PARLAMENTO ANDINO: UNA MUERTE ANUNCIADA

Luego de 34 años de funcionamiento como un órgano deliberante representativo de los pueblos de la región, algunos Estados, entre ellos Colombia, decidieron acabar con el Parlamento Andino, por inoperante y porque desde hace una década los mandatarios de los países miembros, resolvieron reorientar sus esfuerzos hacia la apertura de los mercados a través de los sistemas de libre comercio.

La criatura que nació como un esfuerzo comunitario de integración andina para darle vuelo al Acuerdo de Cartagena, tiene sus días contados y muy seguramente desaparecerá en favor de un organismo mayor  en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Del actual Parlamento Andino forman parte Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, este último en calidad de asociado. Sus representantes (cinco por cada Estado) son elegidos por votación popular, aunque Colombia comenzó a hacerlo a partir de la Ley Estatutaria 1157 de 2007.

Lo curioso es que desde su integración en octubre de 1979, muy pocos han sido los logros del organismo supranacional, dado que sus actos no tienen poder vinculante, esto es que no son de obligatorio cumplimiento por parte de los gobiernos.

Lo único que habría por rescatar es la Universidad Andina Simón Bolívar, institución educativa dedicada a la investigación científica y la enseñanza, con sedes en Bolivia, Ecuador y oficinas en Bogotá y Lima; la cédula andina y el reconocimiento para que dentro de la región las tarifas aéreas sean consideradas domésticas.

La desaparición del Parlamento Andino obedece a una estrategia regional. Pero mientras eso ocurre, los Estados deben tramitar las reformas a las leyes respectivas y posteriormente denunciar el tratado internacional en virtud del cual fue creado, lo cual demorará por lo menos dos años más.

En Colombia algunos políticos han puesto el grito en el cielo y pretenden pescar en río revuelto, haciéndole creer a la opinión que el proyecto aprobado por EL Congreso y que pasó a control constitucional es una forma más de intervenir la democracia representativa.

Lo único que pretende la ley, es eliminar la elección directa de los cinco representantes al Parlamento Andino y volver al estado anterior a la Ley 1157 de 2007, para que el mismo Senado de la República –entre sus miembros-, escoja a sus delegados, como lo hace actualmente Chile.

Las dietas de los cinco miembros colombianos del Parlamento Andino, cuestan anualmente al presupuesto nacional $1.500 millones y $3.600 millones las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL). Prestaciones sociales, primas, cesantías y parafiscales valen $2.200 millones. Es decir que el ahorro para el fisco es del orden de los $7.300 millones.

Queda solo un escollo: La Corte Constitucional no podrá evacuar con la prontitud que se requeriría el estudio de la nueva ley, con lo cual, según el Registrador Nacional del Estado Civil, sigue vigente la elección de sus miembros. No obstante los partidos fuertes no incluirán nombres para el Parlamento Andino y solicitaron la votación en blanco del ítem respectivo, pese a las protestas de las colectividades pequeñas que ven en ello una forma de mejorar su posición política y percibir algunos recursos para sus miembros.

Positivo o negativo, no hay marcha atrás en el cierre del Parlamento Andino y la constitución de un nuevo cuerpo legislativo en la Unasur, pero que esta vez, ojalá tenga poderes vinculantes para garantizar la integración de los pueblos suramericanos sin interferencias de los gobernantes de turno.

 

 

 

¿ADIÓS A LOS VIEJOS?

La medida del alcalde Gustavo Petro de presionar a los bogotanos para desincentivar el uso del carro, comenzando por la paralización del parque automotor de más de 15 años de antigüedad, tiene tanto de largo como de ancho.

La idea traída de ciudad de México por el secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, no sería viable en esta capital, en donde no hay vías públicas y las existentes desde hace más de tres décadas, están llenas de huecos ni se dispone de un sistema masivo de transporte urbano adecuado a las necesidades de la población.

La fórmula no es nueva, pues el exalcalde Enrique Peñalosa, decidió frenar el desarrollo vial de Bogotá, porque según él, eso incentivaba el uso del carro particular; acabó con los parqueaderos públicos, las bahías en las zonas comerciales, nos llenó de los famosos bolardos y montó el famoso Trasmilenio, por la Avenida Caracas, en improvisadas losas que aún no hemos terminado de pagar.

Pero según Rodríguez, la eliminación del carro particular, comenzando por los vehículos antiguos, Es una necesidad, como si sus propietarios que se valen de ellos para la movilización de sus familias, no pagaran impuestos, ni anualmente tuvieran que someterlos a la revisión tecnomecánica, para dejarlos –aunque antiguos- en las mismas condiciones de funcionabilidad a sus semejantes nuevos.

Se trata de restringir no solo el vehículo como medio de trasporte sino además de impedir su uso como factor de trabajo. Y los más afectados resultan ser siempre quienes están en el sándwich de la clase media.

Con el anuncio del funcionario de la movilidad los únicos que están de plácemes son los concesionarios y las aseguradoras, que ya están viendo crecer sus utilidades, pues el vehículo viejo ya no les servirá a los ciudadanos para evadir el pico y placa.

Según el Observatorio Ambiental de Bogotá, excluidas las 382.976 motos, que ruedan por nuestras calles, en la capital hay matriculados 1.325.000 vehículos particulares, de los cuales el 58%, es decir 768.500 son anteriores a 1998, pero siguen matriculados y pagan impuestos al 100 por ciento, aunque estén guardados cien días de los 365 del año.

Bogotá recibe este año por sobretasa a la gasolina $332.415 millones y por sobretasa al ACPM $32.334 millones más. Sin embargo, de esta suma que fue concebida para atender a la malla vial de las capitales, el 50% se destina al sistema particular de Transmilenio, y la administración se olvida del arreglo de las calles de la ciudad.

Adicionalmente el Distrito recauda $436.858 millones por el impuesto anual de vehículos automotores; $48.435 millones por semaforización; $114.127 millones por rodamiento y $51.537 millones por derechos de tránsito. Todo lo cual suma un billón, 15.706 millones de pesos, algo más del 7% del presupuesto de ingresos del Distrito Capital.

Según el contralor Diego Ardila, recursos por más de 167.000 millones de pesos que pertenecían a los Fondos de Desarrollo Local (FDL) para arreglo de la malla vial, no se ejecutaron en el 2012 por lo que el estado de las vías continúa deteriorándose.

En el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, que tiene a su cargo el arreglo de las vías principales y arteriales, de 760 mil 787 millones dispuestos para tal fin, la ejecución a 30 de octubre fue de 243 mil millones de pesos; sólo se ejecutó el 32 por ciento.

Pese a todo ello se estigmatiza a los propietarios de vehículos automotores, se les restringe la movilidad creando zonas vedadas para su circulación, se cierran parqueaderos, se peatonalizan vías y se anuncia con bombos y platillos el establecimiento de peajes con el argumento de apropiar recursos para el sostenimiento de los carriles por donde pasa el sistema privado de transporte público.

¿Entonces, a que jugamos señor alcalde?

PERIODISMO E INDEPENDENCIA

Ortega y Gasset (Dirigiéndose al director del diario):

«La prensa no es usted ni soy yo ni las docenas de periodistas madrileños con sus nombres propios e inalienables: es una fuerza histórica elemental y tremenda, sobre la cual tenemos que meditar todos, usted y yo, los periodistas madrileños y los ciudadanos de todas las naciones».

 Sobre este pensamiento quiero hacer algunas reflexiones en torno a lo que es la libertad de prensa y la independencia que deben mantener los medios sin que se pierda la esencia de quienes hemos optado por la misión de informar basándonos en las premisas del respeto a la opinión.

La libertad de prensa se basa en la independencia que tienen los medios, los periodistas y todos los ciudadanos de expresar pensamientos sin someterse a censuras indeseables y de fundar medios masivos como lo señala en su Artículo 20 nuestra Constitución Política. 

Pero, obvio es, que el ejercicio del periodismo implica responsabilidades ante la sociedad y la ley. Los periodistas, los medios y cualquier persona que utilice sistemas de comunicación, deben hacerlo con transparencia, veracidad y conciencia del poder de que disponen, so pena de responder ante las autoridades por el abuso de los mismos.

El mundo moderno ha obligado a la búsqueda de nuevos canales de comunicación, relegando de lejos a la vieja prensa e imponiendo a gran velocidad el internet, llevando, incluso a la radio y a la televisión, el influjo de las redes sociales para no desaparecer del plano en que se han movido en el último siglo.

El avance en la electrónica y la masmedia, impone nuevos criterios de comunicación y la adaptación de sus actores a los requerimientos masivos frente a una población que cada vez más rápidamente, asimila estos portentosos descubrimientos que hicieron que el mundo fuera cada vez más pequeño.

Esa es la razón por la que el periodismo universal está cambiando, de acuerdo con los requerimientos de la sociedad. En muchos países, entre ellos el nuestro, el ejercicio del periodismo no es una profesión y cualquiera con preparación adecuada puede desempeñarse como tal. Las universidades que siguen “fabricando” periodistas no han evolucionado con la velocidad requerida y muchos jóvenes salen a enfrentarse a ciudadanos empíricos que aprovechan los medios a través de blogs, espacios en periódicos y páginas de internet, para difundir sus ideas o las noticias de su comunidad.

Pero los periodistas no deben ser temerosos a perder su labor, pues siempre se requerirá de ellos para investigar las historias, saber escoger los temas, presentarlos oportunamente y someterlos a su propio análisis antes de llevarlos a un  jefe de redacción o a un editor, lo cual no es tarea que se aprenda de la noche a la mañana.

Para conciliar estos intereses han aflorado las páginas de periodismo ciudadano, que se han constituido en los nuevos medios. Y aunque hay miles de ellas en la WEB, pocas saben utilizar la información del ciudadano común y corriente, que bien trabajado podría constituirse en un reportero más de la empresa, al cual sacarle provecho, pues hay que verlo como una fuente directa.

A manera de ejemplo podemos citar lo que ocurre en Siria, en donde existen muy pocos medios, todos controlados por el gobierno y los reporteros extranjeros son escasos. La mayoría de las informaciones salen de los ciudadanos que graban con pequeñas cámaras de video las atrocidades de un país en guerra o toman fotografías y las envían junto con algunos datos a través de teléfonos celulares o clandestinamente por internet para que se difundan a través de los grandes medios del mundo.

Y así como avanza la tecnología, muchos se quedan rezagados en la información, siendo aprovechados por la corrupción y el poder de la economía y la política, que todo lo arrasa a su paso, pero que disponen de los medios a su alcance para sobresalir conquistar pueblos enteros, violándoles su fuero interno, su intimidad y sometiéndolos intelectual y sicológicamente.

La línea editorial y la ética

Por todo lo expuesto anteriormente, es que los periodistas tenemos unas obligaciones con la sociedad que van más allá del simple ejercicio de un oficio y de las consideraciones simplistas de lo que debe hacerse o no hacerse, limitándonos frente a una ética y una moral, urdida por los poderosos para someter a los desvalidos. Para distinguir entre lo bueno y lo malo no hacen falta posgrados ni doctorados; solo tener cinco sentidos.

La objetividad periodística, el equilibrio informativo y la independencia no existen. Cada quien la aplica como le parece y como le conviene. Lo único es que hay que tratar de acercarse lo más posible a ello.

El presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, con ocasión del premio que anualmente entrega esa organización a algunos periodistas, dijo: "Tengo la información suficiente para saber que la independencia es imposible y lo saben todos". Se refería así a que los medios no pueden sustraerse a tomar partido en un tema tan delicado como la emancipación de Cataluña.

Es cierto que la función del periodista es informar a la sociedad sobre asuntos que le sean de interés, circunscrito a la realidad, para lo cual tendrá que verificar datos, investigar, ser honesto y prolífico en la historia que realice. Pero otra cosa son los columnistas o el editorialista del medio, -que casi siempre es el director o alguien muy cercano a él-, quienes pueden, sin temor a hacerlo- comentar, analizar y orientar sobre los hechos que sirven de tema. De eso se trata, el editorialista es el orientador de una opinión. No hay ningún pecado en ello, a no ser que esté inmerso en una incompatibilidad, como hablar de política siendo un político o defender un negocio de una empresa de la cual se es socio o inclinar la balanza hacia un contrato cuando se tienen intereses en él.

Por lo demás, la independencia en la línea editorial no se pierde por el hecho de que en una de las columnas centrales el medio se muestre, en un momento dado, afecto a un personaje o a un criterio político determinado. La independencia se expresa no solo por la posición eventual frente a un hecho, pues el editorialista bien puede criticar luego u oponerse al personaje o al hecho que motivó un determinado escrito si ve que este se aparta de su consideración inicial.

La independencia del medio se refiere no solo a su línea editorial sino a la coparticipación de pensamientos disímiles entre los columnistas. Máxime si entre el grupo de opinión hay quienes escriben con libertad sobre sus propios conceptos económicos, políticos o sociales sin que sean cuestionados por la directivas del medio.

Así como el periódico puede con libertad mostrarse en sus editoriales en contra de un gobierno, bien puede, sin perder su condición de independencia, buscar en un momento dado el apoyo de la comunidad a la cual sirve, para conseguir propósitos que interesan a todos.

El respeto por la opinión comienza por el respeto a sus editorialistas.

Otra cosa es que no se permitiera que quienes integran o integraren el equipo de opinión, o, la misma ciudadanía que acude al medio, no pudieran expresar libremente sus criterios en torno al acontecer diario del país y de la comunidad en general.

Hay que distinguir, sin embargo, entre quienes tienen la facultad de opinar, quienes llevan la línea editorial y los periodistas comunes, estos últimos, quienes deben ceñirse estrictamente a las condiciones establecidas para la información, lo que generalmente está expuesto en el manual de redacción.

En el caso de la información que se genera para un medio de la WEB, la noticia debe ir más adelante de lo que la presentan en la prensa, la radio o la televisión, pues cada historia debe presentarse con un análisis para mayor comprensión del receptor. Ese simple hecho si no sabe manejarse, podría convertir la noticia en un hecho puramente subjetivo.

Especialmente en Colombia, es necesario tomar en cuenta que los grandes medios (prensa, radio, televisión, revistas) pertenecen a conglomerados financieros y a través de la desinformación buscan crear polos de poder político y económico, razones por las cuales el lector indaga por medios alternativos que lo orienten en la toma de sus decisiones.

El nuevo fenómeno

En octubre de 2012, en plena campaña por la presidencia de los Estados Unidos, el diario estadounidense New York Times dio su apoyo a la reelección de Barack Obama en un editorial publicado en el que destacaba los logros como la reforma sanitaria y “el firme compromiso para promover el crecimiento económico”.

El diario neoyorquino aseguró que debido a las políticas económicas, sociales y en asuntos exteriores desarrolladas por el presidente demócrata “apoya de manera entusiasta a Barack Obama para un segundo mandato”, del mismo modo que hizo en 2008.

En su posición fue seguido por otros diarios como el Washington Post, Miami Herald, el Tampa Bay Times, The Angeles Post,  e incluso la influyente revista inglesa The Economist.

De igual manera lo hicieron los diarios Naples Daily News, Orlando Sentinel, South Florida Sun Sentinel y el Tampa Tribune, que apoyaron al candidato republicano Mitt Romney.

No por haber advertido el apoyo a uno u otro candidato, estos influyentes diarios dejaron de ser considerados como independientes ni perdieron su línea editorial.

El periodismo moderno impone otros criterios y especialmente los medios alternativos son los llamados a orientar a la opinión, por encima de la desinformación evidente de los grandes y poderosos medios que manejan las comunicaciones a su antojo.

De la función del periodista se desprende la responsabilidad jurídica, la responsabilidad social y la responsabilidad política, las cuales, a su vez, no pueden separarse de la ética periodística.

REELECCIÓN DE SANTOS ES NECESARIA

El anuncio del Presidente Juan Manuel Santos de aspirar a la reelección, es un hecho cantado, pese a las zancadillas que le han puesto desde algunas orillas de la política, para impedirle llegar por segunda vez al poder, para asegurar y moldear el proceso de paz, que no concluirá con la sola firma de un pacto en La Habana, Cuba.

El hecho es que Santos quien inició el proceso –que ya ha pasado dos duras pruebas-, es el único que le garantiza al país, que la paz será un hecho y la reconciliación vendrá a los colombianos luego de 50 años de una historia que los mayores no quisiéramos que continuaran viviendo nuestros hijos ni mucho menos que se repitiera con nuestros nietos.

En su aspiración lo respaldarán sin ambages todas las fuerzas de la unidad nacional, pues la reelección es una figura que aunque muchos colombianos la detestamos, incluyéndolo a él, está ahí en la Constitución, lo cual es una opción que no puede desaprovecharse.

La reelección fue planteada y aprobada por su antecesor, a quien ahora no le parece buena, después de ocho años de incitar a la guerra y buscar otros cuatro años – lo que afortunadamente no se dio-,  con lo cual el país se habría ido a pique y hoy lo estaríamos lamentando.

Y si por alguna razón en la primera vuelta –lo cual es casi imposible- no se obtienen las mayorías necesarias, los partidos de izquierda como el Polo y ahora la Unión Patriótica (UP), coadyuvarán para que Santos continúe en el poder y se despeje el camino hacia la concordia nacional.

Los acuerdos logrados en la mesa de negociaciones de la Habana entre las FARC y el Gobierno Nacional, permiten vislumbrar cambios fundamentales en la Colombia campesina y la adopción de políticas públicas encaminadas a estructurar una reforma agraria con la participación activa de todos los colombianos.

En el aspecto político, las regiones tendrán una participación directa e incluyente, ampliándose las opciones ciudadanas; garantizando la democratización en el acceso a los medios de comunicación; la estructuración de un estatuto de la oposición y el fortalecimiento de las garantías y la seguridad para que hechos como el exterminio de la Unión Patriótica, jamás vuelvan a ser un referente en nuestro país.

Vendrán ahora otros puntos en torno a los cuales –según las comisiones de diálogo- ya hay avances importantes, como en el relativo a las drogas ilícitas y el narcotráfico, respecto de los cuales el propio Presidente Santos ha planteado la necesidad de una discusión abierta sobre nuevas formas de combatir el flagelo. Seguirá luego lo relativo a la reparación a las víctimas y el abandono de las armas.

Y, los enemigos de la paz, que cada vez están quedando más en evidencia ante el país, insisten en buscarle trabas al proceso en Cuba, descalificando la labor del Presidente Santos, porque se atrevió a asegurar que en Colombia si existía un “conflicto armado” y darle -según el ex presidente Álvaro  Uribe- estatus de beligerancia a las FARC, sin lo cual hoy no estuvieran sentados en la mesa de negociaciones.

Por esa postura del Presidente Santos existe hoy una ley de víctimas y restitución de tierras, se ha desmitificado el concepto según el cual el Estado no puede ser considerado victimario, eludiendo su responsabilidad en el conflicto interno y se ha avanzado para que los actores admitan la verdad, la justicia y la reparación y sin temor se pida el perdón, que constituye el primer paso  a la reconciliación.

Gracias a ello, en los tribunales internacionales se ha logrado avanzar, en casos que, como el del Palacio de Justicia, gobiernos anteriores buscaron la prescripción y su impunidad, razones por las cuales se le tilde hoy a Santos desde las filas uribistas de “traidor”, como si la lealtad implicara ser complaciente con el crimen y la injusticia.

La paz no es una obsesión de  Santos. Es el derecho y la aspiración que tenemos todos los colombianos y por ello,  bien vale la pena su reelección.

 

Nota al margen

En esta carrera por la paz es necesario que algunos funcionarios dejen de ser tan locuaces y asuman su gestión con humildad, para que el Jefe del Estado pueda hacer bien la tarea. Suficiente tiene con la oposición a ultranza de sus detractores para tener que salir a defender a subalternos por sus caprichos mediáticos.

 

LA SALUD SE MUERE Y LA REFORMA NO ARRANCA

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, le pidió al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que explique las medidas de choque, incluidas en el proyecto de ley ordinaria, para contener un colapso en la salud de los colombianos.

La alarma fue activada por el Distrito Capital, en donde es inminente el cierre de los hospitales Simón Bolívar, El Tunal, Santa Clara, La Victoria y Kennedy, todos de tercer nivel de complejidad; lo mismo que los de Engativá, Suba, y Meissen, de segundo Nivel.

Pero la situación de crisis no se vive solo en Bogotá sino que se extiende a todo el país, por la deuda de más de 12 billones de pesos que las Empresas Promotoras de Salud (EPS), tienen con 5.524 hospitales, clínicas y centros de salud públicos y privados.

Como consecuencia de ello, el 36 por ciento de los hospitales públicos de primer, segundo y tercer nivel de complejidad están en este momento en alto riesgo de ser declarados inviables, según el Defensor del Pueblo.

El problema es que el actual sistema permite que las EPS, que son unas intermediarias de salud, remitan a los pacientes a los hospitales y clínicas y solo les pagan –si bien les va y no entran en quiebra como muchas-, a partir del tercer mes y en la mayoría de los casos se demoran más de un año para cancelar las deudas.

Los hospitales y clínicas tienen que asumir de sus propios recursos, no solo la atención de los pacientes sino también los medicamentos y tratamientos, algunos de ellos de gran complejidad.

Para la Defensoría del Pueblo, “esta crisis hizo metástasis y está comprometiendo directamente la prestación del servicio de salud de los colombianos, está costando vidas de compatriotas y afectando de manera directa y grave a la población que está bajo especial protección constitucional”.

Pese a la emergencia en el sistema de salud, el Congreso sigue evadiendo su responsabilidad en el estudio de la reforma, cuyo proyecto se encuentra anclado en la Comisión Séptima de la Cámara.

En las últimas semanas se han gestado movimientos y marchas en todas las ciudades en contra de la iniciativa, porque según algunas organizaciones empeora aún más la práctica médica, fortalece el mercantilismo de la salud a través de las EPS, que sólo cambian de nombre y habilita a hospitales y clínicas para entregar títulos en especializaciones.

Aún, así, el ministro Gaviria –que es un economista de una prestigiosa universidad-, parece pensar más en el fortalecimiento financiero de las EPS particulares que en el mejoramiento de las condiciones y la dignidad de los pacientes.

Desde distintos sectores se ha insistido para que el proyecto sea sometido a una nueva revisión y con la participación de todos, se genere una verdadera reforma, que elimine de una vez, la intermediación existente, se concentre en el Estado el manejo económico del sistema, se impida el retorno a la politización y el clientelismo en la salud y se acabe con el paseo de la muerte.

                                   
No sé, si a propósito o no, este tipo de proyectos siempre coinciden con los procesos electorales, con lo cual los lobistas de la salud permean las conciencias de los congresistas, sobornan a muchos de ellos con la financiación de sus campañas y al final, solo quedan las buenas intenciones y la frustración de los colombianos, como ocurrió en 2004.

 

DESCONOCER LAS REGLAS DE LA DEMOCRACIA ES UNA OPCIÓN

Insólito que quienes tienen la obligación de velar porque se respete el orden jurídico, sean quienes ahora reclaman por cambios institucionales y la aplicación amañada de la Constitución, para ajustarla a sus intereses personales, pasando por encima del Estado de Derecho, en una torcida interpretación de la democracia.

 

Bien vale la pena analizar los últimos acontecimientos en materia política, de los cuales han sido protagonistas el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Procurador Alejandro Ordóñez y el alcalde de Bogotá Gustavo Petro.

 

Uribe Vélez, se rasga las vestiduras y pone a sus áulicos a terciar con todo tipo de argucias politiqueras, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conceptuara que no es posible que en el tarjetón para las elecciones de Congreso y Presidente de 2014, se incluyera su foto y apellido. Dice que se le están violando sus derechos y reclama una igualdad que nadie le está usurpando.

 

Él, quien durante su gobierno no fue propiamente el más respetuoso de la Constitución y la ley, se hace el mártir y el perseguido bajo normas que fueron aprobadas cuando aún fungía como mandatario. Me refiero aquí al Acto Legislativo 01 de 2009, que modificó nuestra Constitución, que ahora pretende desconocer.

 

Es necesario recordarle al señor Uribe que fue él, quien pretendió torcerle el pescuezo a la democracia para optar a un tercer mandato, generando lo que se llamó la “Yidispolítica”, comprando la conciencia de los congresistas; el mismo que a través del DAS, chuzó a periodistas, dirigentes de izquierda y a la Corte Suprema de Justicia, en la más descarada y ordinaria versión de espionaje criollo; y quien ahora, viudo de poder, acusa de traición a Juan Manuel Santos porque está acercándose a la paz y se apartó de los postulados revanchistas para lo cual constituyó su política de seguridad democrática.

Permitirle a Uribe la utilización de su foto y apellido en la tarjeta electoral, equivaldría –contrario a lo que él supone- violar la igualdad de los demás partidos legítimamente constituidos y darle gabelas en detrimento de los demás, retornando al caudillismo, los cacicazgos y el gamonalismo político que se buscó eliminar con la Constitución del 91.

En su afán electorero Uribe es acompañado por el propio Procurador Ordóñez, quien anunció que interpondrá recursos para que se revoque la decisión del CNE, con lo cual no es consecuente con sus funciones, pues como jefe del ministerio público debería dar ejemplo de respeto a las instituciones que él también juró defender, aunque su reelección esté en entredicho en el Consejo de Estado.
 

Tal parece que al Procurador también hay que ajustarle la Constitución a su medida, pues –en su afán mediático-, se viene contra todo lo que no se acomoda a su ideología ultraderechista y su concepción religiosa medieval.

Interviene este funcionario, en todos los aspectos de la vida pública, incluso interfiriendo en temas tan delicados como las conversaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana, o en el manejo de las relaciones internacionales, que son del exclusivo resorte del Presidente de la República.

Por último conviene llamar la atención del país frente a las destempladas salidas del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien enfrenta una investigación de la Procuraduría General de la Nación y la revocatoria de su mandato.

En el primer caso, el propio mandatario distrital, está casi seguro de que el Procurador Ordóñez le destituirá e inhabilitará para ejercer cargos públicos, por el manejo que le dio desde su administración al tema de las basuras.

En cuanto a la revocatoria, Petro acaba de sufrir un doble golpe, al declarar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca “improcedente” una acción de cumplimiento y negarle una acción popular. Con los dos recursos, pretendía el mandatario detener el proceso que se le adelanta en la Registraduría.

 

Frente a estas instancias de destituirlo del cargo, Petro dice que podría suceder algo similar a las polémicas elecciones presidenciales entre Misael Pastrana y Gustavo Rojas Pinilla, que le dio paso a la creación del M-19, grupo guerrillero al cual perteneció. Estas consideraciones han sido interpretadas como una amenaza del burgomaestre.

En los tres casos, los protagonistas, no solo desconocen las instituciones sino que ahora resulta que las reglas del juego con las cuales fueron elegidos, no les brinda las garantías de una verdadera democracia. ¡Qué ironía!

EL FUERO MILITAR: VUELVE Y JUEGA

 

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, radicará ante el Congreso un proyecto de ley ordinaria para crear el Fondo de Defensa, sin tocar la Carta Fundamental,  luego del descalabro sufrido en la Corte Constitucional, al ser declarado inexequible por vicios de trámite el Fuero Penal Militar.

 

Esa iniciativa, cuestionada por las organizaciones de derechos humanos, por los tribunales internacionales de justicia y por la Organización de las Naciones Unidas, además de importantes sectores políticos y sociales del país, pone contra la pared al gobierno en momentos en que atraviesa por una difícil situación generada por las conversaciones de paz en La Habana.

 

El Acto Legislativo 02 de 2012 planteaba que con excepción del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y la desaparición, todas las demás infracciones al derecho humanitario cometidas por militares o policías serían conocidas exclusivamente por la justicia militar. De esa manera los mal llamados “falsos positivos”, las torturas o los hechos de violencia sexual cometidos en operaciones de la Fuerza Pública corresponderían entonces a la justicia militar.

 

Sin embargo la Corte no tocó la esencia misma de la norma y se basó sólo en la parte facilista del problema. Es decir, se pronunció en torno a la cuestión reglamentaria para no entrar en enfrentamientos profundos con el Ejecutivo, que intentará ahora, con la ayuda de los presidentes de Senado y Cámara que se devuelva la iniciativa y se subsane la falla procedimental.

 

Es innegable que la falta de experiencia política del ministro Pinzón, que casó más de una pelea con los congresistas de la oposición en desarrollo de los debates del proyecto, la terquedad del Gobierno por hacerle caso a sus críticos de la extrema derecha y la débil defensa asumida por los representantes y senadores de la unidad nacional, dieron al traste con dos años de trabajo por brindarle seguridad jurídica a las Fuerzas Militares.

 

Como consecuencia de la caída del fuero, los miembros de las fuerzas militares quedaron –al menos por ahora- sometidos al régimen existente en el artículo 221 de la Constitución Nacional.

 

La idea con el nuevo proyecto que tiene mensaje de urgencia del Gobierno, que crea el Fondo de Defensa para los Militares, es que los uniformados puedan defenderse técnica y eficientemente en las investigaciones que les adelanten por actos del servicio.

 

El proyecto de ley, es un recurso de emergencia del Gobierno que le permitiría obtener resultados este mismo año, dependiendo de la celeridad que se le imprima en el Congreso, pues revivir la iniciativa equivaldría a partir de ceros y requeriría de dos vueltas en legislaturas distintas, por lo cual es casi imposible que pueda ser aprobado por Senado y Cámara, en primera vuelta sin  ahogarse, en las sesiones que restan de este año.

 

El fondo solo operaría para aquellos procesados por operaciones militares. Así, no habrá defensa, con cargo al Estado, de los acusados por delitos comunes como narcotráfico, hurtos, abusos sexuales, etc. ¿Cuánto desgaste se habría evitado si se hubiera atendido a la crítica de los expertos nacionales y extranjeros?

 

Vale la pena hacer notar que quienes demandaron por fallas de procedimiento la norma, fueron los representantes Rodrigo Rivera (liberal); Iván Cepeda y Germán Navas Talero (Polo); Ángela Robledo (P. Verde) y la senadora Gloria Inés Ramírez (P. Comunista), que habrían podido advertir a la corporación de la omisión en el reglamento.

 

Ellos –los cinco congresistas-, prefirieron aprovechar la ocasión de tumbar la norma, alegando que la Comisión Primera, cuando aprobó la iniciativa, lo hizo sesionando en simultaneidad con la plenaria de la corporación, lo cual está prohibido. De otra manera, muy seguramente el acto legislativo habría sido acogido sin problemas por la Corte Constitucional.

 

 Queda la experiencia para el ejecutivo y el legislativo, que normas de tanta importancia no pueden aprobarse a la ligera sin antes ser socializadas y menos de manera atropellada, como muy comúnmente suele hacerse en nuestro Congreso Nacional.

 

Pero lo más importante es que el gobierno y sus aliados deben actuar con la razón y no con el deseo y el corazón.

 

 

EL OMNÍMODO PODER DEL PROCURADOR

El fallo de la Corte Constitucional confirmando la decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar por 18 años para ocupar cargos públicos a la dirigente liberal Piedad Córdoba, nos obliga a reflexionar respecto de la función y las facultades de quienes ejercen como jefes de ese organismo de control.

Nunca antes en la historia del país, un Procurador había despertado tantas polémicas como lo ha hecho Alejandro Ordóñez, polarizando al país con sus discutibles fallos, más ajustados a su pensamiento ultra conservador y a su ideología religiosa que a la Constitución y al respeto por los colombianos.

Ni siquiera Mario Aramburu Restrepo (también conservador), quien fue capaz de amonestar al propio Presidente Carlos Lleras Restrepo (liberal), por supuesta intervención en política, o su copartidario y coterráneo Jaime Serrano Rueda, despertaron tanta inquietud en la opinión y, al contrario, pasaron a la historia por su rectitud y el apego a la juridicidad, el respeto a las leyes y a la Constitución. Tampoco necesitaron de la reelección ni de campañas mediáticas para justificar sus actuaciones.

Ordóñez Maldonado, se ha apoltronado en el cargo, gracias al voto de los senadores, buena parte de los cuales hoy están en la mira del Consejo de Estado, por no haberse declarado impedidos para votar en favor de su reelección, no obstante el aparente conflicto de intereses alrededor de la votación del pasado 27 de noviembre.

  

Y aunque el fallo de la Corte no se refiere en nada a las pruebas esgrimidas por el Ministerio Público sino a sus facultades para investigar a la ex senadora, en la opinión quedó flotando la idea de que ahora el Procurador Ordóñez, quedó con poderes omnímodos para descabezar a cuando funcionario le de papaya, aplicándole el numeral 6 del artículo 277 de la C.N. que lo faculta para “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular” e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.

A Córdoba Esneda, le queda esperar la decisión del Consejo de Estado, que por un milagro le redimiría la curul en el Congreso.

El propio ex presidente Ernesto Samper al referirse al fallo de la Corte, no dudó en advertir que éste “avala el derecho del Procurador a revocar mandatos populares de funcionarios elegidos”.

Pero estas facultades son discutibles si se miran desde el ángulo del numeral 2 del Artículo 278 de la misma C.N., que señala que el procurador puede “emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios sometidos a fuero especial”.

Hasta donde llegan esas facultades si como ¿en el caso de la ex senadora Córdoba, tiene un juez natural que es la Corte Suprema de Justicia?

¿Por qué no se aplica aquí la tesis esgrimida por la propia Corte Suprema de Justicia cuando falló una tutela a favor del fiscal Eduardo Montelaegre donde solicitaba que se ampararan sus derechos en el proceso que le adelantaba la contralora Sandra Morelli, pues esta no era competente para investigarlo? ¿Entonces, el fiscal si tiene fuero especial y la senadora no?

Con este argumento, no sería extraño que el día de mañana, el omnipotente procurador Ordóñez, pudiera investigar, destituir e inhabilitar a los magistrados de las altas cortes o cualquier otro aforado, incluyendo al Presidente de la República, porque a alguien se le ocurrió darle una interpretación abierta a las normas constitucionales en las cuales se enmarca el Ministerio Público.

Con estos antecedentes, desde ya podemos advertir la suerte que le espera al Alcalde de Bogotá Gustavo Petro, investigado por el lío de las basuras, por el inquisidor Ordóñez que hoy se cree más papista que el Papa y quien pretende con sus posturas ultraderechistas controlar hasta la mentalidad de los colombianos.

EL "CARTEL" DE URIBE

La lista del Centro Democrático para el Senado de la Republica, parece haber sido pensada más para reivindicar a los amigos y áulicos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, caídos en desgracia frente a la justicia, que para buscar grupos de ciudadanos capaces de defender programas legislativos de beneficio común para el país.

Desde distintos sectores de la opinión política, comenzaron  a formularse críticas por la inclusión de algunos exfuncionarios del gobierno de Uribe, parientes de personas condenadas por la justicia y nombres de personas que aunque cercanas al exmandatario no tienen ni la experiencia ni el bagaje para ganarse el favor del voto de los colombianos.

Lo que comenzó a hacer carrera entre grupos de ciudadanos es que al expresidente Uribe se le fueron las luces en su afán por montar una maquinaria de oposición para impedirle la reelección a Juan Manuel Santos y obstaculizar el camino de la paz.

Si bien hay voces de bienvenida para que Uribe Vélez se la juegue en el tablero del ajedrez político para integrar el nuevo congreso, como las expuestas por el presidente del liberalismo, Simón Gaviria, el exgobernador de Santander Horacio Serpa Uribe, el presidente del conservatismo, Omar Yépez Alzate y muchos otros; también hay quienes consideran improcedente que se les dé oportunidad de llegar a las instituciones de elección popular a personajes de ingrata recordación para el país.

Extraña contradicción para quien dice defender la justicia social y ser el abanderado de la seguridad democrática, que reúna en la misma lista a Ever Bustamante, exguerrillero del extinto M-19, uno de los implicados en la toma del Palacio de Justicia y a Tania Vega de Plazas, esposa del Coronel Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años de prisión por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas en la retoma del mismo Palacio de Justicia.

El expresidente Andrés Pastrana, no dudó en tachar la inclusión de José Obdulio Gaviria en esa lista del Centro Democrático, de quien dijo que era el “consiglieri, primo-hermano y abogado de mi secuestrador, Pablo Escobar Gaviria", quien iba a la cárcel La Catedral “a cobrar dinero”.

También incluye Uribe a Alfredo Ramos Maya, hijo del expresidente del Senado y exgobernador, Luis Alfredo Ramos, detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia por supuesto paramilitarismo.

En el cuadro de aspirantes a la cámara alta, divulgado por el propio Uribe desde Buenos Aires, figuran periodistas y columnistas, como Paloma Valencia, de Blue Radio; Ana Mercedes Gómez, exdirectora de El Colombiano y Alfredo Rangel, quienes siempre han brillado por la defensa a ultranza de su gobierno, enmarcados en el pensamiento de la extrema derecha, pero que no influyen en el panorama político del país.

Otros son, María del Rosario Guerra de la Espriella, exministra de Uribe e hija del polémico gobernador de Sucre, José Guerra Tulena, que intentó darle el negocio del “chance” a Enilce López, alias “La Gata”, a quien se le ha vinculado con el paramilitarismo en la Costa Caribe y presa por acusaciones de asesinato; Zaida Barrera, esposa del rector de la Universidad Sergio Arboleda; Daniel Palacios Martínez, exsenador y exgobernador del Chocó. 

Obvio es que el arrastre electoral dependerá del propio exmandatario que encabeza la lista.

Y ya hay quienes dicen en los corrillos políticos, que el Puro Centro Democrático confeccionó, no la lista al Congreso sino el “cartel” de Uribe.

PRECIOS JUSTOS PARA LOS COMBUSTIBLES

La Corte Constitucional, declaró inexequible una de las fuentes que utiliza el Gobierno para alimentar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), a través del cual justificaba exageradas alzas, apoyado en las fluctuaciones del valor del crudo en el golfo de México.

La decisión del tribunal implica un fuerte golpe al Plan de Desarrollo 2010 – 2014 y le traslada la responsabilidad de fijar los costos para la gasolina y el ACPM al Congreso, en momentos en que se tramita un proyecto de ley para ajustar la fórmula de referencia de precios.

En adelante, cuando el precio internacional sea menor al valor de referencia del Gobierno, la diferencia tendrá que trasladarse, disminuyendo el costo de los combustibles, lo que implicaría que al quedar en firme el fallo, se opere una rebaja automática de casi $1.000 en el galón de la gasolina motor y del ACPM.  

Lo que los políticos del común no pudieron hacer en dos décadas, lo lograron unos jóvenes en solo unos meses, con lo cual se hace justicia en una de las aspiraciones más sentidas y que pesan en el bolsillo de los colombianos.  

Obvio es que el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas puso “el grito en el cielo” e hizo una confesión: “con eso hacemos la política de Familias en Acción y tendremos que dejar de dar el subsidio”, como si la financiación de esos programas dependiera del FEPC. Lo que sabíamos es que los dineros del Fondo se usaban, exclusivamente, para mitigar el impacto de las fluctuaciones externas de los precios de los combustibles en el precio interno.

Claro que el fondo nunca benefició a los consumidores, pues de ser así, hoy no tendríamos que pagar uno de los precios más altos mundo.

Veamos un ejemplo claro: En 2008 el precio del barril de crudo WTI cayó de US$147 (junio) a US$44 (diciembre). La gasolina pasó de $7.200 el galón (junio) a $7.800 (diciembre) y el ACPM de $5.900 por galón (junio) a $6.249 (diciembre). No hubo ninguna disminución en el precio interno de los combustibles.

Hoy los precios de referencia en Bogotá son para la gasolina $8.646,39 el galón y el ACPM a $8.277,71 lo que equivale a precios de hoy a US$4,50 y US$4,31, respectivamente. En Ciudad de México un galón de gasolina súper, cuesta US$3,49; en Washington, Estados Unidos US$3,71 y en Ciudad de Panamá US$3,90.

Sólo en Colombia tenemos una complicada fórmula de estructura de precios de los combustibles, en donde el costo al productor ($4.634,12) es el que más incide, pues nos hacen creer que el petróleo con que cargamos nuestras refinerías es importado del Golfo de México. Siguen en su orden el impuesto global ($989,57) y la sobretasa que se liquida al final ($1.168,12) y diez arandelas más, así:

Ingreso al productor; proporción de ingreso al productor de alcohol carburante; tarifa de marcación; tarifa por transporte (en el caso de la gasolina es del 92%); tarifa de transporte de alcohol carburante (8%); margen del plan de continuidad; margen de distribución mayorista; margen de distribución minorista; pérdida por evaporación y transporte.  

Con este sofisticado y enmarañado planteamiento, los colombianos siguen pagando los platos rotos de las malas políticas de los ministros de turno y del presidente de Ecopetrol, y cada vez entienden menos del porqué, se nos cobran tan caros los combustibles que nosotros mismos extraemos de nuestra madre tierra.

La refinería de Barrancabermeja repotenciada con una inversión superior a los US$3.500 millones y la refinería de Cartagena cuya modernización ya ha costado US$6.000 millones (sin entregar desde hace un año), produce 300 mil barriles diarios de gasolina y ACPM, de los cuales 200 mil barriles se quedan para el consumo nacional y 100 mil van para la exportación. Ello se ha logrado con los impuestos que pagamos todos los colombianos.

El ministro de Hacienda se ofende cuando los colombianos solicitamos que se reduzcan los escandalosos precios de la gasolina y el ACPM y que estos se ajusten a los parámetros reales y no sobre hipotéticas fórmulas con base en los precios internacionales del crudo. Pero se hace el de la “vista gorda” cuando nos imponen tributos disfrazados en el costo de los combustibles, obligándonos a subsidiar la producción de Ecopetrol y a los accionistas e inversionistas de esa empresa, como si no fuera suficiente con las utilidades que les genera el aumento en la producción de crudo (1.030.000 b/d), los precios por encima de los US$100/b y un dólar por encima de los $1.900.

También el resto de los colombianos aspiramos a que nos retribuyan con unos precios justos de los combustibles, con lo cual no nos regalan ni nos subsidian nada, porque también tenemos derecho a los beneficios de la explotación del petróleo.   

¿POR QUÉ TEMER A LA REVALUACIÓN?

Se ha vuelto costumbre en Colombia la intervención de las autoridades monetarias en el mercado de valores y la adquisición de millonarias sumas en dólares, como una forma de contener el proceso de revaluación del peso frente a la divisa norteamericana.

Pero estas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través del Banco de la República, son temporales, no siempre resultan efectivas y terminan afectando las arcas del emisor que sólo el año pasado perdió por este concepto casi un billón de pesos.

Si bien el Gobierno interviene el mercado de valores para satisfacer a los exportadores, no se toman en cuenta otros factores que igualmente son determinantes en el fortalecimiento del peso frente al dólar.

Alegan los exportadores, apoyados por algunos teóricos, que al debilitarse el dólar se disminuyen las utilidades que pueden obtener con sus productos y ello se refleja de manera directa en la disminución de la mano de obra y la economía nacional pierde su ritmo.

Se apela entonces a todo tipo de justificaciones, como la influencia de los TLC, especialmente el suscrito con los Estados Unidos y se reclaman subsidios, protección a la producción nacional, exenciones de impuestos y hasta créditos blandos que en algunos casos terminan en condonaciones o beneficiando a intermediarios, más no así al pequeño productor.

En la revaluación también influye el aumento de las exportaciones, y el ingreso a los mercados extranjeros de nuevos productos, gracias a los TLC; el aumento en las exportaciones de petróleo y su escalada alcista en los mercados mundiales; la promoción de inversiones extranjeras en el país;     el ingreso de remesas; el lavado de activos y el narcotráfico.

La revaluación del peso no siempre es negativa, pues todo se puede compensar con mayor productividad y optimización de la calidad de nuestros productos de exportación; la adquisición de bienes de capital y la ampliación constante de nuevos mercados, aprovechando las ventajas frente a la crisis financiera mundial. La productividad sin especulación determina un mayor dinamismo de nuestra economía.

En cifras de la DIAN, a diciembre de 2012, las exportaciones sumaron 58.000 millones de dólares, 1,8 % más que en el 2011 y las importaciones, aunque crecieron 4,6%, llegaron a 57.220 millones de dólares. Es decir que hay un leve repunte, a nuestro favor, en la balanza cambiaria. Y este año, las cifras seguirán mejorando del lado colombiano.

A esto se suma la previsión del Gobierno, según la cual, este año la inversión extranjera directa estará por encima de los 15.500 millones de dólares.

Los indicadores industriales y comerciales en Colombia son positivos y la economía nacional sigue mejorando, por lo cual, los analistas económicos prevén que, a corto plazo el peso colombiano seguirá revaluándose.

La Junta Directiva del Banco de la República extendió en 2.500 millones de dólares, la compra de divisa estadounidense, con lo cual a septiembre 30 se habrán invertido 5.500 millones de dólares. 700 millones de dólares más que el año pasado, en su afán de contener la revaluación del peso.

En lo que va del 2013 la moneda colombiana ha revertido su presión alcista y a hoy acumula una depreciación de un 8,71%.

No obstante las condiciones de la economía y que el dólar se ha mantenido con leves variaciones por encima de los 1.900 pesos, el ministro de Hacienda insiste en que el Banco de la República continúe el programa de compra de dólares.

Otras voces, como el senador Camilo Sánchez, de la Comisión Tercera, claman porque el país vuelva a la denominada “banda cambiaria”, es decir que se le fije al dólar un precio mínimo y un techo que podría oscilar entre los 1.950 y los 2.050 pesos, lo cual sería un retroceso para la economía nacional, pues se dispararían las tasas de interés y muy seguramente caeríamos en la crisis que tanto nos afectó en la década de los 90.

Nuestra consideración es que no se debe frenar la revaluación del peso y por el contrario deberíamos escuchar la opinión de los expertos y permitir el libre juego de la oferta y la demanda, máxime si el país está en su mejor momento y la industria y el comercio están blindados como dice el Gobierno.

Las importaciones también generan frentes de trabajo y fortalecen la economía, especialmente si lo que traemos del exterior en su gran mayoría son bienes de capital. Luego entonces, ¿Por qué tanto temor con la revaluación del peso?

LA VENTA DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO

En su mayoría, los colombianos no somos afectos a la venta de las empresas del Estado y menos, cuando estas han logrado superar su punto de equilibrio y se encuentran en sus mejores momentos económicos, comerciales y financieros. Pero tampoco somos partidarios de que en lugar de abrir debates democráticos alrededor de su conveniencia o no, se utilicen argucias politiqueras para ganar adeptos en momentos de gran tensión electoral.

Y me refiero concretamente al ex presidente Álvaro Uribe Vélez y su grupo del “Puro Centro Democrático”, que ante el anuncio del Gobierno de vender el 57.66% de la empresa de energía ISAGEN, se rompe las vestiduras, incita al pueblo contra el establecimiento y sugiere que el Presidente Juan Manuel Santos está buscando, a través de ello la financiación para la campaña de su eventual segundo mandato.

Utilizando a sus áulicos Oscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes Trujillo, radicaron una demanda ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, para frenar la negociación anunciada por el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría.

Lo ilógico, es que quien ahora presume de defensor de los intereses nacionales, sea el mismo que en ejercicio de su mandato extendido en la presidencia, vendió en 2007 el 19.22% de las acciones privilegiadas de ISAGEN, abriéndole las puertas a más de 71 mil accionistas privados, convirtiéndola en una entidad de capital mixto.

¿Acaso no fue en el gobierno de Uribe, cuando se enajenaron la mayor parte de las empresas productivas del país para favorecer a grupos privados que coadyuvaron, en una o en otra forma a financiar su segunda presidencia?

Fue Uribe, a través de su ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga (quien hoy funge como precandidato presidencial), quien vendió el 51 por ciento de Telecom a la española Telefónica en 2006, en una operación que costó 371 millones de dólares;  el 50 por ciento de Carbocol al consorcio integrado por Angloamerican, Glencore y Billiton por US$473,7 millones; le entregó Bancafé al Grupo Bolívar y Granahorrar a BBVA, en una operación que representó en 2005 más de 423 millones de dólares.

Y como si fuera poco, ordenó la venta en 2007 del 20% de Ecopetrol. Las primeras acciones salieron a $1.400 pesos y solo seis meses después se duplicó su valor, constituyéndose en el mejor de los negocios hechos por el gobierno para los particulares y muchas de esas inversiones sirvieron para lavar dinero. Hoy, con la acción en la bolsa a $4.320, nadie sabe en manos de quien están la mayoría de esos títulos.  

Fue también Uribe quien vendió en su segundo mandato las electrificadoras de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Meta y Cundinamarca, negocios que para la época representaron más de un billón de pesos. Y todas estas empresas pasaban por su mejor momento.

En marzo de 2007, el senador Hugo Serrano Gómez (ya fallecido), denunció cómo, el gobierno de Uribe, desvirtuó en un decreto reglamentario de la ley de Ecogas, -también vendida por su gobierno-, el espíritu con el cual el Congreso creó el Fondo Especial Cuota de Fomento, destinado a favorecer a las poblaciones apartadas de los grandes centros urbanos.

Según  la denuncia, Uribe en su afán electorero y para beneficiar a sus amigos del sector privado, distorsionó el objeto social de la ley y destinó 60 mil millones de pesos de recursos captados, para favorecer a cinco grandes empresas distribuidoras de gas para llevarle el servicio a poblaciones con clara influencia paramilitar de Córdoba, Bolívar, Cesar y Sucre, dejando por fuera sitios pobres y vulnerables señalados en la norma.

Así, pues, sería ingenuo pensar que el exmandatario se haya constituido de la noche a la mañana en el gran protector del patrimonio nacional  y defensor de los derechos fundamentales y colectivos de los colombianos.

Y claro, ojalá el Presidente Santos recapacite y no caiga en las tentaciones mercantilistas de su antecesor.

A PROPÓSITO DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA

A costa de que los llamados historiadores me lleven al cadalso; que los políticos modernos que se aprovechan de la historia para acomodarla a sus fines se unan para acallar mi voz y algunos funcionarios “más papistas que el papa” reclamen mi excomunión, no puedo abstenerme de escribir sobre lo que deduzco y pienso del grito de independencia (si lo hubo) que con tanto patriotismo recordamos los colombianos el 20 de julio.

No sé, si celebrar o entristecerme, con los sucesos ocurridos en 1810, y que los historiadores (cada cual a su acomodo) han sublimado para hacer aparecer a ciertos criollos burgueses de la época como los padres de la patria moderna, y que aún después de 203 años siguen rotándose el poder en una eterna sucesión de la cual el propio pueblo, consciente o inconscientemente, hace caso omiso.

Pues bien, ese 20 de Julio de 1810, es recordado por la “reyerta” (para aplicar el término de los historiadores) entre el comerciante español José González Llorente y  Pantaleón Santamaría, quien acudió a la tienda ubicada en Calle Real, para solicitar prestado un florero con el cual se decoraría la mesa del Cabildo con ocasión del homenaje que se le haría al comisionado quiteño Antonio de Villavicencio. Se trataba de una encerrona maquinada por los hermanos Francisco y Antonio Morales, para provocar el incidente.

González Llorente, se negó al pedido y Santamaría tomó el florero y lo dejó caer, quebrándose en mil pedazos. Ambos se liaron en la calle con palabras de grueso calibre, lo cual provocó la ira de los vendedores y los compradores santafereños que intentaron linchar al “chapetón”. Morales intercedió a favor del comerciante ibérico.

En la gresca González Llorente recibió varios golpes y naranjazos por parte de los amotinados y tuvo que intervenir el alcalde de Santa Fe José Miguel Pey, quien ordenó llevarlo a la cárcel para evitar que la turba enardecida lo linchara. Nadie más resultó lesionado ni mucho menos muerto. El florero de Llorente, mejor de González Llorente, que reposa en la Casa del Florero, como se le conoce a la casona en donde funcionaba el almacén de marras, es simplemente una réplica. El español salió libre en la noche y un año después regresó a la península junto con su familia, dadas las presiones políticas locales.

El Acta de Independencia

En las horas de la tarde se reunieron medio centenar de destacados señores neogranadinos (léase próceres) bajo la dirección del regidor José Acevedo y Gómez en lo que se denominó la Junta Suprema de Santa Fe, para proclamar el Acta de Independencia.

No obstante esta declaración proclamó la independencia no del Rey de España sino del Gobierno Francés que lo depuso e invitaba al monarca a continuar gobernando estos pueblos una vez fuera restituido al trono.

Era más una actitud arrodillada de quienes se proclamaban como las cabezas visibles de la época, “tacando a dos bandas”, ante el temor de perder sus bienes en caso de que fracasara la “revolución criolla” y el Rey Fernando VII, volviera al trono.

El acta de independencia es medrosa y refleja la actitud pusilánime, temerosa y asustadiza de los señoritos de la época. Sin embargo, ningún historiador se ha atrevido a hacer un análisis objetivo de la realidad de la época.

Dice en su aparte central el  Acta del Cabildo Extraordinario de Santa Fe 20 de julio de 1810:

…”y tanto éste como la Constitución de Gobierno deberán formarse sobre las bases de libertad e independencia respectiva de ellas, ligadas únicamente por un sistema federativo, cuya representación deberá residir en esta capital, para que vele por la seguridad de la Nueva Granada, que protesta no abdicar los derechos imprescindibles de la soberanía del pueblo a otra persona que a la de su augusto y desgraciado Monarca don Fernando VII, siempre que venga a reinar entre nosotros, quedando por ahora sujeto este nuevo Gobierno a la Superior Junta de Regencia, ínterin exista en la Península, y sobre la Constitución que le dé el pueblo, y en los términos dichos, y después de haberle exhortado el señor Regidor su Diputado a que guardase la inviolabilidad de las personas de los europeos en el momento de esta fatal crisis, porque de la recíproca unión de los americanos y los europeos debe resultar la felicidad pública, protestando que el nuevo Gobierno castigará a los delincuentes conforme a las leyes, concluyó recomendando muy particularmente al pueblo la persona del Excelentísimo Señor Antonio Amar; respondió el pueblo con las señales de la mayor complacencia, aprobando cuanto expuso su diputado…

La junta recomendaba al  virrey Amar y Borbón para seguir gobernando. Ante su rechazo, asumió José Miguel Pey, a quien los historiadores reconocen como el primer presidente de Colombia.

Acta de Independencia de Cundinamarca

Más directa, sin tapujos y absoluta fue la proclamación de independencia de Cundinamarca, cuya acta se firmó el 16 de julio de 1813.

…"de hoy en adelante, Cundinamarca es un estado libre e independiente, que queda separado para siempre de la Corona y Gobierno de España y de toda otra autoridad que no emane inmediatamente del pueblo o de sus representantes..."

El propio Antonio Nariño quien fungía entonces como gobernador, ratificó la constitución al disponer la destrucción física, simbólica y legal de las insignias españolas y su sustitución por las de la República de Cundinamarca.

Sin embargo, tanto la de Cundinamarca como la neogranadina, son declaraciones sometidas al régimen de la iglesia católica que para la época ejercía pleno poder y soberanía en los territorios sometidos al yugo español.

Independencia de los EE.UU.

Más auténtica y clara fue la declaración de independencia de los Estados Unidos (4 de julio de 1776), quizás la primera manifestación de emancipación en los territorios americanos, en donde se recogen los principios de libertad e igualdad.

Dice el acta leída en Filadelfia:

…”por tanto, nosotros, los Representantes de los Estados Unidos, reunidos en Congreso General, apelando al Juez supremo del Universo, por la rectitud de nuestras intenciones, y en el nombre y con la autoridad del pueblo de estas colonias, publicamos y declaramos lo presente: que estas colonias son, y por derecho deben ser, estados libres e independientes; que están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona británica: que toda conexión política entre ellas y el estado de la Gran Bretaña, es y debe ser totalmente disuelta, y que como estados libres e independientes, tienen pleno poder para hacer la guerra, concluir la paz, contraer alianzas, establecer comercio y hacer todos los otros actos que los estados independientes pueden por derecho efectuar. Así que, para sostener esta declaración con una firme confianza en la protección divina, nosotros empeñamos mutuamente nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor…”

Claro que hoy hay más libertad gracias al influjo y desarrollo del mundo moderno y el avance de las comunicaciones, pero la economía impone los criterios políticos y sociales y por ende marca su desarrollo.

Tal vez los americanos nos liberamos del yugo de los imperios medievales, pero seguimos sometidos al régimen que nos imponen los señoritos de prosapia y los sabios que manipulan el oro y el poder de las armas.

¿REFORMA A LA SALUD?

Como siempre, a última hora y sin una suficiente ilustración el Congreso aprobó la ley estatutaria a la salud, más por congraciarse con el Gobierno, que por cumplirle a los electores en la transformación de un sistema, que solo ha enriquecido a las EPS, a costa, muchas veces, de la vida de los colombianos.

 Aunque el proyecto fue radicado a comienzos del año, el debate conjunto en las comisiones primeras solo duró dos días; 8 horas para la aprobación en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes y cinco más, para la conciliación. Claro que será la Corte, la que tendrá que decir si se atropelló el reglamento interno del Congreso; si hubo fallas en la conciliación y si las modificaciones denunciadas por algunos partidos como el Polo, el Mira y los Verdes, son válidas, antes de decidir sobre la constitucionalidad de la norma. 

 Pero al margen de estas consideraciones jurídicas, lo que el común de la gente se pregunta es, si en efecto, las cosas van a cambiar y si algún día podrán realmente ser atendidos con la celeridad que su salud demanda, sin inhumanas colas; y si se acabarán, o cuando menos, se reducirán los “paseos de la muerte”, que sólo en el primer semestre, han dejado más de 300 víctimas en todo el país y ninguna investigación efectiva.

 La ley precisa que la salud es un derecho fundamental y que el Estado será responsable de proteger ese precepto; de formular y adoptar políticas, con mecanismo que eviten su violación, y de hacer seguimiento y evaluación a las condiciones de salud de los colombianos.

La Corte bien puede demorarse varios meses antes de decidir sobre su constitucionalidad; pero la ley estatutaria en sí no surte mayores efectos sin su par, la ley ordinaria, a la cual le falta todo el trámite en la Cámara de Representantes y que sólo es posible estudiarla a partir del 20 de julio.

 Recordemos cómo la primera reforma a la salud del actual gobierno, radicada en octubre de 2010, comenzó a aplicarse sólo en enero de este año con la unificación -por orden de la Corte-, de los regímenes subsidiado y contributivo. Y la actualización del POS (que se pretende ahora eliminar), solo concluirá en febrero de 2015.

 Así, la nueva ley marco, que trae como novedades, sanciones penales para quienes obstruyan la atención de pacientes en urgencias; la eliminación del POS y la reducción en el precio de los medicamentos, podrá tardarse, antes de ser aplicada – si la Corte lo permite- un año más y la ley ordinaria, si pasa en la Cámara, hasta dos años.

En estas circunstancias, las EPS, podrán seguir engañando al país en su gestión de intermediarios financieros desviando los dineros de la salud, antes de ser sometidas a un nuevo régimen.

Pero los colombianos seguiremos pagando los aportes del 12.5% mensual en salud,  los copagos y las cuotas moderadoras; sometidos a la asignación de citas de medicina general con demoras hasta de dos meses; tres y cuatro meses para especialistas; los tratamientos con acetaminofén (porque según los galenos ninguna droga efectiva está incluida en el POS) y se toman el tiempo que quieran para atendernos por urgencia, siempre y cuando no caigamos víctimas de los paseos de la muerte.

 Y… se me olvidaba, que los gobernadores y alcaldes, los mismos que politizaron la salud y quebraron a los hospitales, volverán a tener su manejo y administración y la designación de sus directores y gerentes.