Ambiente, Luz Elena Sarmiento, dijo que para enero de este año, estarían listos los límites para evitar que 10 empresas quedaran dentro de la zona de reserva natural del páramo que produce el agua para 23 municipios, algunos de ellos de Norte de Santander. Sin embargo la población sigue esperando el anuncio del gobierno y se teme que por el cambio de titular de la cartera, favorezca ahora a algunas empresas como Eco Oro (antigua Greystar) y Leyhat, que han amenazado con salir del país si no se les brinda las garantías para continuar su labor con la cual han afectado comunidades enteras. La zona, al ser declarada reserva, protegería 26 lagunas y 293 especies de fauna y flora.

No todo lo que brilla es oro

Más grave aún la situación que se presenta en Cajamarca, Tolima, por cuenta de la explotación de La Colosa, La mina de oro a cielo abierto más grande del mundo a cargo de la transnacional surafricana Anglogold Ashanti.

La Minga de Resistencia Social y Comunitaria del Tolima (organización que agrupa varias comunidades indígenas) dice que la explotación de oro contaminaría 161 nacimientos de agua y que el uso del líquido para su producción (nueve millones de metros cúbicos al año), equivale al consumo mínimo de 400 mil personas. Además afecta seriamente una despensa agropecuaria para la región y el país.

Aunque la explotación solo está prevista a partir de 2019, el Gobierno de Juan Manuel Santos aún no se pronuncia en torno a las peticiones de la comunidad, para garantizarles su supervivencia y evitar los daños ecológicos colaterales.

El carbón de La Guajira y Cesar

En estos dos departamentos se encuentran las minas a cielo abierto de El Cerrejón, en Guajira, y La Loma, La Jagua de Ibirico y Becerril, en Cesar, con reservas de carbón de alto poder calorífico, y reducidos costos de explotación y transporte que colocan a Colombia en un sitial privilegiado, si se toma en cuenta que más del 80 por ciento de la energía en el mundo se genera con base en el carbón, el petróleo y el gas.

Pero en contraste con el panorama económico, nos enfrentamos a otro hito de contaminación como consecuencia de las malas prácticas en la extracción del mineral y la desidia de las empresas transnacionales para proteger el entorno.

El panorama es desolador, pues las multinacionales generan con su comportamiento irracional graves problemas de desplazamiento y desalojo de comunidades por la declaratoria de zona de explotación minera; contaminación de fuentes de agua incluidas las corrientes subterráneas; cambio del curso de ríos y quebradas; contaminación del aire y las tierras con polvillo de carbón; deterioro de las vías por el tránsito de más de mil tractocamiones y otra maquinaria pesada; inseguridad total a todo lo largo de la línea férrea que fue cedida en monopolio a Drummond, empresa que tiene trato preferencial en la ubicación del puerto y anuencia del Gobierno Nacional para utilizar la modalidad de embarque más contaminante, como lo señala en un informe Gustavo Triana, del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

La contaminación es tan grave que en el mar Caribe, desde La Guajira hasta Cartagena, se encuentran partículas de carbón. Los accidentes de los transbordadores son frecuentes y el establecimiento de un puerto carbonero en Santa Marta, ha generado inseguridad y deterioro a las playas, lo cual incide directamente en el turismo y en la vida de los raizales.

Petróleo o seguridad ecológica

La explotación de los recursos naturales genera, en mayor o menor grado, un deterioro ambiental y los gobiernos deben tener la capacidad para decidir sus prioridades si no quieren ver afectado el futuro de los colombianos.

Aunque Ecopetrol, la mayor empresa del país, invierte billonarias sumas en la importación de tecnologías para la exploración y explotación de crudo, muchas de ellas se constituyen en un serio peligro para la estabilidad ecológica.

Es el caso de la sísmica, un proceso geofísico de intervención directa sobre la naturaleza, que provoca temblores artificiales de tierra, mediante explosivos que causan ondas. El resultado de estas detonaciones permite reconocer las estructuras de la tierra para saber si hay o no petróleo.

La sísmica es el primer paso en el proceso de la conquista de los hidrocarburos y en muchos casos las explosiones generadas por el material conocido como “sismigel” provocan estragos en diferentes sistemas naturales, de acuerdo con la intensidad de la carga.

Para el caso colombiano, Ecopetrol y el Ministerio de Minas y Energía, minimizan sus efectos, no obstante las denuncias de las comunidades.

En noviembre de 2012, el colectivo para la Protección de la Provincia del Sugamuxi denunció que el Proyecto Exploratorio Muisca Norte 2012 3D, liderado por la multinacional Maurel & Prom B.V. Colombia (M&P), generó un grave deterioro ambiental.

La compañía según el colectivo, tenía a su cargo la exploración sísmica en 25 mil hectáreas, donde se realizaron más de seis mil detonaciones con 2.7 kg de sismigel, las cuales afectaron las viviendas aledañas en Cuitiva, Izá y Firavitoba, Boyacá.

Víctor Alfonso Hernández, Clara Echavarría y Myriam Acosta, coincidieron en una asamblea en Sogamoso, en afirmar que sus viviendas, ubicadas en distintos municipios resultaron agrietadas por las explosiones.

Wilson Sánchez, secretario de Minas y Energía de Boyacá, confirmó los daños y aseguró que muchas de esas edificaciones son patrimonio arquitectónico.

 “No nos oponemos a la explotación petrolera. Entendemos que es parte del desarrollo del país, pero se tiene que hacer con respeto por las comunidades y por el pueblo boyacense”, señaló en su oportunidad.

En otro caso, el proyecto Odisea 3D de sísmica en las zonas de piedemonte de los municipios casanareños de Tauramena, Recetor, Chámeza y Monterrey, enfrentó a los ambientalistas y habitantes con Ecopetrol por considerar que los programas de exploración petrolera son un atentado contra los ríos, caños y nacimientos de agua, que actualmente abundan y alimentan sus sistemas de acueducto.

Katherine Méndez, de la corporación Raíces Verdes, dijo que aunque los estudios que presentan las petroleras señalan que la sísmica no afecta al medio ambiente, campesinos y ambientalistas sí notan los cambios en ríos y cañadas que desaparecen o disminuyen su caudal tras la llegada de las petroleras.

El Concejal de Recetor, Robinson Morales, dijo que 14 Veredas de su municipio rechazan las operaciones de sísmica por considerar que debilita las fuentes de agua. Tenemos que cuidar los ríos Cusiana, Recetoreño y quebradas de nuestro municipio, señaló el dirigente.

El peligro de la práctica del Fracking

Peor que la sísmica, la constituye el fraking (fracturamiento hidráulico), método que desde hace algún tiempo está utilizando Pacífic Rubiales y que consiste en inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y productos químicos hasta reventar las rocas y liberar los hidrocarburos en forma de gas que están en los esquistos que son la parte más profunda del subsuelo.

El sistema fue importado de Europa, no obstante que muchos países lo han desechado por ser altamente contaminante. Estados Unidos, incluso, está sancionando a las empresas que insistan en su práctica.

Según los expertos la utilización del fraking desconfigura las placas teutónicas. Además, se ha denunciado la contaminación de los acuíferos con gas y la corrupción de los ríos subterráneos al liberar el gas contenido entre las rocas.

La sísmica y el fraking han sido altamente cuestionados e incluso expertos de las universidades Nacional y Los Andes, han llegado a relacionarlos con la sequía en regiones como Casanare y la Guajira que recientemente generaron la mortandad sin antecedentes de chigüiros, reses y otros animales en esas regiones.

Según el geólogo de la UN, Julio Fierro, desde 2011 se registra un aumento significativo de sismos en regiones de exploración petrolera en la Orinoquia, actividad que podría afectar los acuíferos profundos.

La voladura de oleoductos

Sin duda alguna uno de los mayores problemas que se han generado en el país tiene que ver con la voladura de oleoductos. Más de 2.000 explosiones han destruido los tubos transportadores, provocando graves conflictos de contaminación en importantes afluentes, destruyendo cultivos y desertizando cientos de miles de hectáreas que antes eran fuentes de alimentos.

La connivencia entre las transnacionales del petróleo y los grupos alzados en armas, los paramilitares y las bacrim, han estimulado esta práctica, pues muchas veces se someten al chantaje y a la extorsión, para que se les permita la realización de sus actividades. De ello tiene conocimiento el Gobierno, el Ejército y la Policía, pero poco o nada hace para impedir que las compañías extranjeras paguen los denominados “peajes” o “impuestos de guerra”.

La red de oleoductos y poliductos se extiende a lo largo de 9.000 kilómetros. El más afectado es el tubo Caño Limón – Coveñas, con 837 kilómetros y que ha sido volado este año en 30 ocasiones.

En todos los departamentos por los que atraviesa el oleoducto hay inmensas manchas negras en las que no se puede cultivar; son áreas en donde la tierra no sirve. Así están, Arauca, Boyacá, Norte de Santander, Magdalena, Bolívar, Cesar y Sucre.

Este año, la región más afectada es el Putumayo, en donde constantemente la guerrilla y los paras interceptan carrotanques que transportan crudo desde Orito y lo vierten sobre ríos, quebradas y la vegetación nativa. También han volado 10 veces el oleoducto Trans Andino, que lleva el crudo hasta Tumaco.


Ojalá en las conversaciones en La Habana, haya acuerdos para que el medio ambiente se convierta en un fundamento para alcanzar la paz, se frene este ecocidio silencioso y se privilegie la vida sobre las divisas que genera la explotación de nuestros recursos naturales.

jueves, 31 de julio de 2014

¿TRÁFICO DE INFLUENCIAS O PRESIÓN POLÍTICA?

A solo unos días de iniciarse el nuevo Congreso, algunos senadores y representantes, en su afán de no quedar por fuera del ponqué burocrático en el repitente mandato de Juan Manuel Santos, comenzaron a exigir asignaciones políticas en el gabinete, prevalidos del eventual apoyo que podrían brindarle al paquete legislativo en que está interesado el Gobierno.

Y la cuestión no tendría nada de particular si por lo menos se hiciera de una manera discreta y sin anteponer amenazas veladas como se desprende de una carta que la bancada conservadora en la Cámara le acaba de enviar a Santos, exigiéndole mantener como cuota a dos de los ministros conservadores entre ellos la titular de Medio Ambiente Luz Helena Sarmiento, amén del ya ratificado ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.

La carta deja al descubierto dos posiciones en el Partido Conservador: la de quienes como Martha Lucía Ramírez, quien luego de una entrevista con Santos ratificó que esa colectividad no está en la oposición y que no interferirá en la conformación del gabinete y, la de quienes como los representantes, exigen retribuciones por el frío apoyo a la reelección.

Los representantes le  notifican al Jefe del Estado que actúan como bancada en respaldo de las políticas de prosperidad y crecimiento económico, creación de empleos, equilibrio fiscal, bienestar social, atención a la primera infancia, vivienda para los más pobres y la superación de la pobreza extrema.

Igualmente –dicen- “apoyamos el proceso de paz con atención especial a las seis millones de víctimas como parte fundamental de la solución del conflicto y a la vez el combate de las fuerzas armadas contra la subversión y la delincuencia organizadas. En resumen compartimos la tercera vía de inspiración  conservadora”.

Y, rematan: “La bancada en pleno le solicita al señor presidente de la República mantener en pleno la representación ministerial que tuvo el partido en los primeros cuatro años de gobierno y en consideración a la necesidad de una política transversal que inspire las actuaciones de la administración pública y el sector privado para enfrentar el cambio climático manifestamos nuestro irrestricto respaldo a la ministra de ambiente luz Elena sarmiento Villamizar por su conocimiento y experiencia en el sector ambiental”.

Firman: Arturo Yepes Alzate, David Barguil, Lina Barrera, Miguel Ángel Barreto, Liliana Benavides, German Blanco, Óscar Fernando Bravo, Orlando Clavijo, Alfredo Ape Cuello Baute, Luis Fernando Urrego, Luis Horacio Gallón, Juan Carlos García, Orlando Aníbal Guerra, José Hernández, Inés Cecilia López, Álvaro López Gil, Ciro Rodríguez, Aída Merlano, Armando Antonio Zabaraín, Telésforo Pedraza, Pedrito Pereira, Juan Carlos Rivera, Humphrey Roa, Mauricio Salazar, Heriberto Sanabria, Jaime Felipe Lozada Polanco y Nicolás Albeiro Echeverry.

Está bien que los partidos políticos aspiren a mantener el poder en los gobiernos que ellos mismos ayudaron a elegir, pero no está bien que de manera descarada y extravagante, algunos congresistas pretendan presionar de manera indebida a los mandatarios para obtener cuotas de poder, que en el caso de los conservadores, han mantenido por 12 años consecutivos.

La actitud del grupo de congresistas bien podría tomarse como un chantaje, la violación al régimen de conflicto de intereses o tráfico de influencias, con lo cual bien podrían perder su investidura, de acuerdo con la normatividad del artículo 183 de la Constitución Nacional.

Anteponer el apoyo a las normas en que está interesado el Gobierno, para obtener beneficios, no está bien visto, por decir lo menos, pues el pueblo los eligió para legislar en su favor  y no para traficar con su voto en las comisiones y en las plenarias de Senado y Cámara.

Claro que ahora tratarán de salirse por la tangente alegando que fueron malinterpretados y muy seguramente, de presentarse alguna demanda ante el Consejo de Estado, ocurrirá lo mismo que con los 12 representantes que cambiaron el sentido de la reforma a la justicia en la Comisión de Conciliación, por lo cual fueron demandados y dos años y medio después exonerados de toda responsabilidad. ¡Qué ironía!


martes, 22 de julio de 2014

OJO CON URIBE EN EL CONGRESO

Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez al Congreso queda en evidencia su propósito de meterle palos a la rueda de la paz e interferir, a como dé lugar, el programa legislativo del Gobierno Nacional con proyectos paralelos que coparán la actividad en comisiones, amén de las citaciones a debates de control político en todas las instancias, incluyendo las plenarias de Senado y Cámara.

No de otra manera se explica la presencia de un expresidente de la República en un Congreso, que él, mientras estuvo en la Casa de Nariño, manejó a su antojo, sometiéndolo a aprobar a pupitrazo limpio leyes y reformas, entre ellas la de su propia reelección, prevalido de las mayorías a su favor, con una maquinaria bien aceitada y repartiendo cargos y notarías, como en el caso de la denominada “Yidispólítica”.

Vislumbro además, en estas primeras sesiones, falta de carácter en algunos congresistas que se sienten disminuidos ante la presencia de Uribe y le hacen venias y reverencias, como si unos y otros no tuvieran la misma condición y como si los Poderes Públicos no estuvieran al mismo nivel constitucional.

Parte de ello, obviamente se le debe a ese síndrome mediático, de colocar a Uribe como la gran estrella, asegurando incluso que “se rebajó a la condición de un congresista”, por ocupar una curul, como si se tratara de un hecho heroico y no de una prolongación en su ambición por recuperar el poder perdido, a lo cual senadores y representantes han hecho oídos sordos.

Falta ver hasta dónde llegará su dominio ahora, y si el aliento con sus áulicos y oblatos de la extrema derecha le darán la fuerza suficiente para sacarle el quite a la Constitución y a la ley –como está acostumbrado-, antes de ser investigados por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía e incluso por la Procuraduría.

La estrategia uribista comenzó a operar con la presentación de un paquete de proyectos para entrabar el plan legislativo y las reformas anunciadas y desmontar, o por lo menos interferir el  gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.

Entre los proyectos uribistas se destaca el que crea un tribunal protémpore para las Fuerzas Militares y la Policía, que se encargaría por los próximos doce años de revisar las condenas de miembros de la fuerza pública por eventuales delitos relacionados con el servicio y cometidos desde el 1º de enero de 1980. Según el proyecto, los miembros de la Fuerza Pública que en la actualidad estén condenados por estos delitos recibirán temporalmente el beneficio de detención domiciliaria mientras se pronuncia este tribunal.

Obvio es que pretenden legislar en causa propia, pues uno de los beneficiados con semejante proyecto, sería el Coronel (R) Alfonso Plazas Vega, preso desde hace varios años por las desapariciones en el Palacio de Justicia en 1985 y cuya esposa, Rubby Thania Vega de Plazas, ocupa una curul en el Senado por el Centro Democrático.

Un segundo proyecto reforma el fuero militar, incluyendo el tema penal, disciplinario y penitenciario, retornando, incluso al juzgamiento por parte de la justicia penal militar de quienes hoy están siendo procesados por los denominados falsos positivos.

Actualmente se tramita en el Congreso un proyecto de ley (210 de 2014 Cámara), que reestructura la justicia penal militar, que fue ya evacuado por el Senado y el cual fue duramente criticado por la organización Human Rights Watch y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El proyecto uribista obligaría a unificar ambas iniciativas, pero obviamente la segunda, le brinda sin tapujos todas las gabelas a militares y policías que llegaren a ser incriminados, lindando con la impunidad, según las primeras observaciones.

En el bloque de proyectos está una reforma integral a la salud que favorece ampliamente a las EPS y obliga al ejecutivo a apresurar el flujo de recursos que afectan la calidad y la oportunidad en la prestación de los servicios. Plantea una exención del impuesto de renta durante 30 años a las instituciones prestadoras del servicio de salud que se constituyan hasta el 31 de Diciembre de 2020; el giro directo a las instituciones prestadoras del servicios de Salud por los servicios prestados a la EPS y habilitar a las universidades para subsidiar convenios con las instituciones Prestadoras de Salud. Uribe fue el ponente de la Ley 100 que hoy ve amenazada y dicen en algunas páginas WEB, que su esposa Lina Moreno, es socia mayoritaria de Saludcoop.

Santos había ratificado el 20 de julio que insistiría en una reforma a la salud complementaria de la ley marco que recientemente avaló la Corte Constitucional y que elevó la salud de los colombianos al rango de derecho fundamental.

Otro proyecto plantea que todo empleador pague a cada uno de sus trabajadores que devenguen hasta cuatro salarios mínimos legales vigentes, una prima equivalente al 10 por ciento del salario mínimo, para la adquisición, financiamiento, mejoramiento o sustitución de su primera vivienda. Según la iniciativa, los aportes de los empleadores tendrán beneficios tributarios deducibles del impuesto de renta y complementarios. ¿Pero hasta donde las intenciones del Centro Democrático no es atravesársele a los programas de vivienda gratis y de arrendamiento con opción de compra del Gobierno?

Otra de las iniciativas se refiere a la compra a pequeños y medianos campesinos del agro, por una sola vez, hasta el 90 por ciento de su cartera actual y se establece una tasa fija del tres por ciento anual para crédito agropecuario.

Sobre este aspecto, el nuevo Congreso debe entrar a legislar, una vez se firme la paz, pues muchos de los puntos ya aprobados en la Habana, favorecen al sector agropecuario.

El último de los proyectos del bloque se refiere a la habilitación de los 47 embalses existentes en Colombia para la industria piscícola y acuífera.

Si bien el Congreso debe discutir este tipo de iniciativas, también lo es que sus miembros, incluidos todos los partidos de la Unidad Nacional, los verdes y quienes integran la oposición de izquierda, deben estar atentos para no llevarse sorpresas de última hora, especialmente en cuanto al proceso de paz de refiere.


¡De eso tan bueno, no dan tanto!

domingo, 8 de junio de 2014

“CALUMNIAD, CALUMNIAD, QUE DE LA CALUMNIA ALGO QUEDA”

Pese a los pronósticos y a las voces de algunos para que la paz no fuera el tema de campaña para la segunda vuelta, Juan Manuel Santos impuso la medida, y su rival, el uribista Óscar Iván Zuluaga, a quien las encuestas ubican en el primer lugar, hace ingentes esfuerzos para desviar la atención de los electores, en una controvertida contienda que se definirá el próximo domingo.

Las fuerzas políticas ya están alinderadas. Los dos candidatos saben ahora con que cuentan, si tienen o no el apoyo de los partidos y su máxima preocupación reside en interesar al segmento de la población abstencionista, que podría en últimas darles la ventaja definitiva.

El innegable avance de los diálogos de paz en La Habana y el anuncio de los negociadores gubernamentales y de las FARC, de reconocer a las víctimas y su responsabilidad en una guerra de más de 50 años, marcaría una nueva ventaja del candidato presidente Santos, sobre Zuluaga, que se empecina en negar que en Colombia hay un conflicto armado.

El condicionamiento de Zuluaga a las FARC para continuar con el proceso de paz y sus anuncios de someterlos por la vía armada, no han caído bien en Colombia ni en el exterior, en donde ven con buenos ojos los esfuerzos realizados por Santos.

El Centro Democrático –partido de Zuluaga- ha continuado con la guerra de mentiras y desinformación impuesta por el senador electo Álvaro Uribe Vélez, que le permitió alcanzar en la primera vuelta el triunfo parcial electoral.

No obstante y pese a las evidencias y pruebas allegadas a los procesos de los hackers presos por espiar las cuentas de los negociadores de La Habana y del Presidente Santos y la vinculación a estos hechos del propio candidato Zuluaga y sus asesores, la Fiscalía no se ha pronunciado al respecto. Tampoco lo ha hecho en el caso de la retractación del propio Uribe sobre el supuesto ingreso de dineros calientes a la primera campaña del mandatario.

Nada se ha indagado por las excesivas sumas invertidas por la campaña del candidato uribista ni mucho menos las vinculaciones con las bacrim del publicista contratado por Zuluaga.

Ahora se comprueba la participación en política de militares y policías en favor de la campaña de Zuluaga y las autoridades –incluyendo al ministro de la Defensa- (como si el Presidente Santos no se diera cuenta de ello) guardan silencio cómplice en estos hechos que bien podrían dar al traste con la campaña electoral, cuando las decisiones de separarlos al cargo por violar la Constitución y la ley, debieran ser fulminantes.

Estos golpes bajos utilizados por la campaña uribista, solo son comparables con los métodos de Göebels bajo el régimen de Hitler, que utilizó la calumnia como táctica de guerra para calar en la sicología del pueblo. “Calumniad, calumniad, que de la calumnia algo queda”, fue el lema utilizado para imponer los criterios de la Alemania Nazi.

Incluso, la frase se le atribuyó en Colombia a Laureano Gómez, (llamado en 1950 el “monstruo”, por la cantidad de crímenes que se le atribuían), cuando acusó falsamente a liberalismo –entonces mayoría en el país- de poseer un millón de cédulas falsas. Laureano Gómez  sabía que eso no era cierto, pero él, admirador de Hitler y aliado de Francisco Franco, logró con una mentira desacreditar a sus adversarios e imponerse como presidente de los colombianos.

Zuluaga y su jefe Álvaro Uribe, saben que aquí, el delito de injuria y calumnia no se toma en serio. Un proceso de injuria y calumnia en Colombia tardaría varios años y eso si la causa no termina en una simple conciliación. Pero el daño está causado y eso no tiene precio ni para el candidato, ni para el Estado y mucho menos para los electores que son quienes en última ven frustradas sus aspiraciones por la desorientación a que son sometidos.

Basta recordar en que quedaron los procesos por las afirmaciones mentirosas y calumniosas de Francisco Santos y José Obdulio Gaviria contra algunos sindicalistas del Valle del Cauca.

Los colombianos somos muy susceptibles al efecto de las encuestas y de la publicidad y un buen segmento cae muy fácilmente en errores cuando la propaganda condiciona al individuo por la reiteración de los mensajes. Lamentablemente la mayoría de los ciudadanos no tiene preparación política adecuada, son facilistas y se impresionan con el primer sonido de la radio, la imagen de televisión, un artículo en la prensa o el mensaje descontextualizado que le llega a su celular.

Y aunque parece que el candidato presidente podría llevar ventaja sobre su adversario, las cosas no son fáciles de interpretar, cuando ni siquiera se sabe en dónde  está la línea que divide lo oficial de la política, con lo cual Santos se muestra retraído por temor a ser acusado de utilizar tácticas non sanctas por el Procurador, convertido en aliado del zuluaguismo y en cómplice de Uribe, para aplicar la expresión del expresidente César Gavíria.

Y para colmo, muchos de los programas que está realizando hoy el Gobierno Santos y que podrían ser extendidos en su nuevo mandato, de serle favorable el veredicto en las urnas, los está plagiando Zuluaga, con una mala copia, en lo que, ojalá, el pueblo caiga en cuenta del engaño. Citemos el caso de los programas de vivienda; de empleo, de salud, de redistribución de la tierra (que toca con el proceso de paz), entre otros.

Esta semana es de reflexión y ojalá los colombianos no nos dejemos meter gato por liebre.


Nos vemos el domingo en las urnas.

lunes, 26 de mayo de 2014

¿SANTOS GANARÁ EN SEGUNDA VUELTA?

El triunfo obtenido por el Uribista Óscar Iván Zuluaga, sobre su adversario el candidato presidente Juan Manuel Santos, permitirá ahora reagrupar las fuerzas para definir si los colombianos prefieren el camino de una paz negociada o la terminación de los diálogos con las FARC y la prolongación de una guerra de más de 50 años.

La campaña que acaba de concluir, no marca un hito definitivo del sentir de los colombianos, pero si permite reorientar su rumbo para que el 15 de junio, en una segunda vuelta se escoja la mejor opción y que el país no pierda su norte.

Esta primera vuelta, dejó numerosas enseñanzas y conclusiones, que muy seguramente pondrán a reflexionar a muchos electores que se abstuvieron de participar el domingo 25 de mayo, porque no se identificaban con ninguna de las opciones, al punto que la abstención alcanzó un 60%, tomando en cuenta que, con el 99.79% de las mesas escrutadas, la votación era de 13.204.700 tarjetones, sobre un censo estimado en 32.975.158 de ciudadanos habilitados.

ANÁLISIS ELECTORAL

Es de destacar la participación de Clara López Obregón, del Polo Democrático, que realizó una campaña limpia, obteniendo 1.956.214 votos (15.23%), levemente por debajo de la candidata conservadora Martha Lucía Ramírez, quien alcanzó  1.995.118 (15.53%) de ls papeletas.

El conservatismo obligó a la totalidad de sus congresistas a votar por Ramírez, y estos obedecieron, al parecer la imposición de sus directivas, ante el temor de ser acusados de doble militancia.

El gran perdedor en la jornada fue Enrique Peñalosa, que no fue capaz de mantener el favoritismo que le brindaban las encuestas y quien no rindió lo suficiente en los dos últimos debates por televisión. Entre su nominación y las elecciones perdió más de un millón de votos. Su votación llegó a 1.064.736 (8.29%).

Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático obtuvo 3.758.312 sufragios, (29,26%) y Juan Manuel Santos de la Unidad Nacional (Partido de la U., Partido Liberal y Cambio Radical), alcanzó 3.295.436 (25,66%), 462.876 menos que su adversario.

LAS FUERZAS PARA LA SEGUNDA VUELTA

En la primera vuelta, Juan Manuel Santos quedó en segundo lugar y es a quien más afectó la elevada abstención, con lo cual ahora tendrá que hacer un gran esfuerzo para interesar al segmento de la población que prefirió no acudir al llamado de la democracia.

Al contrario de Santos, los electores de Óscar Iván Zuluaga, salieron en masa a demostrar su superioridad pero al decir de los analistas se dejó contar, lo cual supone que para 15 de junio Zuluaga no aumentará el número de sus aliados del Centro Democrático. En esta primera vuelta, Zuluaga obtuvo el apoyo también del Partido Opción Ciudadana, antigua Convergencia Ciudadana, que no han logrado sacudirse de la influencia paramilitar.

Para la segunda vuelta, el Partido Conservador, que votó unido el domingo por Martha Lucía Ramírez, se le sumará a Zuluaga, pero como ya no pueden obligarlos a votar por un candidato de partido, buena parte de ellos muy seguramente respaldarán a Santos.

Es decir, los votos de Zuluaga, incluidos los del PIN (3.758.312) más los votos de los conservadores (1.995.118) suman 5.753.430.

Por su parte, Juan Manuel Santos obtuvo de la Unidad Nacional 3.295.436. Para la segunda vuelta se le sumarán los votos de quienes apoyan los diálogos de paz, entre ellos los del Polo Democrático, 1.956.214 y los de la Alianza Verde, 1.064.736, para un total de 6.316.386 votos, con lo cual superaría a su rival uribista por 562.956 votos, sin contar con los provenientes del Partido Conservador ni con quienes en esta ocasión se abstuvieron de concurrir a las urnas.

Pero, el candidato presidente tendrá ahora que reorientar su publicidad, hacerla más penetrante, transmitir las realizaciones de su gobierno y convencer para que crezca su electorado, aprovechando todos los medios a su alcance. Ahora la campaña será entre dos y no entre cinco candidatos.   

De todas maneras, ambos candidatos deberán hacer un gran esfuerzo para demostrar ante el país que merecen los votos de una Colombia ansiosa de alcanzar la paz.


viernes, 23 de mayo de 2014

¿CUÁL DEBATE?

La invitación mediática a los candidatos en televisión, no fue un debate sino una entrevista, en donde los participantes centrales, el Presidente Juan Manuel Santos y el uribista óscar Iván Zuluaga, se robaron el show y se prestó para que en determinado momento se exaltaran los ánimos y se perdiera el respeto que debe primar en un escenario en donde el buen ejemplo debe ser la guía para los colombianos.

Martha Lucía Ramírez, Clara López Obregón y Enrique Peñalosa, fueron opacados por quienes aparecen en los primeros lugares de las encuestas, no por sus propuestas sino porque el país estaba pendiente de conocer más en detalle sobre el escándalo de los hackers que enloda la campaña de Zuluaga y las acusaciones –hasta ahora sin  pruebas- del ingreso de dineros calientes en la elección, hace más de tres años, de Santos.

Santos les llevaba la delantera, pues es el único que como Presidente podía mostrar un programa ejecutado y la prolongación de estos hacia la posibilidad de su reelección, con los diálogos de paz avanzados que hoy marcan el camino de su propuesta. Los demás, en este propósito, van a la zaga.

López, la candidata del Polo fue –haciéndole honor a su nombre-, la más clara al momento de responder a las preguntas de los periodistas y sin mayores esfuerzos al esbozar los propósitos de su programa en caso de ser elegida, sin ataques a sus contrincantes y segura al momento de referirse al proceso de paz, del cual dijo que le agregaría como ingrediente el cese al fuego bilateral.

Martha Lucía se limitó a exponer su trayectoria y coaligarse con Óscar Iván, para presionar al candidato presidente. Pero a la hora de concretar sus programas no explicó la manera como podría llegar a realizarlos. Al final aceptó las realizaciones que en materia de educación ha obtenido el gobierno actual.

Peñalosa desaprovechó la oportunidad de mejorar su posición, pues se tornó repetitivo en la existencia de una guerra sucia entre Santos y Zuluaga, retrotrayendo los mensajes publicitarios de su campaña. No explicó las bases de su programa y hubo momentos en que, incluso, se le olvidaban las ideas.

Al final, quedó en el ambiente la idea de que el “gran debate” fue hecho para que Óscar Iván explicara sus devaneos de “espía criollo”, sacándole el cuerpo a la realidad de los videos, utilizando el tono y el talante de su jefe Álvaro Uribe y que, el candidato presidente Juan Manuel Santos conminara a ambos a presentar unas pruebas de sus acusaciones y convirtiera, más allá de su programa, en prioridad nacional los esfuerzos por la paz.  


Colofón: El candidato presidente Juan Manuel Santos debería asistir a un curso acelerado de locución  y expresión corporal para mejorar su actitud, pero no con la maestra y actriz Lina Luna, esposa del hacker Andrés Sepúlveda, porque de pronto le enseñan, como a Zuluaga, el cinismo y la capacidad de convertir las mentiras repetitivas en verdades.   

lunes, 19 de mayo de 2014

LA TRIPLETA DEL MAL

La campaña del uribista Óscar Iván Zuluaga, nació, creció y sigue marcada por la ilegalidad, las triquiñuelas, y la utilización de procedimientos en donde todo se vale para subir en las encuestas, atravesarse al proceso de paz y ganar las elecciones, pasando por encima de las legítimas aspiraciones del pueblo colombiano.

Lo que está ocurriendo hoy, a sólo unos días de las elecciones, desborda la imaginación de los analistas políticos y cambia el panorama que hasta hace unos días nos mostraban las encuestas ordenadas por la gran prensa, pero pagadas por empresarios privados, propietarios de las casas periodísticas y de las grandes cadenas de radio y televisión en Colombia.

Pero algo alcanzábamos a vislumbrar en el panorama, pues nada bueno podía resultar de una campaña que nació del odio de quien durante ocho largos años gobernó al país no con la cabeza fría de un estadista sino con el hígado caliente de un tirano.

¿Que se podía esperar de Álvaro Uribe Vélez, que armó de entre sus amanuenses la lista para el Congreso, -algunos de ellos vinculados directa o indirectamente al paramilitarismo y a la ilegalidad-; fabricó al candidato presidencial y arrodilló a quien lo acompañó como su vicepresidente?

Uribe Vélez, Zuluaga y “Pacho” Santos, constituyen la “tripleta del mal”. Todos ellos de una u otra forma han estado signados por el paramilitarismo.

Al senador electo, se le ha vinculado con el paramilitarismo, el narcotráfico, las intervenciones ilegales a sus contradictores, políticos, periodistas y magistrados; denuncias de las cuales conocen la Fiscalía, los jueces de la República, la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara y la Corte Penal Internacional. Alrededor de su nombre y sus actividades como alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, director de la Aeronáutica Civil y presidente de Colombia, se han escrito varios libros, que bien pueden constituirse en auto cabeza de proceso. Entre ellos “El señor de las sombras” de  Joseph Contreras y Fernando Garavito; “El clan de los 12 apóstoles” de Olga Behar; “Los jinetes de la cocaína” de Fabio Castillo y el más reciente “Amando a Pablo, odiando a Escobar”, de Virginia Vallejo.

A Zuluaga, el año pasado, la Fiscalía le archivó el expediente en el cual se le vinculaba con las autodefensas del Magdalena medio lo cual para muchos observadores y analistas políticos, se hizo –después de varios años de abierto el expediente-, de manera apresurada, para permitirle llegar “limpio” a la candidatura que asumió a finales del año pasado. Igual procedimiento adoptó la Procuraduría General de la Nación. Ni siquiera se tuvo en cuenta una investigación de la Fundación Arco Iris, que demostraba la expansión del poder electoral de Zuluaga en las zonas de dominio del paramilitarismo.

Respecto de “Pacho” Santos, el país no tiene memoria. Santos, el hoy escudero de Zuluaga, visitó a Salvatore Mancuso, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) autor de masacres, desplazamientos y crímenes, para proponerle la constitución del Bloque Capital de las AUC. La reunión según el propio Mancuso, tuvo lugar a mediados del Gobierno de Samper en una finca ubicada en la vereda El Volador, en el municipio de Tierra Alta, Córdoba.
Mancuso desmovilizado en 2005 y extraditado a Estados Unidos en 2008, aseguró ante la Fiscalía que “Francisco Santos no sólo pareció interesado, sino identificado con nuestras posiciones antisubversivas”, y manifestó su interés por que las autodefensas pudieran replicar ese modelo en Bogotá. Luego hubo un encuentro en Bogotá y Santos escribió una columna denominada “proyecto contrainsurgente” fechada el 27 de abril de 1997, en la cual manifiesta apoyo a la causa paramilitar. Luego, el 27 de junio de 1999 en un artículo titulado “Mesa de cuatro patas”, ratificó su posición con las autodefensas. (Ver columnas en este blog)

Como se puede apreciar, no se le pueden pedir peras al olmo, ni mucho menos pretender que quienes asumen posturas fascistas (para decirlo sin eufemismos), vayan a actuar ceñidos a la ley, pues los tres han sido cómplices de auspiciar el paramilitarismo, las chuzadas, los falsos positivos, los choques eléctricos para someter a los estudiantes y la “Yidispolítica”, que condujo a la reelección y la corrupción rampante.

Esta “trípleta del mal” no podrá ocultar jamás sus verdaderos propósitos, así se escondan tras la sonora sigla del “Centro Democrático”.




  




Columnas de Francisco Santos Calderón publicadas en el diario EL TIEMPO:


Bogotá D.C., 29 de abril de 1997

Proyecto Contrainsurgente


Después de tres intentos en los que la Accu (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) se negó a crear un movimiento único contrainsurgente, finalmente la semana pasada aceptó formar parte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Qué pasó en el entretanto? Qué significado tiene esta unión? Qué retos les plantea al Estado, a las FF.MM., a la guerrilla y a la sociedad? Hasta dónde puede llegar la conformación de un proyecto político de derecha? Cuánta gente les está apostando? La verdad es que esa unión se dio en unas condiciones muy específicas. Y así tenga una organización jerárquica bien estructurada, el mando no me cabe la menor duda queda en manos de las Accu y su jefe máximo, Carlos Castaño. Quien, a decir verdad, es un estratega militar y político que les ha dado a las autodefensas o paramilitarismo, como se las quiera llamar un cariz completamente distinto del que antes tenían esos grupos en el Magdalena Medio o en el Llano.

La verdad, el país hoy se enfrenta a un movimiento político-militar con arraigo en distintas clases sociales incluso en las populares y que surge del vacío que dejó el Estado ante la ineficacia de sus Fuerzas Armadas y los abusos de la guerrilla contra la población civil.

No nos equivoquemos. Aquí hay una nueva organización que si bien tuvo en su momento nexos en muchos casos más de complacencia y de voltear la cara que de ayuda efectiva con las Fuerzas Armadas, la semana pasada declaró su independencia al reivindicar la liberación de un secuestrado y la muerte de siete guerrilleros.

Cambio de táctica que la enfrenta con las Fuerzas Armadas que no quedan muy bien ante este tipo de operaciones, que bien escasas son, por lo menos en lo que al aparato de seguridad del Estado se refiere pero le realza un perfil político que antes no tenía.

Ante la conformación de un ejército contrainsurgente solo se puede esperar una violenta reacción de la guerrilla. Que además de ver cómo pierde territorios tan importantes como Córdoba, Urabá y Cesar, ahora tendrá que enfrentarse, a corto plazo, a una lucha enconada por territorios del corazón del país y los Llanos Orientales.

Claro, esta agudización del conflicto que va a llegar a niveles que jamás hemos visto en nuestro país (incluyo las épocas de los carros bomba del narcotráfico) acabará teniendo como víctimas directas como siempre a los civiles.

Que entre otras cosas son la razón por la cual surgen las autodefensas. Y la razón por la cual se formaron las actuales guerrillas. Irónico, no! Se puede parar ese tren de violencia que se nos avecina? Difícil, pues la dinámica y la lógica que imperan son las contrarias. Ya vimos la reacción de las Farc a lo que sucede en Urabá (el carro bomba de Apartadó). Y la de las Accu, que no se hizo esperar: ejecuciones y desapariciones selectivas en toda la región.

Pero hay una luz que quizás al final logre detener parte de esa barbarie: la humanización del conflicto. Que les interesa a las autodefensas. Y al Eln. Pero no a las Farc, que en un acto máximo de soberbia ni siquiera reconocen que secuestran.

Es más, durante el secuestro de los familiares de sus dirigentes y en el caso de los militares retenidos muestran una actitud de total inobservancia de las más mínimas reglas de humanización de la guerra. Pues mientras las Accu permitían a los familiares comunicación periódica y contacto permanente con la Cruz Roja, hoy las familias de los soldados no saben de la suerte de sus hijos o hermanos.

De ahí que se vaya a extender el conflicto autodefensas-guerrilla a todo el país. Con los ciudadanos como protagonistas, que, además, siempre acaban pagando el pato.

Con dos factores objetivos que lo hacen más grave. Primero, la total inoperancia de un Estado, que ya ni siquiera cree en su capacidad preventiva o represiva un contratista extranjero se va olímpicamente en reconocimiento de esta impotencia. Segundo, el triunfalismo de una guerrilla ciega, que con sus abusos está alineando a un sector crítico de la población civil en su contra y con ello puede estar sembrando la semilla de su destrucción.

Las preguntas obvias son: a qué costo?, hasta cuándo? Todo depende del ciudadano y de su nivel de tolerancia para lo que se nos viene. Allí se centra el desenredo de ese nudo gordiano al cual aprietan por todos los lados.




Bogotá D.C., 27 de junio de 1999

Mesa De Cuatro Patas

Sé de lo que me van a tildar por escribir esta columna: de derechista, paramilitar, violador de derechos humanos, etc. Pero como en nuestro país el susto prevalece y la gente se cuida de no decir las cosas entre otras porque las palabras pueden costarle a uno la vida, muchas de nuestras realidades no se conocen o quedan marginadas en algún panfleto o en un estudio académico.

De ahí que no sea raro que siempre nos sorprendan esos hechos, que son evidentes desde años atrás, pues, en el fondo, este país está totalmente desinformado. Muchas de esas realidades Colombia no las ha visto o no las ha querido ver.

Como la del matrimonio narcotráfico-política, que era evidente desde mediados de los 80 y que solo vino a sorprendernos en el 94, con la elección de Samper. O la de la narcoeconomía, que lleva diez años en ebullición y solo ahora, con este desinfle, nos damos cuenta de la burbuja económica en que vivíamos.

Otra es el fenómeno paramilitar. Del que han advertido desde su orilla ideológica las Farc y el Eln con gran insistencia, pues su accionar ha tenido tremendas repercusiones políticas, militares, sociales y de derechos humanos en nuestro país. De ahí que hayan colocado como tema prioritario la acción del Estado contra estos grupos como precondición de la negociación.

Lo que no entienden los grupos guerrilleros y mucho menos el Estado ni hablar de los gobiernos, que hace rato no entienden nada es que ese fenómeno, que nació de las entrañas de la misma violencia guerrillera, hoy es todo un ejército insertado en el conflicto, al que ni las Fuerzas Armadas ni la guerrilla van a poder derrotar.

Esa es la verdad monda y lironda, nos guste o no. Y las realidades militares con sus consecuencias políticas me darán la razón. Es más, si se analiza el conflicto de manera desprevenida, se encuentran suficientes hechos que demuestran lo dicho.

Hoy, la situación militar de la zona norte del país es distinta de la de hace tres años. Quedan frentes guerrilleros en los Montes de María, en la Sierra y en el Perijá, que bajan y realizan operaciones, pero perdieron el control efectivo de la actividad económica y eso, en el fondo, es perder la zona.

El crecimiento del paramilitarismo que dice tener cinco mil ochocientos hombres es innegable. Y de estar localizado exclusivamente en Córdoba, hoy tiene presencia real en todo el país. Si se le añade a esto su propuesta política, lo que se vislumbra es un movimiento armado que, sin poder llegar a ganar la guerra ninguno de los actores armados lo puede lograr, va a volver la negociación una mesa no de tres, sino de cuatro patas.

La gran pregunta que todos nos hacemos es: cómo se financian? Sin duda, aprendieron rápidamente la lección. Cobran impuestos a los narcotraficantes eso en el sur se le llama gramaje, extorsionan a las empresas que le pagan ese impuesto a la guerrilla y boletean a los hacendados asediados por la subversión, con un diferencia: les cobran una tercera parte y les garantizan que, cuando los saquen de la zona, les dejan de cobrar.

Que esa realidad militar tiene un altísimo costo en vidas humanas y en terribles violaciones de los derechos humanos nadie lo puede negar. Como tampoco el hecho de que hay un componente de negocio detrás de este fenómeno, pues las tierras sin guerrilla por lo menos recuperan su valor.

Pero no olvidemos que la gasolina que alimenta ese fuego son el secuestro y los abusos cometidos por la guerrilla contra la población civil. De allí nacen los Castaño y su base social y económica. Base que ha crecido a la par con los abusos de la guerrilla en el resto del país y la creciente indefensión de la gente por la ineficacia del aparato militar del Estado.

En una encuesta reciente hecha en 16 ciudades de distinto tamaño, a la pregunta de si el Gobierno debería atacar a los paramilitares, el 82 por ciento contestó que no! Si a ese tácito apoyo o, por lo menos, credibilidad militar se le agregan hechos como el de la iglesia de La María o el asesinato de los doce religiosos en el Caquetá, mejor preparémonos para tener paramilitares para rato.


Así no nos guste, esa es la verdad. Y pueden llamarme vocero del paramilitarismo o justificador de las violaciones de derechos humanos, que nada de eso va a cambiar esta evidente realidad.

viernes, 16 de mayo de 2014

DECÁLOGO PARA NO VOTAR POR ÓSCAR IVÁN ZULUAGA

En mi trayectoria periodística que bordea el medio siglo, nunca había asistido a un escenario político en donde la zancadilla, los golpes bajos y la guerra sucia, reemplazaran la concepción ideológica y programática, en una campaña en donde algunos de los candidatos olvidaron las más elementales lecciones de democracia.

Los ánimos se exacerbaron por los ingredientes de las conversaciones de paz en La Habana Cuba que fue incluido como principal elemento en el programa de gobierno de uno de los candidatos; la reelección a la cual aspira el Presidente Juan Manuel Santos; las denuncias del senador electo Álvaro Uribe Vélez sobre supuesto ingreso de dineros calientes a una campaña en 2011 y las chuzadas de un “hacker” que tiene en líos judiciales al grupo de Oscar Iván Zuluaga.

Los tres candidatos restantes –Enrique Peñalosa, Martha Lucía Ramírez y Clara López Obregón- se mantienen expectantes, aguardan pacientes tras del tinglado, a ver cómo le sacan partido a la disputa para subir en las encuestas y quedar con mayor opción de negociación en una eventual segunda vuelta.

Mientras tanto los electores, que por naturaleza son olvidadizos, siguen confundidos, y las encuestas para lo único que han servidos es para destacar los propósitos de quienes las contratan.

No obstante tres de estos candidatos, aunque de distinta manera, tienen en su objetivo el propósito de la paz y dos de ellos insisten en hacerle el juego a la “Seguridad Democrática” de Uribe, que no es otra cosa que proseguir en el conflicto armado en Colombia. Por eso pongo en sus manos estas diez razones para no votar por Oscar Iván Zuluaga.

1.- Es un áulico y cortesano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De ser elegido, quien mandará tras bambalinas sería el propio Uribe, obteniendo de esa manera el tercer mandato que el país le negó hace cuatro años. Un candidato sin carácter no tendrá jamás el talante de estadista que requiere Colombia.

2.- Su discurso refleja la nostalgia de poder de Uribe, el odio visceral del exmandatario por quienes piensan diferente y su inclinación por continuar una guerra fratricida de medio siglo que ha dejado más de 220 mil muertos, más de 30 mil desaparecidos y cerca de cinco millones de desplazados.

3.-   Como ministro de Hacienda en el segundo mandato de Uribe, se inició la venta de Ecopetrol –la empresa más productiva del país- utilizando sus recursos como la caja menor del gobierno; se vendieron las electrificadoras de Santander, Norte de Santander, Tolima, Meta, Boyacá y Cundinamarca; Se vendió a Isagen en tres billones de pesos; se permitió la creación de pirámides con la participación de los hijos del ejecutivo (lo cual generó un escándalo internacional); se enajenó a Telecom; se privilegió la inversión extranjera en detrimento de la industria nacional y se inició la negociación de los TLC con Estados Unidos, Canadá y México. Al finalizar el gobierno en 2010 el déficit  fiscal consolidado era del 3.8% del PIB (24.7 billones de pesos) y el déficit del sector central era de 4.5% del PIB (29.25 billones de pesos). Y ni qué decir de la deuda externa…

De manera improvisada se aprobaron en el CONPES billonarias partidas de vigencias futuras, que no fueron utilizadas para obras prioritarias, dejando por fuera inversiones fundamentales como el dragado del Rio Magdalena y la recuperación de las vías férreas.

4.- El comercio con Venezuela y Ecuador –segundo y tercer socio después de Estados Unidos- se desplomó por razones eminentemente políticas, sin que el país estuviera preparado para abrir nuevos mercados.

5.- Según las estadísticas de organismos internacionales, al finalizar el gobierno de Uribe con su ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, 20 millones de colombianos (45.5% de la población en 2010) vivían bajo la línea de pobreza y 7.2 millones (más del 16%) en condición de indigencia. ¿Qué hicieron entonces el expresidente y su pupilo candidato por mantener el precepto constitucional según el cual se debe dar prioridad a la política social para mejorar la calidad de vida de la población y reducir la pobreza?

6.- Bajo el amparo del gobierno de Uribe y su ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, creció la corrupción y la impunidad. Los mayores escándalos los constituyen Agro Ingreso Seguro, que incluso mantiene aún, ad portas de la cárcel a Andrés Felipe Arias; la denominada “Yidispolítica”, en donde se repartieron toda clase de recursos para premiar a quienes votaron por la reelección de Uribe y por lo cual sólo tres personas –Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus- fueron condenadas y los exministros del Interior Sabas Pretelt y de la Seguridad Social Diego Palacio, han logrado evadir la justicia bajo el amparo de Uribe Vélez; se denunciaron irregulares inversiones archimillonarias en infraestructura que comprometían la administración de Andrés Uriel Gallego, pero el veredicto final se truncó con su muerte.

7.- Zuluaga continuará la política de “seguridad democrática” de Uribe, mediante la cual se institucionalizaron las denominadas “chuzadas” (todo lo cual ha quedado impune); se aumentaron los falsos positivos; se favoreció a los narcoparamilitares, legalizando fortunas ilícitas y vinculándolos a la denominada Ley de Justicia y Paz, con lo cual en este año (con solo ocho años de cárcel) saldrán libres muchos de ellos comprometidos en delitos de lesa humanidad.

8.- Zuluaga continuará la política de seguridad social de su mentor político. Uribe fue coautor de la denominada Ley 100 que le entregó a las EPS los dineros de la salud de los colombianos, convirtiéndonos en clientes y no en pacientes, abriéndole la puerta a la desviación de recursos para fines comerciales.

9.- Zuluaga, continuará la política laboral de Uribe y recortará aún más las posibilidades para que los colombianos puedan acceder a una pensión digna. Su guía espiritual, arrebató a los trabajadores y empleados billones de pesos, al extender la jornada diurna hasta las diez de la noche y reducir el recargo de dominicales y festivos. Además institucionalizó las Cooperativas de Trabajo Asociado, incluso en el sector oficial.

10.- Zuluaga confesó haberse reunido con el “hacker” Andrés Fernando Sepúlveda, que –según las afirmaciones de las autoridades- realizaba interceptaciones ilegales saboteando el proceso de paz junto con algunos funcionarios de su campaña amparados por Uribe Vélez.


Y por la paz me la voy a jugar. Por eso no votaré por Óscar Iván Zuluaga